María Francisca Mayorga recuerda que fue a sus nueve años cuando empezó a sentirse atrapada en un cuerpo con el cual no se identificaba y tampoco se sentía cómoda.

Para entonces era un niño delgado, que en la escuela tenía clara preferencia por lo femenino, por jugar, hablar y estar con las niñas de su clase, según cuenta. También aprovechaba cuando su madre no estaba en casa para vestirse como ella.

Ella es una de las 450 personas que han logrado el cambio de nombre según género autopercibido, de acuerdo con informes del Registro Civil, adscrito al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Tal posibilidad surgió con la orden emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que obligó a garantizar todos los derechos a la población sexualmente diversa, emitida en enero de 2018.

“De la mano con el reconocimiento de las personas a tener una identidad que se ajuste al género que percibe y producto de la opinión consultiva, el Tribunal Supremo de Elecciones aporta una opción positiva y posibilita que estas personas tengan un nombre de acuerdo a su género autopercibido”, afirmó el director mayor del TSE, Luis Guillermo Chinchilla.

María Francisca nació en un cuerpo de hombre y con un nombre masculino pero, realmente, siempre se sintió mujer, al menos desde sus nueve años, como lo recuerda.

A su familia le costó asimilarlo. Su padre, quien no estuvo presente en el hogar, había advertido a su mamá que no aceptaría un hijo homosexual. Era una persona algo violenta, según dice, y aquello la marcó para aceptar aún más su condición.

El amor de su madre fue mucho más comprensivo y, poco a poco, ha ido digiriendo los cambios en su hija.

Su verdadera identidad estuvo detrás de un cuerpo de hombre hasta sus 48 años, cuando se sometió a un tratamiento hormonal para asemejarse más al de una mujer.

Para entonces, María Francisca Mayorga realizaba trámites en bancos e instituciones vestida de mujer, pero su cédula de identidad decía otra cosa. Era un problema para ella; en especial por los prejuicios de los que era víctima.

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Empezó a perder sus ingresos económicos como diseñadora gráfica cuando sus clientes la veían vestida de mujer, distinta a aquel hombre con quien solían reunirse. También dejó de asistir a grupos religiosos, porque, según dice, era juzgada y rechazada.

Cambio de nombre

En ese momento, en su cédula de identidad aparecía su nombre de nacimiento, uno masculino.

Empero, en mayo de 2018 y en acatamiento de la opinión consultiva emitida por la Corte, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) permitió a los costarricenses que así lo quisieran, cambiar su nombre en la cédula de identidad, según su género autopercibido.

A partir de entonces, los nuevos documentos tampoco indican el género de la persona.

Ese derecho le permitió a María Francisca tener un nombre acorde a su nuevo género. Un cambio pequeño en un documento, pero que le permitió vivir más tranquila.

"Dos meses después de que el Tribunal permitió hacer el cambio, fui y lo cambié, porque no quería llevar algo que no me identifica para nada”, dijo Mayorga.

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Las personas sexualmente diversas pueden hacer el cambio de su nombre, según su género autopercibido, presentándose a alguna de las sedes administrativas del TSE, en un proceso corto y sencillo. El principal requisito es firmar un consentimiento y aportar su nuevo alias.

“Mi nuevo nombre me hace sentir más segura, porque el nombre que elegí es el correcto y me identifica como mujer", afirmó Mayorga.

Sin embargo, todavía hay personas que no reconocen su nueva identidad, a pesar de que el Estado permitió cambiarla.

“La parte bonita es que te llaman por el nombre que elegiste, eso es bueno porque se identifican con mi felicidad y ese aspecto de convivir con lo que realmente soy; la parte fea es que hay otros que se ciñen en decir el nombre con el que me conocieron”, dijo María Francisca.

La opinión consultiva también ordenó al país regular el matrimonio entre personas del mismo sexo, medida que fue ratificada por la Sala Constitucional.

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Ese tribunal, sin embargo, dejó la creación de normativa en manos de la Asamblea Legislativa por un plazo de 18 meses, los cuales se cumplirán en mayo próximo. De no crearse regulación, ese vínculo quedará permitido de manera automática.