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El Concejo Municipal de San José acordó iniciar un procedimiento administrativo contra la regidora y presidenta de ese órgano, Mariana Zúñiga Pérez, por engavetar durante 14 meses un informe de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) que pedía investigar al alcalde de este ayuntamiento, Diego Miranda Méndez.
La pesquisa contra Zúñiga —que podría deparar en una sanción disciplinaria— empezará a pesar de que ella alegó que todo se trató de un “error material”, pues la notificación se le “traspapeló” y nunca hubo un intento de ocultamiento.
Fue la Auditoría Interna del ayuntamiento la que solicitó la apertura de la investigación, la cual dio inicio con la conformación de un órgano director que se encargará de instruir el caso, recopilar prueba y emitir una recomendación final, en aras de confirmar o descartar si hubo una irregularidad.
El documento que Zúñiga no mostró al Concejo durante 14 meses es una recomendación de la Procuraduría de la Ética, para que se iniciara un procedimiento disciplinario contra el alcalde Miranda.
La PEP cuestionó a Miranda por supuestamente utilizar recursos municipales para su defensa personal y así se lo hizo saber al concejo desde el 12 de diciembre del 2024. Sin embargo, ese órgano colegiado conoció el documento hasta febrero de este 2026, durante la sesión extraordinaria N.° 46.
La situación salió a la luz luego de que nueve regidores consultaran directamente a la PEP sobre el estado del expediente.
En la sesión del 9 de febrero, el regidor Álvaro Salas Carvajal, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), cuestionó el retraso y afirmó que la tardanza afectó el ejercicio oportuno del control político.
En su descargo, Zúñiga negó enfáticamente cualquier intención de retener la información.
“Lamentablemente, por un error material se me traspapeló”, manifestó ese día ante el concejo.
Explicó, además, que el documento llegó por correo electrónico en medio de un alto volumen de comunicaciones y que el mensaje permaneció sin abrir hasta que se realizó una búsqueda interna.
Recalcó que ella acudió personalmente a la Procuraduría para aclarar la situación y sostuvo que, según le informaron, los hechos no han prescrito.
“Por dicha no había ningún inconveniente”, afirmó, al señalar que aún es posible tramitar el procedimiento administrativo recomendado por la PEP.
La Nación envió consultas a Zúñiga para profundizar en las razones por las cuales dicho oficio permaneció sin conocerse durante 14 meses, pero no respondió a las consultas enviadas a través de la oficina de prensa de la municipalidad, desde el 3 de marzo anterior. Al cierre de esta edición, tampoco había atendido las llamadas hechas a su celular ni los mensajes enviados por WhatsApp.
Procedimiento administrativo
A Diego Miranda, la Procuraduría le reprochó que haber otorgado un poder especial administrativo a dos funcionarios de su confianza en el municipio, un día antes de que ellos participaran en una audiencia virtual ante la propia PEP para asesorar al jerarca en un asunto personal y no institucional.
Ese acto, de acuerdo con el abogado del Estado, constituyó un aparente uso indebido de estos dos funcionarios.
Esos hechos actualmente son investigados a lo interno del ayuntamiento capitalino, para lo cual desde el pasado 11 de febrero se abrió un procedimiento administrativo disciplinario y se conformó un órgano director que deberá recabar la información y emitir una recomendación al concejo.
La PEP también denunció ese actuar de Miranda ante el Ministerio Público, pero este no acogió esa tesis y solicitó el sobreseimiento definitivo, gestión que se definirá en una audiencia el próximo 18 de mayo.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción llegó a esa conclusión tras determinar que esos hechos no constituyeron una conducta delictiva.
Esto ocurrió el pasado 15 de octubre, cuando el Ministerio Público remitió el expediente (N.° 24-000462-1218-PE) al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, para que analice la petición y decida si se acoge o no.
