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Desde este lunes usuarios de bicimotos, expresaron preocupación y dudas por la supuesta intensificación de los operativos dirigidos a ese tipo de vehículos, incluso reportaron decomisos en sectores del área metropolitana.
Sin embargo, la Policía de Tránsito aclaró que no se trata de nuevos operativos, sino de la aplicación de normas que están vigentes desde hace años en la Ley de Tránsito. La semana pasada, la institución recordó esas disposiciones mediante una circular dirigida a los oficiales de todo el país.
“No se han programado operativos, sencillamente dentro de la operatividad normal y lo que se hizo con el oficio que se sacó fue hacer un recordatorio de lo que dice la normativa que está vigente”, explicó el jefe de operaciones del Tránsito, Felipe Venegas.
Según el oficial, las sanciones a usuarios de estos vehículos no son nuevas. No obstante, admitió que hasta ahora la aplicación de la norma había sido menos estricta para permitir que los conductores se ajustaran a los requisitos legales.
Venegas explicó que el oficio enviado a los oficiales de tránsito de todo Costa Rica buscaba recordar qué es lo que está normado en la Ley de Tránsito, respecto a las bicimotos y motocicletas.
“No estamos haciendo operativos, pero si dentro de las acciones normales se logra detectar alguna situación de esas, pues se va a aplicar lo que dice la norma”, insistió.
Muchos de los conductores alegan tener dudas sobre los procesos para inscribir las bicimotos en el Registro Nacional o incluso denuncian dificultades para cumplir con la revisión técnica. Además, también persiste confusión sobre el procedimiento que deben seguir en caso de que se les decomise este vehículo cuando no se cuenta con una placa o título de propiedad.
El Registro Nacional aclaró meses atrás que las bicimotos deben estar inscritas y tener placa con código BM. Ese es el paso inicial para ponerse al día con el resto de obligaciones.
¿Qué requisitos deben cumplir según la ley?
La Ley de Tránsito establece que cualquier vehículo de dos ruedas, aunque cuente con pedales, pero que disponga de un motor superior a los 50 cc o con potencia de más de 5kW en caso de que sea eléctrico, es considerado una motocicleta y, por lo tanto, debe cumplir con los requisitos que establece la norma para estos vehículos.
Eso significa que debe estar inscrita en el Registro Nacional, tener revisión técnica, derecho de circulación y su conductor debe contar con licencia.
Las multas aplicables van desde los ¢60.000 por circular sin revisión técnica o marchamo, hasta los ¢122.000 para quienes circulen sin licencia de conducir o sin casco, además en casos donde no se cumpla con requisitos de circulación, con vehículos no inscritos o sin placas, se puede decomisar la moto o bajar las placas.
Solo se consideran como bicimotos, los que tengan una cilindrada menor a 50 cc. y son accionados con tracción humana. Las bicicletas alteradas con motor de gasolina están completamente prohibidas.
La semana pasada el director del Cosevi, Jeffry Cervantes, confirmó a este diario que la Ley de Tránsito, tiene debidamente establecido cuáles son las condiciones en donde pueden circular estos vehículos, pero trabajarían en la sensibilización de los usuarios.
Las dudas sobre la aplicación de las normas vigentes y la necesidad de emitir un reglamento surgieron desde mediados de 2024, cuando ese órgano adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) emitió un informe en el que advirtió sobre la necesidad de regular estos vehículos y aclarar la aplicación de las disposiciones de la Ley de Tránsito relacionadas con su circulación.
Tras ese informe, las autoridades del MOPT hablaron incluso de la necesidad de reglamentar dicha aplicación de la ley e incluso se anunció que se implementarían mesas de discusión con otros actores como el Ministerio de Hacienda y el Instituto Nacional de Seguros, no obstante los resultados de esos análisis nunca se oficializaron.
A pesar de eso, desde mediados del año pasado, la Policía de Tránsito confirmó que sí se estaba aplicando lo indicado en la Ley de Tránsito, de acuerdo a las mismas conclusiones contempladas en el informe del Cosevi.
