Son tantos, y cada vez hay más. El último conteo, del 4 de enero, registra a 3.753 habitantes de la calle en todo el país; un 61% de ellos vive en San José.
El número de estas personas no es el único que crece. También la complejidad de su situación. La atención de su salud es solo una de las múltiples aristas que desafían al Estado y al país como un todo.
El viceministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, Francisco Delgado Jiménez, reconoce la prioridad de la situación, que ahora es más visible socialmente.
Al año, solo el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), invierte más de ¢800 millones en pagar centros donde se atiende a poco más de 600 personas en esa condición.
La siguiente, es la entrevista que contestó por escrito a La Nación.
– ¿Cuál es el nivel de prioridad que tiene esta situación para el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social?
– El abordaje integral de las personas en situación de calle es prioritario. El Ministerio ha dirigido la articulación entre instituciones con gran responsabilidad en el tema, como lo son el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y los gobiernos locales. A finales de 2019, se hizo un replanteamiento del plan de trabajo interinstitucional para 2020 y 2021 que pone en evidencia el interés en generar mejores resultados e impacto.
– ¿Cuántos apoyos dan a esta población y a cuánto asciende la inversión?
– El apoyo que realiza el IMAS se realiza principalmente por medio del financiamiento a organizaciones de bienestar social que proveen servicios a esta población. El principal rubro es el destinado a organizaciones que prestan servicios como dormitorios, alimentación, acompañamiento de Trabajo Social y terapia ocupacional, entre otros.
“En el 2019, se ejecutó un total de ¢502,6 millones dirigidos a 14 asociaciones que atienden 630 personas. Para el 2020, se tiene presupuestado la suma de ¢812,7 millones para un total de 13 asociaciones que atienden a 603 personas. Este financiamiento puede cubrir el costo operativo de los centros, equipamiento básico e infraestructura”.
– Para el IMAS y para el viceministerio, ¿cuál ha sido el impacto de la política nacional en este tema, desde su promulgación en el 2016?
– Los principales resultados de la política pueden dividirse en tres áreas. La primera tiene que ver con el posicionamiento de la problemática. Entre las instituciones que participan en la atención de esta población existe un grado alto de compromiso con el tema y con generar cambios sustantivos que permitan la prestación de servicios para la población en calle, reconociendo sus derechos y su dignidad. Asimismo, se ha avanzado en contar con registros de personas en calle. Se está en coordinación con INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) para que el próximo censo de población incluya, por primera vez, a la población en situación de calle.
”También se ha generado vínculo con gobiernos locales y empresa privada en las estrategias de atención y prevención. Se instalaron redes cantonales con participación de instituciones estatales, organizaciones de sociedad civil, empresas y gobiernos locales. Tal es el caso de la Municipalidad de San José, que es precisamente el cantón donde se concentra casi la mitad de la población en calle del país.
“Por último, hay un modelo de reducción de daños basado en la dignidad y bienestar de los grupos vulnerables y no necesariamente en su abstinencia. Tiene como objetivo disminuir las consecuencias negativas sobre la salud, sociales y económicas del uso de sustancias psicoactivas. Pese a estos avances, persisten retos importantes en la prevención de situaciones de vulnerabilidad que contribuyen al aumento de personas habitando en la calle”.
– ¿Cómo abordarán el crecimiento en el volumen y la complejidad de este problema?
– El accionar debe orientarse en dos líneas de trabajo: la atención y reconocimiento de los derechos de las personas en situación de calle, y la prevención de la situación de calle. En el primero, es evidente la necesidad de contar con un número mayor de dispositivos para atender a las personas que viven en calle (albergues, dormitorios, unidades móviles de atención temprana comedores, etc). A esto, debe sumarse una oferta de soluciones habitacionales con un entorno más favorable que permita la inclusión de personas al sistema educativo o a oportunidades laborales. Sobre este último abordaje, se coordina con Eurosocial y el Ministerio de Desarrollo Social de Chile para plantear un modelo de trabajo en nuestro país.
"En relación con la prevención, son distintas las áreas de trabajo, donde los factores de riesgo se identifican claramente en la información que se registra de las personas en calle. Un factor de riesgo tiene que ver con el egreso de personas institucionalizadas a la vida en sociedad (por ejemplo, privados de libertad o menores de edad en el sistema de protección del PANI). Este grupo, usualmente sin redes de apoyo, requiere un abordaje integral y oportuno que impida su exclusión.
"Otro factor de riesgo está relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas, por lo que la prevención desde el sistema educativo y los programas de prevención del Ministerio de Seguridad Pública son fundamentales. Como tercer factor, se identifica también el urgente trabajo relacionado con salud mental y las situaciones de abandono asociadas. Estas líneas de trabajo fueron acordadas entre las instituciones para ser implementadas entre 2020 y 2021″.