Marcela Valerín, lleva más de 15 años de vender pejibayes cocinados en el centro de San José.
Actualmente lo hace de manera clandestina pues no cuenta con un puesto o patente que la autorice y vive entre el temor y las carreras que significa estar expuesta a que se le decomise la mercadería con la que se gana el sustento.
Por eso, la vendedora asegura que cuando supo de una reforma a la ley que regulará este tipo de actividades, lo vio como una esperanza "para trabajar tranquila".
Al igual que ella, otros vendedores de frutas y comidas preparadas esperan que haya mayor claridad sobre este tema para poder ponerse en regla.
"A cada rato nos quitan las cositas, yo ya he presentado papeles tres veces para que me den una tolerancia y me la niegan, ya llevo en esto más de 40 años y aquí los más viejos somos los que perdemos todo cada vez que llega la Policía Municipal porque ni podemos salir corriendo", expresó Franklin Jiménez, quien tiene 62 años y vende uvas y otras frutas cerca de la iglesia de El Carmen, en el centro de San José.
Sin embargo, aunque la reforma a la Ley General de Salud fue aprobada la semana anterior por los diputados, aún no se tiene claridad sobre las reglas bajo las que se aplicará o a quienes, en específico, está dirigida.
De acuerdo con la diputada del Partido Acción Ciudadana, Laura Garro, el Ministerio de Salud será el encargado de elaborar un reglamento donde se fijen los requisitos que deberán cumplir los vendedores que quieran obtener el permiso.
Posteriormente, las municipalidades tendrán que verificar esas condiciones y serán las que decidan los pormenores, como la ubicación de los vendedores o cuántos permisos se otorgarán en cada cantón.
"Es para vendedores de algún tipo de alimento pre-elaborado para frutas que se venden en vaso o canastita, ese tipo de trabajador que elabora una cajeta, un vigorón, un copo... esto va a ser regulado por el Ministerio de Salud que tiene que hacer un reglamento (...) va a ser una regulación estricta por que lo que se busca es que los alimentos se vendan con inocuidad y que tengan todas las condiciones higiénicas para vender estas comidas", aseguró Garro.
La reforma aprobada adicionará el artículo 218 bis a la Ley General de Salud y sus reformas, que data del 30 de octubre de 1973 y prohíbe por completo este tipo de ventas.
La iniciativa fue promovida por Salud luego de que las vendedoras de vigorones en Puntarenas exigieron contar con permisos que les permitan realizar su actividad legalmente, explicó el director de Salud de la región Pacífico Central, Carlos Venegas.
Eso sí, aclaró que aún no se han definido los lineamientos bajo los cuales se regulará la actividad.
"Nosotros lo que habíamos pedido a la Municipalidad, en un principio, es que se establecieran sitios fijos con las condiciones de higiene apropiadas para que las vendedoras realizaran ahí su actividad", dijo Venegas.
La reforma establece que los permisos se otorgarán a partir de estudios sociales. Además, le da al Ministerio de Salud un plazo de tres meses, a partir de su publicación, para que redacte el reglamento necesario para otorgar las licencias.