La Unión Médica Nacional expresó su preocupación y malestar por la “calidad y seguridad” de las mascarillas N95 que, recientemente, fueron distribuidas en el Hospital de las Mujeres, Adolfo Carit Eva, en San José; y en el Hospital Doctor Max Peralta Jiménez, en Cartago.
Dicha organización pide que se retiren los cubrebocas de ambos centros médicos y que, en su lugar, se les entregue equipo de buena calidad.
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Según la Unión Médica, a los anestesiólogos del Hospital Max Peralta se les está entregando mascarillas con problemas de fabricación, entre ellos, que las tiras de sujeción están adheridas con una grapa, lo cual no garantiza ningún tipo de sello y puede causar lesiones faciales.
“En medio del fragor de la batalla que estamos liderando en contra del covid-19, con profundo malestar transmitimos nuestra más enérgica protesta por la calidad y seguridad de los respiradores N95 que se están distribuyendo en los centros de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social, y que no cumplen con los requisitos mínimos para ser utilizados en la atención de esta pandemia”, dijo Edwin Solano, presidente de la Unión Médica Nacional.
Actualmente, las mascarillas descartables siguen siendo utilizadas en dichos centros hospitalarios, pese a la advertencia del personal médico a cargo de atender la pandemia.
En ese sentido, la Unión Médica hizo un llamado al Ministerio de Salud para que “tome nuevamente su rol rector en el tema de certificación de equipos médicos”, tales como respiradores N95, para evitar que el personal médico se vea expuesto.
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“Solicitamos que de forma inmediata y expedita se retiren estos cubrebocas de los centros a los que fueron enviados y se entreguen respiradores N95 en la cantidad y calidad necesarias y que, por supuesto, cuenten con todas las certificaciones que requiere la atención de esta pandemia”, demandó Solano.

La adquisición de mascarillas en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), durante esta pandemia, se realiza por medio de compras directas. Es un mecanismo más ágil, sin mucho trámite y sin licitación previa, para lograr que el producto esté lo más pronto en los hospitales y clínicas.
Sin embargo, el sistema de compras urgentes se ha prestado para controversia.
La Nación publicó este lunes que la Caja autorizó la compra de un lote de 700.000 mascarillas para proteger de contagios a personal de hospitales, las cuales eran de uso no médico.
El 6 de julio, el Hospital de Liberia fue el primero en consultar si esos equipos eran seguros porque en la caja del producto decía claramente “non-medical use” (uso no médico). Ante esa y varias quejas, la Caja ordenó retirarlas el 10 de julio.
La semana anterior, una investigación de La Nación reveló que la CCSS entregó, a finales de mayo, otros dos contratos, por un total de $4 millones, a un contador público y a MR Comunicaciones Políticas, una empresa de asesorías en comunicación y mercadeo, propiedad de la periodista española, Miren Martínez Ruiz, a pesar no contar con experiencia en el suministro y distribución de equipo médico.
Lo más grave es que de los 12 millones de mascarillas contratadas, la CCSS solo ha recibido el 17,5%; en el caso de MR Comunicaciones Políticas, esta no entregó ni una mascarilla y entonces la institutición empezó un proceso para disolver el contrato.
