El presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, decidió no responder preguntas sobre las posibles irregularidades en compras millonarias de mascarillas durante la pandemia.

Así lo hizo saber a los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, ante los cuales compareció la mañana de este jueves.

Ese foro legislativo investiga, desde agosto de 2020, las presuntas anomalías en la institución, luego de que La Nación reveló que contratos por $4 millones para la adquisición de 12 millones de cubrebocas terminaron en manos de proveedores inexpertos que incumplieron con los plazos de entrega de forma parcial y total.

A partir de ese momento, han salido a la luz otros cuestionamientos relacionados con pagos adelantados por equipo de protección, recepción de tapabocas de uso no médico y supuestas anomalías en la contratación de vuelos para traer donaciones desde China.

El jerarca de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) argumentó que no podía responder preguntas de los diputados porque él forma parte del órgano que decidirá eventuales sanciones administrativas contra los funcionarios investigados por esos casos.

La institución indaga internamente las actuaciones de 13 empleados con respecto a las mencionadas compras.

“Hoy comparezco ante ustedes como parte del órgano decisor y, por lo tanto, en resguardo de los procedimientos, debo ser responsable y respetuoso de los mismos, procurando que nada de lo que se pueda decir en esta audiencia o a través de otro medio pueda afectar su desarrollo”, expresó Macaya.

Añadió que, durante los primeros meses de la pandemia, existieron complicaciones logísticas para traer al país equipo de protección personal como mascarillas, guantes, batas y otros. Sin embargo, aseguró que esa condición no justifica las aparentes irregularidades denunciadas en los últimos meses.

“He expresado claramente que el caos en la logística mundial de esos productos no es una licencia para posibles irregularidades (...). Como parte del órgano no puedo referirme o calificar los hechos que han salido a la luz”, añadió.

Yorleny León, diputada liberacionista que preside la Comisión, reprochó al presidente de la Caja su decisión de no declarar. Además, le reclamó haber minimizado las denuncias de la prensa, en agosto del año anterior.

“Yo recuerdo que al inicio de la pandemia usted tenía una presencia en medios realmente permanente, uno podría decir que hasta abrumadora (...). Pero cuando el tema de las compras empieza a ser más evidente, se abren investigaciones y se trasladan expedientes a la Fiscalía, lo vimos a usted, de repente, enmudecer”, expresó León.

Estas eventuales anomalías en la Caja también motivaron investigaciones por parte de la Fiscalía, que tiene al menos dos causas abiertas por esos hechos.

‘Abuso de derecho’

Durante la comparecencia, los legisladores también lanzaron preguntas que no están relacionadas con los casos investigados, pero, igualmente, Macaya indicó que no podía referirse debido a su rol como parte del órgano decisor.

Ante la situación, el verdiblanco Carlos Ricardo Benavides pidió la intervención del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa para aclarar si el jerarca estaba eludiendo su responsabilidad de rendir cuentas ante la Comisión.

“Se está permitiendo no responderle a esta Comisión ni siquiera sobre asuntos que son propios de su responsabilidad, cosas como el nombramiento de ese gerente de Logística (Luis Fernando Porras), nombrado antes de los desmanes de corrupción que se han dado en la Caja (...).

“Quisiera que se le advierta al compareciente (Macaya) que esto no es juguete, que estamos demandando respuestas basados en el Reglamento de la Asamblea Legislativa”, aseveró Benavides.

Al respecto, Víctor Emilio Granados, abogado de Servicios Técnicos, indicó que a los comparecientes les asiste el derecho de abstenerse, pero que no se puede abusar de ese derecho.

Agregó que el rol de Macaya, como miembro del órgano decisor en los procedimientos administrativos, es un argumento válido para no responder sobre situaciones relacionadas con las investigaciones.

No obstante, indicó que eso no lo ampara para evadir interrogantes relacionadas con nombramientos de gerentes durante su administración y su responsabilidad política en la atención de la pandemia.

La comparecencia de Macaya concluyó cerca del mediodía, cuando sí aceptó responder consultas de la prensa, ante la cual rechazó cualquier provecho político con las acciones de la Caja en la pandemia.

“¿Para qué le sacaría provecho (político)? Yo no me lancé a ninguna precandidatura, estoy enfocado en fortalecer la Caja lo máximo posible pospandemia, para que entreguemos una Caja de todos los costarricenses lo más fuerte posible, en mayo de 2022″, expresó.

Negó, además, que disminuyera su presencia en medios debido a las revelaciones sobre compras urgentes. Lo atribuyó, más bien, al cambio en la dinámica de conferencias relacionadas con el manejo de la crisis sanitaria por la covid-19.

Pese a la aclaración de Servicios Técnicos, el diputado Benavides consideró que el presidente ejecutivo de la CCSS debió dar declaraciones en la comisión y demostrar transparencia.

“Como parte de un órgano decisor podía optar por no hablar de algunos aspectos, pero sobre el resto que le compete a él, como corresponsable político, debería exponerlo ampliamente y contarle al país qué pasó”, dijo el liberacionista al final de la comparecencia.

Entre tanto, la diputada León señaló: “Me parece que todo el PAC aprovechó la crisis (pandemia) para tener exposición y generar réditos que les permitiera a ellos, como partido, salir adelante”.