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El terreno que en el pasado ocupó el conocido restaurante Rancho Guanacaste, en Hatillo de San José, se convirtió en los últimos años en un botadero pues fue tomado por recicladoras clandestinas, instaladas en casas cercanas.
Estos centros de acopio operan debido a insuficientes controles de la Municipalidad de San José y el Ministerio de Salud.
El terreno, que ahora le pertenece al intervenido Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), está repleto de partes de televisores, neumáticos, sillas y pedazos de madera. Junto a la basura, varios indigentes se asentaron en pequeños ranchos.
“La Municipalidad puede intervenir en las recicladoras a través de un proceso administrativo cuando alguien adquirió un permiso para un local o una actividad y se sale de lo estipulado, entonces le podemos cancelar la actividad”, indicó Emperatriz Ordeñana, jefa del Departamento de Servicios Ambientales del municipio josefino.
“¿Qué pasa con estas actividades que se dan en zona privada? Que la Municipalidad no tiene la potestad cuando no está legalizada”, explicó.
La intervención del Ministerio de Salud es necesaria para clausurar estos locales, sin embargo, ni siquiera así se logra acabar con las prácticas ilegales de las recicladoras, pues solo se trasladan a otro lugar.
“En esa zona hay una particularidad, es que los vecinos muchas veces son familiares. Se clausura un área, pero un vecino o un familiar les abren una puerta, y sigue la actividad”, añadió Ordeñana.
El Ministerio de Salud informó que los castigos penales por reincidir en estos actos dependen de cada caso, pues se debe demostrar “si en las conductas realizadas por los propietarios de estas empresas recicladoras confluyen comportamientos que cumplan los presupuestos de culpabilidad, antijuridicidad y tipicidad de su conducta”.
Asimismo, la cartera destacó que el Código Penal impone penas de seis meses a tres años de cárcel por desobediencia a la autoridad.
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Ronald Durán, supervisor de plantilla municipal, dijo que la basura botada en vía pública, en las afueras del terreno, se limpia dos o tres veces por semana, pero un día después el panorama vuelve a ser el mismo. Al ser propiedad privada, la recolección en su interior solo se puede efectuar notificando al dueño.
En la limpieza del jueves 23 de agosto, la Municipalidad recogió 12 toneladas de desechos y la labor costó ¢177.069. Entre el año anterior y el actual, se han limpiado 225 toneladas, con un costo total de más de ¢7.000.000.
Incluso, en el sitio se colocaron cámaras de seguridad y una malla en la finca, pero las cámaras fueron estropeadas y la malla robada. Los locales también reportaron que se quema basura en el lugar.
Según Ordeñana, muchos vecinos no denuncian a los infractores por temor a represalias, lo que complica seguirles el rastro.
Una denuncia se encuentra en trámite en la Defensoría de los Habitantes, en la que se señala la obligación que tienen los ayuntamientos de prevenir y eliminar los vertederos en su cantón. La entidad envió el 23 de marzo pasado un oficio a la Municipalidad de San José con recomendaciones para acabar con el problema.
No obstante, la Defensoría informó que el caso aún se encuentra en una etapa de seguimiento, la cual no tiene plazo definido, para determinar si se acató lo indicado en el documento.
Esta nota fue actualizada el 29 de agosto a las 10:54 a.m. con declaraciones del Ministerio de Salud.
