Ángela Ávalos. 31 mayo
La CCSS colocó entre diciembre y marzo 770.000 dosis extra contra el sarampión para progeter a una cantidad similar de niños de brotes que están apareciendo en todo el mundo. En la foto, la enfermera Elena Guzmán vacuna a Julián Bermúdez. Al lado, la mamá del niño, María Fernanda Quirós. Foto: Jeffrey Zamora
La CCSS colocó entre diciembre y marzo 770.000 dosis extra contra el sarampión para progeter a una cantidad similar de niños de brotes que están apareciendo en todo el mundo. En la foto, la enfermera Elena Guzmán vacuna a Julián Bermúdez. Al lado, la mamá del niño, María Fernanda Quirós. Foto: Jeffrey Zamora

Los costos de las campañas de vacunación deben ser compartidos.

El Ministerio de Salud está obligado por ley a contribuir con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el financiamiento del esquema nacional de vacunación de Costa Rica.

Será la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, adscrita al Ministerio de Salud, la que determine el monto de los aportes.

Así lo señala un dictamen de la Procuraduría General de la República (PGR) emitido el 23 de mayo, en respuesta a una solicitud de reconsideración enviada por ese ministerio en el 2016 sobre un pronunciamiento anterior.

La solicitud fue declarada inadmisible por el abogado del Estado.

Salud, por lo tanto, debe “contribuir con su propio presupuesto en el financiamiento del Esquema Básico de Vacunación”.

“(...) a la CCSS le corresponde la competencia operativa de llevar a cabo el procedimiento de adquisición de vacunas, mientras que su financiamiento y los gastos administrativos que generen los programas de vacunación estarán a cargo de ese ente y del Ministerio de Salud, en un marco de colaboración y cooperación, sin dejar de lado las otras fuentes de financiamiento que contempla el mismo artículo 15 de la ley para ese propósito”, señala el dictamen enviado por el procurador Alonso Arnesto Moya al ministro de Salud, Daniel Salas Peraza.

Para ese año, por ejemplo, la Caja invertirá casi $20 millones en vacunas (unos ¢11.600 millones), considerada la inversión más elevada hasta ahora en ese rubro.

Consulta

Hace tres años, el Ministerio de Salud solicitó a la Procuraduría aclarar los alcances de la Ley de vacunas (número 8.111) pues la consideraba muy ambigua en el tema de la compra.

Las autoridades de entonces pretendían que se definiera a cuál de las dos instituciones le competía esta responsabilidad.

Fue al ministro de Salud de la anterior administración, Fernando Llorca Castro, a quien le correspondió presentar la solicitud de revisión o reconsideración del dictamen C-025-2016, del 3 de febrero del 2016.

Según explica la Procuraduría en el reciente fallo, Llorca pedía aclarar si el financiamiento para la compra de vacunas le correspondía a la cartera a su cargo o a la CCSS.

En ese momento, se le contestó que esa responsabilidad le correspondía a ambos mediante colaboración y cooperación conjunta. Y se les advirtió de que debían de incluir esa previsión en sus respectivos presupuestos.

Salud no quedó conforme y volvió a solicitar una reconsideración, que es la que se publica en el dictamen del 23 de mayo.

El despacho de la Presidencia Ejecutiva de la CCSS confirmó que Román Macaya solicitó a la Procuraduría, en marzo, su pronunciamiento sobre las aclaraciones que había solicitado anteriormente el Ministerio de Salud.

El dictamen está en proceso de traslado a las instancias técnicas para su análisis, informó la CCSS. También el Ministerio de Salud lo tiene en análisis.

El esquema incluye 17 vacunas que protegen contra 20 enfermedades, entre las cuales está el sarampión, rubéola, hepatitis B, rotavirus, papiloma humano e influenza estacional.

A continuación se detalle el esquema, aunque falta de agregar la vacuna contra el papiloma humano, cuya aplicación se inició apenas en este año.

Esquema nacional de vacunación
Esquema nacional de vacunación
Esquema de vacunación parte II
Esquema de vacunación parte II