Los obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica expresaron su “contundente rechazo e indignación” ante la firma, por parte del presidente Carlos Alvardo, de la norma técnica que permite la interrupción del embarazo cuando peligra la salud y la vida de la madre.
Según ellos, la decisión presidencial contradice el sentimiento expresado “por un pueblo convencido de su amor a Dios y a la vida naciente”. Incluso, los prelados califican la norma técnica como “aborto impune”.
Alvarado firmó la noche de este jueves la norma técnica en cumplimiento con el compromiso que asumió “con la vida y la salud de las mujeres”.
A partir de ayer, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tiene seis meses para cumplir con el contenido del protocolo médico. De ese mismo tiempo disponen los hospitales privados para implementar los protocolos necesarios y cumplir la cita disposición.
"Siempre nos expresamos en contra de esta y de toda acción que pretenda abrir portillos que atenten contra la vida humana, especialmente, contra la de los más vulnerables como el no nacido pues el Evangelio de la vida está en el centro del mensaje de Jesús.
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“Igualmente, es digno reconocer la honestidad y la valentía de quienes han sostenido que toda vida vale, especialmente a los legisladores y a diversos sectores sociales que lo expresaron con firmeza. ante la firma de la mencionada”, expresaron los nueve obispos de la Conferencia Episcopal en un comunicado emitido este viernes.
La Iglesia llamó a los creyentes a defender y promover el derecho a la vida.
“Pidamos al señor de la vida, que enrumbe nuestro caminar como un país soberano y no siga alienándose a la cultura de la muerte que se le está imponiendo”, enfatizaron los pastores católicos.
El mandatario estampó la firma 19 meses después de asumir la Presidencia de la República. Alvarado siempre manifestó que sellaría la norma en el momento que él lo considerara correcto.
El gobernante también insistió en que la norma no legalizará el aborto libre en Costa Rica, sino que solo busca estandarizar el abordaje médico de un procedimiento establecido por el Código Penal desde 1970, que permite interrumpir el embarazo cuando la vida de la mujer corra peligro.
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“Costa Rica ha sabido llevar adelante su democracia a través del respeto de las instituciones constitucionales, nuestro compromiso como Gobierno es que se cumpla la ley y se garantice y respete los derechos de las personas”, añadió el mandatario.
Según la norma emitida, la interrupción del embarazo para proteger la salud y vida de la madre deberá pasar por un proceso de revisión que incluye el criterio colegiado de ginecoobstetras y especialistas en la enfermedad de fondo que motiva la consulta, y en la firma de un consentimiento informado de la mujer.
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