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El paro de los trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para exigir el ajuste salarial, generó largas filas y esperas en farmacias y laboratorios de al menos seis hospitales, la mañana de este jueves 13 de octubre, debido a la ausencia de 735 empleados que se sumaron al movimiento de protesta.
El primer reporte de la CCSS sobre el impacto del movimiento en sus servicios, con datos de las 8:45 a. m., revela que 431 trabajadores de hospitales estuvieron en paro, 243 de áreas de salud, 18 de la Lavandería Central, 16 del Almacén de Distribución (ALDI) y 27 funcionarios de sucursales.
Yerly Alvarado Padilla, asesora de la Gerencia Médica, informó de afectación parcial en los hospitales México, de las Mujeres, Rafael Ángel Calderón Guardia, Nacional de Geriatría, en San José, y Maximiliano Peralta, en Cartago, y San Vicente de Paúl, en Heredia.
En estos centros, apoyaron el paro personal de sala de operaciones, hospitalización, consulta externa, nutrición, farmacia, enfermería, servicios generales como lavandería y aseo, entre otros, informó la CCSS en un boletín de prensa. No se dieron datos sobre citas, exámenes o cirugías canceladas por esta causa.
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En San José, el grupo de trabajadores se congregó frente al edificio de la Caja en barrio don Bosco, San José, desde las 7 a. m.
Este nuevo paro es para defender el ajuste salarial aprobado por la Junta Directiva de la CCSS, que aún no se ha hecho efectivo.
En setiembre, la Junta Directiva de la CCSS acordó aumentar la base salarial de sus 60.000 funcionarios en ¢7.500 mensuales, pues, según la entidad, este aumento se aprobó a inicios del 2020, pero su aplicación quedó suspendida por las repercusiones de la pandemia de covid-19.
Ante esta decisión el presidente de la República, Rodrigo Chaves, destituyó al entonces presidente de la Caja, Álvaro Ramos e indicó que el ajuste —que le costará a la Caja ¢10.000 millones más por año, más otros ¢29.000 millones porque se decidió darle efecto retroactivo al 2020— tiene una ilegalidad.
De acuerdo con Chaves, el aumento se contrapone a la regla fiscal, mecanismo legal que impide aumentar salarios en el sector público cuando la deuda pública supera el 60% del producto interno bruto (PIB), como ocurre en este momento.
