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La discriminación contra una persona portadora del virus del inmunodeficiencia humana (VIH) podrá ser motivo de despido justificado si se aprueba un proyecto de ley presentado a los lesgiladores desde agosto.
Este es una de las principales reformas legales contenidas en el expediente 19.243, expuesto ayer a la prensa por la vicepresidenta Ana Helena Chacón y la ministra de Salud, María Elena López, con la intención de proteger a casi 10.000 personas portadoras del virus en Costa Rica.
Así, si una persona discrimina a su compañero portador del VIH, podría perder su trabajo de manera inmediata y sin responsabilidad patronal.
En caso de que quien discrimine sea el patrono, el trabajador puede dar por acabado el contrato sin ninguna consecuencia, según el texto de la iniciativa que pretende ajustar el contenido de tres artículos del Código de Trabajo.
Otro de los contenidos del Proyecto de Ley de Reforma Integral a la Ley General de VIH, a cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, se refiere a las multas para quien discrimine por el virus y por otros motivos, como etnia, religión, género, capacidades físicas, opiniones o afiliación política.
El texto propone aplicar multas equivalentes a entre 40 y 80 días de salario de un oficinista del Poder Judicial, (entre ¢506.000 y ¢1.012.000).
De aprobarse, esto quedaría estipulado en el artículo 373 del Código Penal. Además, establece la necesidad del condenado de asistir a cursos de formación y sensibilización sobre derechos humanos.
También incluye incrementar el presupuesto al Consejo Nacional de Atención Integral al VIH-Sida (Conasida) para fomentar los programas de prevención, aunque el Ministerio de Hacienda deberá buscar los recursos, según la vicepresidenta Chacón.
“No es solo que se tomen los retrovirales y ya. Se requiere una estrategia más integral, hay gente que es vulnerable o vulnera a otros sin conocer sobre su estatus; eso tenemos que controlarlo, dándole un énfasis de derechos humanos”, dijo la vicepresidenta.
El proyecto de ley 19.243, que se convocará en diciembre para las sesiones extraordinarias, también reafirma desde el Ministerio de Trabajo el derecho de las personas de estar obligadas a reportar a su patrono su condición de VIH.
De ser necesario, el empleador debe guardar confidencialidad y tiene prohibido despedirlo o reubicarlo por esa causa.
En el país, 9.800 personas mayores de 15 años tienen VIH, según estimaciones del 2013 del Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/Sida.
