Dirección Jurídica de CCSS niega visto bueno a propuesta para vender medicamentos
Abogados de CCSS concluyeron que la entidad no está habilitada para establecer alianzas estratégicas, como se pretende, pues su naturaleza no es comercial o empresarial
La idea de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) devender medicamentos y otros insumos médicos a hospitales privados y farmacias chocó con el criterio de la Dirección Jurídica institucional. La intención, según lo expuesto hasta ahora por la entidad, es vender a esos establecimientos a un menor precio y que estos revendan los productos al consumidor final a un costo más bajo.
De acuerdo con el oficio GA-DJ-6640-2024, firmado por Gilberth Alfaro Morales, director Jurídico de la CCSS, y cuatro abogados más de esa dependencia, la propuesta no es viable, pues la institución no está habilitada para aplicar excepciones previstas en la Ley General de Contratación Pública para establecer alianzas estratégicas.
Una de las excepciones previstas en esa legislación está contenida en el artículo 3, inciso h), el cual avala la creación de alianzas “con el fin de lograr ventajas competitivas, todo de acuerdo con el giro de negocio de cada parte”.
No obstante, de acuerdo con la Dirección Jurídica, en el caso de la CCSS “no existe disposición legal que le autorice a suscribir alianzas estratégicas”, porque el ente público no tiene naturaleza “empresarial o comercial” y eso, según los juristas, imposibilita el uso de esa excepción legal.
Agregan que la Ley Constitutiva de la CCSS autoriza a “importar, desalmacenar, fabricar, comprar, vender y exportar, directamente, medicamentos incluidos en el Formulario Nacional, reactivos y biológicos, así como materias primas y materiales de acondicionamiento y empaque”, pero no se permite, en dicha legislación, a crear alianzas estratégicas o comerciales.
“Por lo expuesto, procede reiterar que, en el caso de la institución no se observa que exista disposición legal que le autorice a suscribir alianzas estratégicas, a lo cual se agrega que su quehacer no es de naturaleza empresarial o comercial, lo cual imposibilita la utilización de dicho instrumento legal al carecer de autorización legal para ello”, concluye el documento, en poder de La Nación.
Según informó este diario el 3 de agosto, el criterio de la Dirección Jurídica decidiría el futuro del plan, que contaba con el aval de la Junta Directiva.
En aquel momento, el gerente de Logística, Esteban Vega de la O, manifestó que el criterio jurídico determinaría la continuidad del Modelo de Gestión Estratégica y Suplido de Medicamentos.
Este lunes, por medio de la oficina de prensa de la CCSS, el gerente de Logística manifestó: “Somos respetuosos del criterio emitido, mismo que fue solicitado en razón de ser uno de los factores críticos de éxito visualizados en las fases previas de este proyecto”.
Ambicioso proyecto de venta de medicamentos
El proyecto había sido presentado a la Junta Directiva, máximo órgano de decisión de la Caja, el 30 de mayo. La idea era comenzar con un plan piloto de 123 medicamentos de uso común en el sector privado y de venta libre. La propuesta incluía abrir un punto de venta institucional, como una farmacia de la CCSS en San José para comercializar en detalle.
No obstante, se trataba de un plan más ambicioso, pues consideraba ampliarlo a la venta de reactivos y productos fabricados en laboratorios de esa institución, e incluso al servicio de lavado de ropa hospitalaria.
La representante sindical en la Junta, Martha Rodríguez González, hizo una serie de objeciones desde la primera vez que se conoció el proyecto. Entre estas, que no existía garantía de que realmente los precios llegaran más baratos al consumidor y que podría poner en riesgo el suministro de medicinas para los pacientes.
El plan de la CCSS para vender medicamentos a hospitales privados y farmacias ha sido planteado como una alternativa para bajar el precio de esos insumos al consumidor final y, además, generar ingresos a la institución. (Cortesía )
El presidente del Colegio de Farmacéuticos, José Gatgens, también reveló la preocupación por un eventual desabastecimiento.
“Inclusive ahora, sin tener estrategias como la que quieren generar para el mercado privado, hay problemas de desabastecimiento. Es muy importante para el Seguro Social que se enfoque en lo que es su prioridad: el asegurado y la salud.
“Nos preocupa que una iniciativa de moverse al sector privado pueda generar un desabasto para la población en los productos más importantes y del día a día en la prescripción médica”, declaró Gatgens en entrevista con La Nación.
Aunque se dijo que el 9 de julio se avalaría la apertura de un punto de venta institucional, además de las alianzas con las distribuidoras y los hospitales privados, esto no ha sucedido. Además del criterio jurídico, la Junta Directiva esperaba análisis financieros y administrativos.
¿Medicinas más baratas?
La promesa de abaratar el costo de los medicamentos ha caracterizado a varias administraciones, y la de Rodrigo Chaves Robles no es la excepción.
Chaves prometió en campaña bajar el precio de las medicinas, compromiso que no ha podido cumplir con las medidas ejecutadas hasta ahora. Entre ellas, el decreto ejecutivo de agosto del 2022 para fomentar la importación paralela de medicamentos.
Por el contrario, los cuatro tipos de medicinas más consumidos por los ticos se encarecieron entre 2% y 4%, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), revelado en agosto del 2023.
Según el IPC, el crecimiento promedio de los precios de los medicamentos y preparaciones farmacéuticas fue del 3% en ese periodo.
Recientemente, la Sala IV anuló, por inconstitucional, un decreto emitido por Rodrigo Chaves para la homologación de medicinas importadas. Con la firma de este reglamento, el gobierno había prometido reducir a 30 días el plazo para inscribir nuevos medicamentos en el país.
Se calcula que las familias destinan a salud, al menos, ¢575.000 millones al año. Otro detalle: el 60% de todo el gasto en medicamentos del país lo hacen las familias en forma directa; el 40% restante, la seguridad social.
