Los trabajadores de salud de Estados Unidos no podrán alegar motivos religiosos para rechazar la vacuna contra la covid-19. De hacerlo, podrían ser despedidos de sus trabajos, medida que también alcanza a los empleados de hogares de larga estancia para ancianos.
Este fue el precedente que sentó la decisión tomada el viernes 29 de octubre por la Corte Suprema de Justicia de ese país al rechazar un recurso presentado por empleados del sector del estado de Maine, en el cual pedían que se bloqueara la obligatoriedad de la inoculación. El fallo no explica las razones.
“Es imperativo que los hospitales tomen todas las precauciones para proteger a sus trabajadores y pacientes contra este virus letal”, expresó a la prensa la gobernadora de Maine, Janet Mills, quien no hizo manifiesta su satisfacción por el respaldo al mandato.
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La decisión de la Corte no fue unánime. Tres de nueve jueces su disensión.
Por su parte, los recurrentes reclamaron que otros estados sí respetaban los motivos religiosos que son protegidos por la Constitución.
“Mientras muchos otros estados han optado por exenciones religiosas, Maine ha trazado un rumbo diferente. Allí, los trabajadores de la salud que sirvieron en primera línea de la pandemia los últimos 18 meses están siendo despedidos o sus clínicas han sido cerradas. Todo por adherirse a sus creencias religiosas protegidas constitucionalmente”, señalaron Neil Gorsuch, Clarence Thomas y Samuel Alito.
Solo otros dos estados han instaurado la obligatoriedad de vacunación sin considerar motivos religiosos: Rhode Island y Nueva York. En este último, sin embargo, un juez federal indicó que mientras avanza el proceso y la Corte Suprema no dé su fallo final, los funcionarios de salud sí podrán alegar excepciones religiosas.
El estado de Nueva York busca instaurar que sus funcionarios públicos cuenten con su esquema completo, lo que ha topado con objeciones en otros sectores, como la Policía y los educadores, quienes también exponen motivos religiosos para rechazar la inmunización.
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En Costa Rica, la Sala IV ratificó la obligatoriedad de la vacuna al rechazar 13 recursos presentados por trabajadores de la salud. Su decisión, dijo, vino a confirmar un criterio de octubre de 2020 en el cual señaló que “el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin constitucionalmente legítimo que puede justificar válidamente la obligatoriedad de las vacunas”.
La obligatoriedad es para empleados públicos y los privados cuyos patronos así lo dispongan. No obstante, también será obligatorio tener el esquema completo de protección contra la covid-19 para ingresar a establecimientos de recreación y ocio a partir del 7 de enero.
