La CCSS aceptó mantener para el mes de junio el cobro reducido de la base mínima contributiva a las empresas afectadas por la pandemia de la covid-19, pero este beneficio no se aplicará en el mismo porcentaje a trabajadores independientes y voluntarios.
La institución informó de que, en el caso de las empresas, el cobro se mantendrá en un 25% de los que se exigía en febrero, antes de la pandemia, medida que se aplicó por tres meses y que venció el 30 de mayo. Ahora se mantendrá para junio.
En el caso de los independientes y voluntarios, el cobro subirá de un 25% a un 75% de lo que se cobraba en condiciones normales, según acordó la Junta Directiva de la CCSS este lunes.
“Si ganan menos o no ganan (los independientes) pueden reportar menos, eso es un cambio que tienen que hacer ante la Caja, esa fue parte de la lógica de por qué se decidió hacer esa transición de dejarlo en 75%”, explicó Román Macaya, presidente ejecutivo de la entidad este mediodía en conferencia de prensa.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, le había solicitado a la Caja mantener la reducción de la base mínima contributiva.
La base mínima es el salario más bajo que se puede reportar para asegurarse en la CCSS.
Por motivo de la pandemia, durante marzo, abril y mayo, el monto más bajo sobre el cual se calcularon las cargas sociales fue de ¢74.000 en vez de ¢294.619, para el Seguro de Enfermedad y Maternidad.
En el caso de la base para el régimen de pensiones del IVM, el monto fue de ¢69.000 en vez de ¢275.759.
Durante ese periodo, el Gobierno se comprometió a asumir el costo de las cuotas que se reduzcan.
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Con la nueva medida, “el gobierno se comprometió a aportar ¢8.500 millones para compensar”, recordó Macaya.
Pilar Garrido, ministra de Planificación, agradeció la decisión al considerar que la “medida es clave” para resguardar el empleo.
“El gobierno quiere dar la certeza que asumirá el compromiso por la decisión que toma la Caja y aportará ¢8.500 millones en un presupuesto extraordinario que estamos elaborando. Esos se suman a los ¢34.000 millones de los tres primeros meses”, dijo la jerarca.
Convenios de pago
Macaya informó también de que se decidió prorrogar hasta diciembre las ocho medidas transitorias que se habían acordado el 19 de julio del 2019, para flexibilizar las condiciones con las cuales patronos o independientes morosos puedan llegar a convenios de pago con la Caja.
Esas ocho medidas son: disminución en la tasa de interés, ampliación de los plazos máximos, disminución de los pagos iniciales y ampliación de los convenios.
También, se contempla la inclusión de los gastos de formalización en los acuerdos de pago, ampliación en los convenios de pago, modalidad de pago único de intereses y disminución del porcentaje de cobertura en garantía fiduciaria.
Asimismo, el funcionario informó de que se prorrogó hasta el 30 de setiembre la suspensión de gestiones de cobro, únicamente para deudas que se asumieron entre febrero y hasta ese mes.
Bono Proteger
Durante la conferencia, Garrido adelantó la intención de “seguir garantizando la sostenibilidad de las finanzas y cubrir requerimientos adicionales como el bono Proteger” con fuentes como la ley de combustibles.
Esa normativa aprovecha la reducción en los precios de los hidrocarburos para financiar subsidios a los trabajadores afectados por la crisis del coronavirus.
“Al día de hoy hemos destinado ¢10.000 millones en atender a las personas por concepto del bono Proteger”, manifestó la ministra.
En materia de las moratorias del pago de préstamos a los ciudadanos, Garrido informó de que todo el conjunto de la Asociación Bancaria mantiene programas de ampliaciones y moratorias del pago.
“En estos tres meses se incorporaron, inicialmente, pero esto no significa que no se siga aplicando, solo que ahora se hace cliente por cliente”, indicó.