La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) lleva invertidos alrededor de ¢1.800 millones para atender los efectos de la huelga nacional en los servicios de salud.
Esa es la cantidad girada durante las dos primeras semanas de la protesta, que se inició el 10 de setiembre en todo el país.
El gerente médico de esa institución, Roberto Cervantes Barrantes, aclaró que es un cálculo a “mano alzada” que contempla los pagos para mantener funcionando las lavanderías, la consulta externa y la sustitución de personal.
La huelga nacional entra este lunes en su día número 15. El sector salud, en donde se encuentran los 29 hospitales públicos y más de 1.000 Ebáis, ha sido uno de los más afectados.
Solo la mañana de lunes, informó Cervantes, se cancelaron 2.218 citas y 50 cirugías. Hasta el viernes anterior, se habían perdido 64.392 citas y 2.289 operaciones debido a esta protesta.
Casi desde el inicio de la huelga, la institución autorizó un fondo de emergencia para minimizar el impacto del movimiento. Ese fondo es de ¢30.000 millones.
La CCSS, además, está entre las primeras instituciones que solicitó a los tribunales la declaratoria de ilegalidad de la huelga. Lo resuelto no se ha notificado debido a la dificultad de localizar a los dirigentes sindicalistas en los sitios que dejaron registrados para ese trámite.
Hospitales como el San Juan de Dios han tenido que recurrir a medidas de contingencia para mantener en condiciones óptimas la mayoría de los servicios a los asegurados.
“El hospital está funcionando en todas las áreas. Hay un 18% de funcionarios en huelga (este lunes). En sala de operaciones, desde el primer día tenemos afectación. Hay cinco salas generales abiertas. Las salas de ginecoobstetricia están habilitadas desde el domingo.
"Seguimos operando con relativa normalidad pero con un sobrecargo importante de los funcionarios que se quedan y con servicios apoyados con los planes de contingencia”, informó esta mañana Ileana Balmaceda Arias, directora médica del San Juan de Dios.
Los sindicatos de la CCSS, por su parte, manifiestan abiertamente su oposición a la contratación de servicios privados y han amenazado con denunciar a las autoridades de esa institución por actos que consideran ‘ilegales’ y contrarios al derecho a huelga.
Colaboró con esta información la periodista Irene Rodríguez.