María Paula Fonseca Marín, representante estudiantil ante el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), recibió ¢4,5 millones en dietas entre enero y mayo de 2026 mientras mantenía una beca socioeconómica otorgada por la institución.
La situación cobra relevancia debido a que la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica (OBAS) considera las dietas como ingresos que deben ser reportados para la valoración de la condición socioeconómica de las personas becarias.
Según el artículo 14 del Reglamento de Adjudicación de Becas a la Población Estudiantil, cualquier estudiante que disfrute de un beneficio socioeconómico debe informar a la Oficina de Becas, en un plazo máximo de tres meses, cualquier cambio que mejore la situación económica reportada al momento de solicitar el beneficio.
Consultada por La Nación, Fonseca reconoció que no remitió dentro del plazo establecido la documentación requerida para reportar el cambio en su situación socioeconómica. Según explicó, sostuvo una conversación informal con la Oficina de Becas al inicio de su gestión como representante estudiantil y asumió erróneamente que había sido excluida del sistema de becas.
La estudiante aseguró que, tras percatarse de la situación, renunció al beneficio socioeconómico el pasado 11 de junio y reintegró este martes 16 de junio los ¢200.786 correspondientes a ayudas complementarias recibidas durante el primer semestre de 2026.
“En efecto, no envié la documentación pertinente dentro del plazo establecido; sin embargo, reitero que esto fue total y completamente sin dolo ni intención de seguir recibiendo la beca simultáneamente con las dietas”, afirmó.
Reglamento es estricto
La normativa universitaria no prohíbe de forma automática que una persona estudiante reciba simultáneamente ayuda socioeconómica y dietas por representación estudiantil. No obstante, la permanencia de ambos beneficios depende del análisis que realice la Universidad sobre la condición de cada estudiante y los ingresos percibidos.
“A partir de este análisis, la permanencia simultánea de la beca socioeconómica y las dietas por participación en los órganos colegiados dependerá de la condición socioeconómica de cada estudiante y la suma de dinero mensual que represente esta participación”, indicó la OBAS.
La Oficina también advirtió que cuando una mejora en la situación económica no es reportada dentro del plazo establecido, la Universidad puede iniciar un proceso de revisión que contempla desde la devolución de recursos hasta la pérdida de beneficios.
Además de Fonseca, quien es estudiante de Psicología, la OBAS informó que el otro representante estudiantil ante el Consejo Universitario, Nickolas José Guevara Díaz, estudiante de Odontología, renunció a su beca socioeconómica el 14 de abril de 2026.
De acuerdo con información suministrada por el Consejo Universitario, a partir de mediados de febrero, Fonseca recibió ¢4.657.384,78 en dietas entre enero y mayo de 2026, mientras que Guevara percibió ¢4.849.524,83 durante el mismo periodo. Los montos corresponden a pagos por asistencia a sesiones y comisiones del ente colegiado.
Actualmente, cada dieta tiene un valor de ¢58.428,01 y se devengan por la participación en sesiones ordinarias, extraordinarias, comisiones permanentes, especiales y otras sesiones de trabajo convocadas por acuerdo del órgano, con un límite máximo de 20 dietas mensuales por representante.
Estudiantes renunciaron a la beca
Tras consultas de La Nación, la Oficina de Becas informó que Fonseca renunció formalmente a su beca socioeconómica el 11 de junio y que la solicitud fue tramitada un día después, es decir el 12 de junio.
Según la respuesta remitida, la estudiante comunicó que devolvería los beneficios complementarios recibidos durante marzo, abril, mayo y junio.
Consultada por este medio, Fonseca indicó que durante el primer ciclo lectivo de 2026 recibió ¢200.786 por concepto de beneficios complementarios, monto que aseguró ya reintegró en su totalidad a la Universidad.
La estudiante explicó que el 1.° de junio reportó a OBAS que seguía formando parte del sistema de becas socioeconómicas al percatarse de un depósito en su cuenta bancaria. Según relató, hasta ese momento asumía que había sido excluida del sistema tras haber iniciado la recepción de dietas como representante estudiantil.
“En el primer momento en el que realmente me di cuenta de la realidad, lo informé a la OBAS para el procedimiento de reporte en el cambio y reintegro del dinero”, afirmó.
Asimismo, reiteró que por un error de su parte omitió presentar la documentación requerida y no por una intención de mantener simultáneamente ambos beneficios.
Aunque ambos representantes estudiantiles recibieron dietas mientras mantenían una beca socioeconómica, Nickolas Guevara Díaz aseguró que reportó el cambio en su situación económica dentro del plazo establecido por la normativa universitaria.
Según explicó, el primer pago de dietas correspondiente a sus funciones como representante estudiantil fue tramitado a mediados de febrero de 2026, por lo que a partir de ese momento comenzó a correr el plazo de tres meses previsto en el Reglamento para informar sobre cambios.
Guevara indicó que comunicó la situación a la Oficina de Becas y Atención Socioeconómica (OBAS) el 14 de abril, por lo que, a su criterio, realizó el trámite dentro del periodo establecido por la Universidad.
“Yo hice todas las gestiones en tiempo y forma como correspondía”, afirmó.
El estudiante agregó que, a diferencia de Fonseca, la Universidad no le solicitó reintegrar montos asociados a la beca socioeconómica. Asimismo, señaló que fue excluido del sistema de becas mediante una resolución emitida por la OBAS tras reportar el cambio en sus ingresos.
Consejo Universitario no conocía situación
El director del Consejo Universitario, Keilor Rojas, aseguró a este diario que ese órgano no tenía conocimiento de la situación relacionada con la beca socioeconómica y las dietas recibidas por Fonseca.
Consultado sobre las eventuales consecuencias, Rojas indicó que correspondería analizar primero si existen indicios de alguna falta.
Según explicó, de determinarse la posible existencia de una infracción, lo procedente sería la apertura de un procedimiento disciplinario administrativo, para lo cual se conformaría un órgano director encargado de realizar la investigación y presentar un informe ante el pleno del Consejo Universitario.
Posteriormente, añadió, el órgano colegiado valoraría las conclusiones de la investigación y resolvería sobre la eventual aplicación de una sanción, de conformidad con lo establecido en la normativa universitaria.