La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) presentó una querella y una acción civil resarcitoria por ¢1 millón contra el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro, por el supuesto delito de incumplimiento de deberes.
La acción de la Procuraduría ocurre después de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) presentara el 30 de junio una acusación formal contra Araya Leandro y otorgara a la Procuraduría General de la República (PGR) el plazo legal para decidir interponer una querella —acusación particular— y una acción civil resarcitoria por eventuales daños y perjuicios.
El ¢1 millón que solicitó la Procuraduría se cobraría como daño social, detalló la oficina de prensa de la institución.
El abogado Gerardo Huertas, defensor de Carlos Araya Leandro, se refirió a dicha solicitud.
“Con respecto a la petición de la acción civil de ¢1 millón, de igual forma, es una petición antojadiza, que desconoce aspectos jurídicos fundamentales aquí y que creemos que más bien debería llevar a que no solo rechacen esa querella y acción civil, sino que condenen en costas a la Procuraduría por una actuación absolutamente ligera y así lo vamos a pedir en la audiencia preliminar”, comentó Huertas. Aún no hay fecha para esta audiencia que se realizaría en el Juzgado Penal de Hacienda.
Asimismo, confirmó que el 29 de julio, Araya Leandro rindió su declaración indagatoria en la Fiscalía por la presentación de la querella por parte de la Procuraduría.
El abogado agregó que la querella de la Procuraduría y la acusación del Ministerio Público son absolutamente temerarias e irresponsables “a nuestro juicio”.
“Fueron presentadas ignorando por completo todo lo que dijo don Carlos desde su primera declaración indagatoria y, además, dejando de lado temas jurídicos medulares que impiden que ese delito se configure. Es decir, el incumplimiento de deberes es imposible que se dé en ese caso por dos razones que la Fiscalía deja por completo de lado y la procuraduría simplemente copia lo que hizo la Fiscalía”, aseveró el abogado.
Supuesto incumplimiento de deberes
La pesquisa contra Araya se abrió el pasado 8 de abril y se tramita bajo el expediente judicial N.° 25-000134-1218-PE.
Según la oficina de prensa del Ministerio Público, la investigación fue abierta “luego de conocer la noticia publicada por La Nación titulada: Rector de la UCR se salvó de moción en su contra gracias a su propio voto”.
El 1.° de abril, Araya Leandro, quien asumió la rectoría de la UCR a inicios de este año, participó e incluso votó en una sesión del Consejo Universitario (CU) en la que se discutió una moción, presentada por la integrante, Ilka Treminio, para que el propio Araya se inhibiera de emitir criterio en los asuntos relacionados con las obras a cargo de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI), luego de las denuncias sobre supuestas irregularidades en la construcción de edificios universitarios financiados con un préstamo del Banco Mundial.
Dichas obras se realizaron durante la gestión de Araya como vicerrector de Administración, desde el 2012, y como rector de transición en el 2020.
En esa moción también se le instaba a Araya a abstenerse de pronunciarse sobre un informe en específico, el OCU-167-2025. Ese documento motivó al CU a presentar una denuncia ante la Fiscalía por problemas de diseño y vicios ocultos en varios edificios.
Además, desde febrero, el Ministerio Público había allanado las oficinas de la UCR y había ordenado la detención temporal de dos funcionarios por el caso del Ciclotrón, construcción que también figuraba entre las obras con presuntas irregularidades.
Al momento de votar la moción, seis integrantes del Consejo lo hicieron a favor de que el rector se inhibiera y seis votaron en contra, incluido el propio jerarca. Gracias a ello, la iniciativa no se aprobó.
Como la votación resultó en un empate, la directora del Consejo, Patricia Fumero, emitió su voto de calidad, lo cual agregó uno más a quienes estuvieron en contra de la moción.
El rector de la UCR argumentó que, el 31 de marzo, él ordenó intervenir la OEPI y que esta oficina dependa jerárquicamente de la Vicerrectoría de Administración. Agregó que la rectoría se abstendría de participar en el proceso, por lo que, en su criterio, eso equivalía a una inhibitoria.
“Vuelvo a insistir: qué sentido tiene que votemos algo que ya lo dice la resolución de ayer. Más allá del titular en los medios de comunicación más tarde, ¿qué pretendemos?”, dijo Araya esa vez.
Según el abogado Huertas, su representado no habría incumplido deberes por esa razón: alega que “don Carlos ya se había inhibido desde el día antes de la votación de la moción que lo exhortaba para no pronunciarse sobre nada que tuviera que ver con el financiamiento de infraestructura de edificios de la UCR”.
Como segunda razón, señaló que Araya no estaba incumpliendo ninguna obligación legal porque “la moción era solo una exhortativa, no era obligación, era una recomendación que le hacían de que se inhibiera”
“Él, al decir que no, explica que no porque había una resolución con la cual, él se había separado y había delegado la competencia de conocer los proyectos de infraestructura. Entonces por eso le digo que desde el punto de vista jurídico es absolutamente inviable y temeraria la acusación tanto del Ministerio Público como de la Procuraduría y eso es lo que vamos a ir a tratar de demostrar en la audiencia preliminar”, reiteró el defensor.