La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) presentó el 30 de junio una acusación formal contra el rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro, por el presunto delito de incumplimiento de deberes.
La pieza acusatoria fue comunicada a las partes y en un plazo de 13 días será remitida al Juzgado Penal de Hacienda con la solicitud de apertura a juicio, precisó el Ministerio Público en un comunicado de prensa, este miércoles.
Los hechos investigados ocurrieron el 1.° de abril de este año, durante una sesión ordinaria del Consejo Universitario.
En esa ocasión, una miembro del Consejo presentó una moción para que el rector se inhibiera de participar en temas relacionados con la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones de la UCR, ante la posibilidad de un conflicto de interés.
No obstante, Araya habría votado en contra de dicha moción, cuando lo procedente era abstenerse, ya que la discusión lo aludía directamente.
La causa, registrada bajo el expediente 25-000134-1218-PE, fue comunicada el lunes a la Procuraduría General de la República, a la cual se le otorgó el plazo legal para decidir si presentará una querella —acusación particular— y una acción civil resarcitoria por eventuales daños y perjuicios.
Una vez concluido el periodo de notificación a las partes, el expediente será trasladado al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, junto con la solicitud de apertura a juicio, reiteró la Fiscalía.
El incumplimiento de deberes en penado en el artículo 339, del Código Penal, con una inhabilitación de uno a cuatro años al “funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuando esté obligado a hacerlo”.
‘No he cometido delito alguno’
Tras consulta de La Nación, el departamento de comunicación de la UCR remitió un comunicado de prensa, firmado por Araya Leandro, en el que señala que “la acusación presentada por la Fiscalía es absolutamente equivocada y me mantengo con la tranquilidad de saber que soy completamente inocente de todos esos hechos”.
“Será en la audiencia preliminar, como corresponde, donde ejerceré mi defensa en contra de esa acusación, con la confianza de que quedará claro que no he cometido delito alguno”, afirmó el rector.
En abril, la FAPTA abrió la investigación de oficio contra el rector por el presunto delito de incumplimiento de deberes.
Según la oficina de prensa del Ministerio Público, la investigación fue abierta “luego de conocer la noticia publicada por La Nación titulada: "Rector de la UCR se salvó de moción en su contra gracias a su propio voto”.
La pesquisa se abrió el 8 de abril y se tramita bajo el expediente judicial N.° 25-000134-1218-PE.
El 1.° de abril, Carlos Araya Leandro, quien asumió la rectoría de la UCR a inicios de este año, participó e incluso votó en una sesión del Consejo Universitario (CU) en la que se discutió una moción, presentada por la integrante, Ilka Treminio, para que el propio Araya se inhibiera de emitir criterio en los asuntos relacionados con las obras a cargo de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones (OEPI), luego de las denuncias sobre supuestas irregularidades en la construcción de edificios universitarios financiados con un préstamo del Banco Mundial.
Dichas obras se realizaron durante la gestión de Carlos Araya Leandro pero como vicerrector de Administración, desde el 2012, y como rector de transición en el 2020.
En esa moción también se le instaba a Araya a abstenerse de pronunciarse sobre un informe en específico, el OCU-167-2025. Documento que motivó al CU a presentar una denuncia ante la Fiscalía por problemas de diseño y vicios ocultos en varios edificios.
Además, desde febrero, el Ministerio Público había allanado las oficinas de la UCR y había ordenado la detención temporal de dos funcionarios por el caso del Ciclotrón, construcción que también figuraba entre las obras con presuntas irregularidades.