EscucharEl rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya Leandro, nombró como director del Centro de Informática a un funcionario que él mismo había sancionado hace cinco años.
Lo sancionó luego de que el propio funcionario de apellidos Castro Mattei solicitó el descongelamiento de una plaza, inició el concurso, participó en este y quedó elegido en el 2020.
Antes del nombramiento hecho por el rector, el funcionario trabajaba como profesional C, justamente en el puesto en el que resultó nombrado tras el descongelamiento de la plaza, según confirmó su abogado Gerardo Huertas.
El nombre del personero aparece ahora en la circular firmada por el rector Araya Leandro, en la que señala que las personas que liderarán las vicerrectorías, la secretaría académica y las jefaturas de oficinas administrativas tienen cualidades académicas, de gestión y de honorabilidad que son circunstanciales a los puestos.
La tarde del 2 de abril, La Nación contactó a Carlos Araya Leandro para consultarle sobre este nombramiento; sin embargo, solicitó que la consulta se enviara a la dirección de la oficina de comunicación. Así se hizo y no se obtuvo respuesta.
La sanción
En un oficio, del que este medio tiene copia, Araya Leandro, quien fue rector de transición en el 2020, le comunicó a Mattei que había recibido el informe de la Oficina Contraloría Universitaria (OCU) en el que se presentaba la Relación de Hechos por Incumplimiento al deber de abstención y debilitamiento del sistema de control interno (...) para el nombramiento en propiedad en una plaza de Profesional C en el Centro de Informática cuando él era jefe de ese departamento.
En dicho informe, la OCU concluyó que su participación en las primeras etapas del concurso debilitaron el sistema de control interno por incumplimiento al deber de abstención.
“Tenía interés directo, causal que le obligaba a separarse de cualquier trámite relacionado con este asunto”, escribió el rector Araya en el oficio R-6038-2020 de octubre del 2020.
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Araya le comunicó que la rectoría coincidía con la Contraloría Universitaria y que resolvía imponerle una sanción de amonestación escrita.
Para el rector, esa fue la sanción adecuada porque, alegó, la participación del funcionario no estaba prohibida. Esa vez, le solicitó que tomara en cuenta lo dicho por la Contraloría con respecto al deber de abstención y que lo aplique sin excepción a los procedimientos de su cargo.
Alerta de la OCU
En el 2019, según detalla el informe de la Contraloría, Castro Mattei solicitó la autorización de la Vicerrectoría de Administración, puesto ocupado por Carlos Araya en ese momento, para el descongelamiento permanente de la plaza No. 2016, de Profesional C, luego de que la funcionaria que la ocupaba se jubilara.
El mismo documento relata que, luego de que se descongelara la plaza, se evidenció que la petición fue aprobada y remitida a la Oficina de Recursos Humanos por el mismo Castro Mattei, que en ese momento era el superior jerárquico del Centro de Informática.
Luego de todo el proceso que implica el concurso interno, la Unidad de Reclutamiento y Selección hizo el traslado a la Rectoría, superior jerárquico del Centro de Informática, para la selección de la nómina, conformada por ocho candidatos elegibles, entre ellos, el propio Castro.
Poco después, la Contraloría Universitaria recibió tres denuncias en relación con la participación del funcionario en este concurso. Más tarde, el órgano contralor remitió a la Rectoría un oficio en el que decía que, antes de seleccionar a la persona que ocupara la plaza, valorara “los posibles riesgos que podrían afectar la transparencia e imparcialidad del proceso si se elegía a Castro”.
No obstante y, tras el proceso de selección, la Rectoría nombró a Castro para ocupar en propiedad la plaza 2016 de Profesional C, en Desarrollo y Gestión de Servicios y Productos, del Centro de Informática. La decisión se comunicó posteriormente a la Oficina de Recursos Humanos. En ese momento, el rector era Henning Jensen Pennington.
La Nación intentó conversar con Jensen para consultarle acerca de la selección de Castro para este puesto en el 2020; sin embargo, no fue posible localizarlo.
Denuncia ante la Fiscalía
Este medio también buscó a Castro Mattei para conversar de su nombramiento, no obstante, remitió contactar a su abogado Gerardo Huertas, quien confirmó que el nombramiento del funcionario en el puesto de confianza está siendo investigado por la Fiscalía. El defensor comentó que la causa estaría relacionada con que Castro se habría autonombrado en el puesto de confianza.
“Todo lo que se manifiesta en esa denuncia es realmente falso y lo podemos demostrar con la prueba en el momento en el que seamos citados. Esa denuncia es absolutamente temeraria, tiene tintes políticos, hay trasfondo que viene de grupos opositores al actual rector y a funcionarios que trabajan cercanos a él. Por eso es que Castro Mattei se apersonó y yo me apersoné como su defensor, de oficio, sin que tuvieran que citarnos, porque somos nosotros los que queremos aportar elementos y aclarar el panorama”, dijo Huertas.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó a este medio que existe una investigación bajo la causa 25-000035-1218-PE.
Huertas agregó que Castro fue elegido “objetivamente” y que fue quien tenía “las mejores notas” en todos los rubros.
