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El presidente del Colegio de Abogados de Costa Rica, Miguel Arias Maduro, salió al paso de las críticas recibidas por la baja tasa de aprobación en el examen de admisión realizado en abril pasado.
“Yo no puedo mandar a la calle a un profesional que no demuestre que esté bien preparado, independientemente de las causas que sean. Porque yo no sé si usted se arriesgaría a operarse con un doctor que pasó un examen de incorporación en el Colegio de Médicos con una nota de 50. O sea, ¿debería contratar un abogado para que le lleve un proceso que significa el patrimonio de toda su vida, cuando esa persona aprobó una nota de 50? Yo voy a buscar al profesional más calificado″, afirmó Arias.
Solo 13 de 1.123 personas aprobaron el más reciente examen de admisión del Colegio de Abogados de Costa Rica.
“El examen está elaborado concienzudamente, técnicamente. No es un examen diseñado para que la gente no lo pase (...) El examen no es un examen de doctorado. Está diseñado para que una persona que pasó cinco años estudiando en una universidad lo apruebe”, dijo el jerarca del Colegio de Abogados.
Arias Maduro dijo que la “demostración” de que la prueba no está hecha para que las personas se queden es que “hay gente que lo aprueba”.
Detalló que lanzaron una convocatoria a los directores de carrera de universidades para que, en conjunto, analicen el tema y lleguen a una “solución consensuada, que es lo que tenemos que trabajar fuertemente para resolver esta situación”.
Anunció, además, un análisis exhaustivo de la prueba a lo interno del Colegio de Abogados, específicamente con el Comité de Excelencia Académica, para revisar resultados, estructura y preguntas.
“El Colegio no es llamado a preparar a los postulantes. En el Colegio de Abogados y Abogadas somos llamados a vigilar la adecuada preparación de los postulantes. A nosotros no nos corresponde prepararlos”, defendió.
El presidente del Colegio de Abogados negó que la aplicación del examen de incorporación genere ganancias para la institución. Aseguró que el proceso implica un alto costo operativo y logístico, debido al pago de personal, alquiler de sedes, impresión de pruebas, equipos, supervisión y traslado de funcionarios a distintas zonas del país, por lo que el Colegio no obtiene beneficios económicos con la prueba.
Además, rechazó las críticas sobre un supuesto negocio alrededor del examen y de los cursos vinculados a este proceso, como el de Deontología. Señaló que la organización de la prueba y de las capacitaciones requiere contratar profesionales y cubrir costos administrativos, por lo que, según indicó, los recursos recaudados se destinan a financiar la operación y no a generar lucro para la institución.
“Si me demuestran que el examen fue hecho de manera ilegal o arbitraria, probablemente acojamos una nulidad, pero pedir la nulidad por nulidad porque se perdió el examen no es una razón válida”, cerró Arias.
