El ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, defendió el compromiso asumido ayer por el Gobierno y por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) con los sindicatos, el cual mantiene intactos los pluses de los 57.000 trabajadores de la institución, mientras un tribunal resuelve el conflicto salarial.
El acuerdo, que a su vez permitió que los sindicatos levantaran el movimiento de huelga que duró ocho días y afectó servicios de salud, fue avalado en su totalidad por el presidente de la República, Carlos Alvarado.
Así lo aseguró Mora, al justificar que tanto el mandatario como él, coincidían en la necesidad de poner fin a la protesta con el objetivo de que se restituyeran los servicios de salud afectados y que los asegurados pudieran tener acceso de nuevo a la salud.
“El presidente y este servidor, como ministro de la Presidencia; particularmente yo que estuve ahí (en las negociaciones), coincidíamos y estábamos absolutamente de acuerdo en la necesidad de impulsar una terminación de la huelga para resolver el tema humano”, sostuvo Mora.
En ese sentido, por casi una hora, desde un podio de Casa Presidencial, el jerarca de la Presidencia destacó que lo negociado no derivó en un aumento salarial o en la revisión de los pluses de los trabajadores, como ha ocurrido con anteriores huelgas en la Caja.
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Más bien, en su criterio, no se negoció la aplicación del apartado sobre empleo público contenido en la reforma fiscal para nuevos trabajadores de la institución.
A partir de su vigencia, en diciembre anterior, ese capítulo establece un rigor en la evaluación del desempeño de los empleados y limita el crecimiento de los incentivos salariales.
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A pesar de ese mandato, el presidente ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, suscribió un acuerdo el pasado 20 de febrero con los sindicatos, en el que la institución se comprometió a mantener los privilegios salariales.
Mora justificó que ese convenio, cuya legalidad será definida por los tribunales, recoge la interpretación jurídica que hasta ese momento había en la Caja sobre la aplicación de la reforma fiscal.
No obstante, explicó, en mayo el Gobierno emitió otro decreto que revierte esa interpretación.
Según el jerarca, lo acordado este lunes con los sindicatos “fue un tema de tiempo”, al explicar que se decidió acudir a un tercero –en este caso a los tribunales– para que defina si esas normas sobre empleo público aplican para los beneficios que los trabajadores tenían desde antes de la reforma tributaria.
“Si algo se negoció para terminar la huelga fue tiempo”, insistió Morales.
Explicado lo anterior, el ministro negó que el Gobierno muestre debilidad con la firma de este compromiso. Más bien, afirmó, el Poder Ejecutivo seguirá impulsando en el Congreso proyectos de ley como la reforma al empleo público y el respaldo a la iniciativa que regula el derecho a huelga, impulsada por el Partido Liberación Nacional (PLN).
Recordó que este gobierno es el mismo que el año pasado lidió con una huelga en el sector público que duró tres meses, mientras impulsaba en el Congreso la reforma fiscal. Dicho movimiento, asegura Mora, le dejó al gobierno un alto costo político.
El jerarca terminó su intervención con el siguiente mensaje:
“Nosotros estamos siempre en el ánimo de agotar y de trabajar con los diferentes sectores de la sociedad para evitar una huelga o un movimiento de presión.
"Cuando estos se den, nosotros vamos aplicar la ley en lo que corresponda. Vamos agotar los procedimientos de diálogo para que se puedan terminar con esos movimientos, de manera que la afectación a la cuidadanía sea lo menor posible, pensando siempre en el interés del ciudadano”.
El acuerdo asumido el lunes con los sindicatos ocurrió luego de que la huelga provocara la suspensión de 68.000 citas médicas de asegurados y la pérdida de 1.400 cirugías programadas. Además, la familia del químico Mario Castro Calvo, de 48 años, denunció que su muerte, la semana anterior, ocurrió por falta de una pronta atención en el hospital de Alajuela.
