Un vendedor que utiliza su carro propio para visitar clientes debe pagar, desde el 17 de junio, un sobreprecio cada vez que llena el tanque de gasolina con el fin de subsidiar a quienes utilizan vehículos con motor de diésel.
Lo mismo le ocurre a la mayoría de los taxistas y choferes de Uber y DiDi, así como a los propietarios de casi 175.000 motocicletas -incluidos los repartidores de comida- y a todo aquel que utiliza un auto de gasolina para trabajar o ir al trabajo.
Entre todos, los consumidores de gasolina han pagado en este mes y medio ¢8.142 millones para subsidiar a los de diésel.
En este último grupo, si bien están los buses y la mayoría de automotores de carga, también hay 81.000 autos livianos.
En el país, hay un millón de autos de gasolina y 300.000 de diésel. Sin embargo, estos últimos producen el 50% de las emisiones de dióxido de carbono del transporte en el país.
El subsidio obedece a un decreto publicado por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el cual giró una instrucción a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
Así se calculó el subsidio
A mediados de junio, la Aresep iba a aplicar rebajas de ¢86 y ¢74 por litro en las gasolinas súper y regular, respectivamente, producto de una nueva fórmula para calcular las tarifas de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), con base en costos reales.
No obstante, el decreto ordenó trasladar esos ahorros al diésel en dos tractos de manera que, en una primera instancia, los usuarios de este combustible percibieran una rebaja de ¢100 por litro.
Para aplicar el subsidio, la Aresep entonces multiplicó la subvención que aportaría cada gasolina por las ventas estimadas de cada combustible para el mes de junio. El cálculo arrojó ¢4.138 millones en el caso de la súper (48 millones de litros) y ¢4.004 millones en la regular (casi 54 millones), para un total de ¢8.142 millones.
Luego, la Autoridad Reguladora dividió los ¢8.142 millones entre el total de ventas estimadas de diésel (casi 96 millones de litros). Esta operación dio un subsidio de ¢85,1 por litro.
El siguiente paso fue dividir el subsidio en dos, según la resolución RE-0038-IE-2022 de la Aresep.
Así, los usuarios de gasolina se quedaron sin rebajas y, el 17 de junio, entró a regir un primer subsidio de ¢19,7 para que los usuarios de diésel percibieran una disminución total de ¢100 como lo pidió el decreto, en vista de que el precio de este combustible también bajó ¢80,3 por el cambio de cálculo tarifario.
Posteriormente, el 3 de julio, al entrar en vigor la siguiente fijación tarifaria, la Aresep aplicó los ¢65,4 restantes como subsidio al diésel.
Entonces, actualmente, cada vez que un usuario de gasolina compra 40 litros de súper, por ejemplo, le pasa ¢2.600 a los de diésel.
La tarifa subsidiada al diésel culminará esta primera semana de agosto, cuando entre a regir un importante incremento en los precios de todos los hidrocarburos.
El diésel tendrá el mayor aumento al pasar de ¢873 a ¢1.004 por litro, mientras que la gasolina súper subirá de ¢1.016 a ¢1.104.
La Aresep afirmó que el beneficio al diésel solo puede implementarse temporalmente, mientras que Presidencia insiste en hacerlo de forma indefinida.
¿Quién subsidia a quién?
Cuando anunció la medida, en conferencia del 4 de junio, el mandatario Rodrigo Chaves alegó que, ante los incrementos en los precios internacionales de los combustibles, se hace necesario subsidiar el diésel, combustible que mueve la producción, así como a las personas que usan transporte público.
“Le estamos sugiriendo a Aresep que, por favor, toda la baja que va a tener ese cambio de metodología se la ponga al diésel, porque ahí es donde está el costo de los pasajes, el costo de traer la comida desde San Carlos o la zona sur a la Gran Área Metropolitana”, afirmó Chaves.
Mediante una columna de opinión publicada en este medio, el 19 de junio, el economista y exregulador general (2010-2016), Dennis Meléndez Howell, cuestionó la medida.
“Con eso no solamente se distorsionan los precios relativos de toda la economía, provocando una mala asignación de los recursos y el consumo, sino que se castiga, inmerecidamente, a los usuarios”, escribió Mélendez.
Según su criterio, “la gasolina usada para asistir a los sitios de trabajo es una actividad productiva”. Además, también hay empresas y personas que usan vehículos de gasolina para producir. Un ejemplo muy común en estos días son los motociclistas repartidores de plataformas digitales o hasta los mismos taxistas, que forman parte del transporte público.
En la memoria anual de la Revisión Técnica Vehicular (Riteve) de 2021 se detalla el tipo de combustible que utiliza cada automotor registrado en Costa Rica. De acuerdo con el documento, un 76,5% de los propietarios de vehículos estarían subsidiando el combustible de un grupo que representa el 22,9%.
Del total, poco más de un millón de vehículos son de gasolina (76,5%), mientras que solo 300.000 son de diésel (22,9%). También hay otros 3.874 autos duales (gas glp o gas glp y gasolina), 2.138 híbridos y 1.324 eléctricos.
A su vez, la flota vehicular de diésel, cuyos propietarios reciben directamente el beneficio económico del subsidio financiado por la gasolina, está compuesta por un 39,4% de vehículos de carga liviana, un 27% de automóviles y un 8,2% de carga pesada.
La otra parte de la flota la componen cabezales (3,7%), vehículos de transporte de estudiantes (3,25%), transporte público (2,91%), transporte de turismo (2,33%), taxis (2,1%), transporte de productos peligrosos (1,89%), servicios especiales (1,73%) y otros (7,56%).
Asimismo, otro elemento relevante es que los vehículos de diésel son los que más emisiones de dióxido de carbono emiten al ambiente.
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De acuerdo con el Informe del Estado de la Nación 2020, para ese año los vehículos de diésel representaban un 20% de la flotilla vehicular costarricense.
Pese a que es una pequeña proporción en relación con el total de automotores, los vehículos de diésel fueron responsables de emitir el 50,8% de CO₂, frente a un 49,2% de emisiones de los autos de gasolina, que representan el 80% del parque automotor.
