En la nota, firmada por el presidente del Consejo Universitario de la UNA, José Carlos Chinchilla, se afirma que hay varios aspectos del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que “violentan la autonomía universitaria” y que esos puntos se deben excluir del expediente 20.580.

Según el critero acogido por la UNA, hay varios vicios de inconstitucionalidad en la iniciativa tributaria y estos generan que la Universidad Nacional no apoye el proyecto de ley.

“Si bien esta medida a mediano plazo favorece la planificación presupuestaria, también impacta el crecimiento de las remuneraciones de los trabajadores”, dice el pronunciamiento sobre el capítulo del proyecto que limita el crecimiento de los pluses salariales, como dedicación exclusiva, prohibición y los pagos por anualidades.

“Esta modificación no debe ser aplicable a las universidades estatales, ya que estas instituciones gozan de independencia de gobierno, tal y como lo establece el artículo 84 de la Constitución Política”, argumenta el Consejo Universitario de la UNA.

Ese artículo constitucional, dice lo siguiente: “La Universidad de Costa Rica es una institución de cultura superior que goza de independencia para el desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. Las demás instituciones de educación superior universitaria del Estado tendrán la misma independencia funcional e igual capacidad jurídica que la Universidad de Costa Rica”.

Además, las autoridades de esa universidad afirman que hay una violación al artículo 85 de la Constitución, donde se establecen las rentas propias que el Estado debe asegurarles a las universitades estatales.

Dicha violación deriva, según la UNA, de la intención del proyecto fiscal de eliminar dos artículos de la ley 6450, el 3 y el 3 bis, pues dicha normativa establece el envío de montos específicos de la recaudación del impuesto sobre la renta a las universidades estatales y varias de sus sedes.

De acuerdo con la Universidad Nacional, esa ley le asigna rentas propias a los centros de educación superior y, en consecuencia, eliminar esos destinos violentaría el artículo constitucional que impide la reducción de las rentas a las universidades.

“Las rentas de ese fondo especial (Fondo Especial para la Educación Superior) no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan”, dice la norma constitucional alegada por las autoridades de la UNA.

“Para la Universidad Nacional, en el 2019, dichas rentas ascienden a ¢2.225,9 millones, de los cuales ¢257,3 millones (11,54%) están destinados a la sede Brunca e igual cantidad para la sede Chorotega. De aprobarse el proyecto de ley 20.580, la Universidad Nacional tendría ese faltante en el Presupuesto 2019 recién aprobado (plan de gastos aún en trámite en el Congreso), salvo que, como corresponde según la adenda supracitada, esta se haga efectiva, en cuyo caso el gobierno deberá girar dichos recursos, para el año 2019 y siguientes”, dice el documento enviado al Congreso.

Las objeciones de esa casa de estudios contra la reforma fiscal no terminan ahí, pues además piden a los diputados exceptuar a las instituciones de “atención social” de la aplicación de la regla fiscal y, además, incluir un mecanismo para la devolución a las universidades de los montos que paguen por el impuesto al valor agregado (IVA) del 2% en sus compras de bienes y servicios.

No obstante, ya los rectores habían firmado un acuerdo con el Gobierno en ese sentido.

Contra red de cuido e INA

Según el reclamo de la Universidad Nacional, la intención del Gobierno de incluir los recursos destinados a la Red de Cuido y al Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) es, también, inconstitucional.

La intención del Poder Ejecutivo es que esos recursos se contabilicen dentro del 8% que, por mandato constitucional, se deben destinar a la educación.

Sin embargo, el criterio de ese Consejo Universitario es que no se puede incluir dichos rubros en ese porcentaje.

“Para el año 2017, el presupuesto del INA fue de ¢136.453 millones y representó el 0,41% del PIB y el presupuesto de la Red de Cuido fue de alrededor de ¢30.000 millones, representando un 0,09% del PIB. Esta inclusión implicaría que se habría superado la meta de dedicar el 8% del PIB a la educación pública nacional, lo cual lesiona el financiamiento de la educación superior”, argumenta el presidente del Consejo Universitario en su carta.

Según la UNA, ya la Sala Constitucional se había referido negativamente a la intención de incluir los fondos para el INA en el porcentaje constitucional para la educación, en el voto 6416-2012. En ese voto, de hecho, se establece que dicha institución no se puede contemplar bajo los parámetros de la educación estatal tutelada por el artículo 78 de la Constitución.