El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) retuvo ¢355 millones al Partido Nueva República (PNR) debido al embargo solicitado por el empresario Rafael Ángel Zamora Fernández, dueño de las empresas Pedregal. Él reclama ¢502 millones a la agrupación del excandidato presidencial y actual diputado, Fabricio Alvarado Muñoz, por no pagar lo que, afirma, es un préstamo concedido para financiar la campaña electoral del 2022.
La disputa se da porque el 21 de diciembre del 2021, de cara a las elecciones del 6 de febrero del 2022, Zamora giró un cheque por ¢300 millones. Él adujo que fue un crédito pagadero a un mes para gastos del partido. Alvarado, por el contrario, alegó que Zamora “compró bonos de deuda política”. Por el impago, el empresario de 62 años dedicado a negocios de construcción, eventos y ganadería, planteó el embargo que La Nación dio a conocer el 24 de enero del 2023.
El dinero retenido por el TSE corresponde a la contribución estatal adquirida por Nueva República gracias a sus resultados electorales. Esa contribución, llamada deuda política, se destina a sufragar sus costos de operación. En la primera ronda electoral, Alvarado quedó en tercer lugar en las presidenciales y obtuvo siete diputados, incluido él por su doble postulación.
De los ¢355 millones congelados, el TSE depositó ¢276 millones en una cuenta a nombre del Juzgado de Cobro de Heredia, en donde el dueño de Pedregal presentó el cobro judicial. Esta cantidad de dinero proviene de seis liquidaciones de gastos presentadas por el PNR al órgano electoral para obtener su reembolso.
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Los ¢79 millones restantes corresponden a una resolución publicada el lunes 20 de mayo en el diario oficial La Gaceta por los gastos del periodo octubre-diciembre de 2023. Sin embargo, estos ¢79 millones quedaron congelados en la Tesorería Nacional porque Nueva República incumplió el requisito de publicar sus informes financieros auditados junto con la lista de contribuyentes para ser publicados en el sitio web del TSE, como lo exige el artículo 135 del Código Electoral. El plazo venció desde el 30 de octubre de 2023.
“Esto es una obligación que está en la ley, en el Código Electoral. Si el partido no ha cumplido con eso, por más que se reconozca el dinero, se retiene hasta que cumpla con ese requisito”, detalló Andrei Cambronero, vocero del TSE.
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Una vez que el partido cumpla con ese requisito, los fondos se depositarán también en las cuentas del Juzgado de Cobro de Heredia, a la espera de resolución del cobro del dueño de Pedregal. De esta forma, al partido le quedará un saldo pendiente de ¢147 millones, que podría descontarse de nuevas liquidaciones de gasto de la contribución estatal.
La orden de embargo por ¢502 millones (que incluyen ¢300 millones del préstamo, más ¢202,4 millones por intereses y costos del proceso) fue emitida el 9 de enero de 2023 por el Juzgado de Cobro de Heredia dentro del expediente n.° 22-007983-1158-CJ, ante la denuncia interpuesta por Hacienda Solimar S. A., cuyo propietario es Zamora Fernández.
Después de las elecciones del 2022, Nueva República quedó con una reserva para afrontar gastos permanentes de ¢297 millones, de los cuales ¢17 millones pertenecen al rubro de capacitación y ¢280 millones a gastos de organización.
Tras la última resolución, Fabricio Alvarado, presidente del PNR, y César Zúñiga Ramírez, tesorero, indicaron al departamento de Financiamiento de Partidos Políticos que no tenían objeciones a los resultados del informe técnico del TSE y solicitaron la firmeza del acto. Así consta en el documento publicado en el diario oficial La Gaceta.
La Nación intentó conocer la opinión de Alvarado, a quien se le buscó por distintos medios; sin embargo, al cierre de la publicación no dio respuesta.
En ocasiones anteriores, el partido político ha alegado que la operación del dueño de Pedregal no se trató de un préstamo, sino de una compra de bonos “como un negocio de riesgo legal”. Ante el TSE, el PRN registró que Zamora adquirió bonos de deuda política de la campaña por ¢345 millones, el 21 de diciembre del 2021. En detalle, él depositó ¢300 millones y los restantes ¢45 millones fueron un descuento que le hizo el partido por el riesgo de la inversión.
Los bonos adquiridos por Zamora no adquirieron valor alguno después de las elecciones, debido a que la cantidad de votos obtenida por el PNR no alcanzó para cubrir esta serie.
Pero el dueño de Pedregal insistió en que fue un préstamo que debía pagarse a inicios del 2022. Afirmó que él “jamás hubiera aceptado” que le pagaran con bonos de clase B. “Era un préstamo puente, para que pudieran pagar los compromisos que tenía Nueva República”, dijo el 4 de diciembre pasado ante diputados que investigaron el financiamiento a partidos políticos en la campaña del 2022. Zamora afirmó que la garantía del préstamo fue un pagaré el cual firmaron Francisco Prendas Rodríguez, presidente del partido durante la campaña y candidato a diputado. También aparecen como fiadores el tesorero César Zúñiga Ramírez e Iván Barrantes, quien fue asesor de campaña de Alvarado.
Como el partido no canceló en la fecha acordada, intentó llegar a un acuerdo de pago, pero no lo logró, afirmó. De ahí que pidió el embargo.
En la misma comparecencia ante diputados, Zamora aseguró que los ¢300 millones provenían de una deuda que adquirió con la sociedad Hacienda Solimar, únicamente con el fin de prestar el dinero a Nueva República.
“Los fondos son de una empresa, me los presta a mí, donde yo soy representante de esa empresa, me los presta por unos días, porque esa empresa estaba haciendo unas inversiones y tenían que esperar a que llegaran unos techos y unos pedidos y me dice ‘bueno yo lo puedo prestar por unos días’ y así está documentado ante el TSE. Esa empresa, para hablarlo con nombre y apellido, Hacienda Solimar S. A., me presta los ¢300 millones, yo firmo una letra. En esos mismos días le habían hecho un préstamo a la Hacienda por $1 millón para financiar la compra de estos techos”, indicó Zamora.
La comisión de diputados que investigó el financiamiento a partidos emitió su informe final el 29 de enero pasado, donde recomendó al Ministerio Público indagar el crédito de ¢300 millones. Los legisladores cuestionaron “la posible utilización de una doble garantía”, en el sentido de que el PNR entregó bonos de deuda política a Zamora, pero a la vez las autoridades partidarias le firmaron un pagaré por el préstamo.
Diputados de cuatro fracciones señalaron, además, que el dinero provino de Solimar S. A., por lo que estiman pertinente que se amplíe la investigación para determinar si se violó la prohibición de aportes de personas jurídicas, fijada en el artículo 128 del Código Electoral.
