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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) emitió un criterio que establece un plazo máximo de 10 años para que los partidos políticos utilicen el dinero estatal que les queda como reserva para gastos de organización y capacitación.
De esta forma, el dinero no utilizado ya no permanecerá indefinidamente en las arcas de la Tesorería Nacional a la espera de que los partidos soliciten su reembolso, sino que será reintegrado el erario público.
Actualmente, el Estado mantiene ¢7.200 millones en reservas para 13 partidos, aunque algunos están inactivos del todo en la vida política nacional.
Tal es el caso de ¢117 millones reservados para e Movimiento Libertario, partido que cayó en inactividad total en el 2018, o de ¢14 millones a nombre del Partido Unión Agrícola Cartaginés (PUAC), del cuatro veces diputado José Guillermo Cachimbal Brenes Castillo, que participó por última vez en unas elecciones en el 2010.
La reserva para gastos de organización y de capacitación es un porcentaje de la deuda política que los partidos reciben por la cantidad de votos obtenidos en las elecciones nacionales, y que deciden guardar para ese fin. El porcentaje lo define cada grupo en su estatuto.
Las agrupaciones solo pueden acceder a estos recursos mediante el sistema de comprobación de gastos y reembolso. Es decir, deben hacer sus gastos y, luego, pedir el reembolso al TSE.
Mientras tanto, nadie puede tocar el dinero y, antes, ni siquiera el Estado podía recuperar los fondos inutilizados, pues el Código Electoral del 2009 no estableció un plazo específico para acceder a los recursos, por lo que se interpretaba que el fondo podría permanecer para siempre en las arcas estatales.
Sin embargo, ahora esto cambió con la resolución N.° 5686-E8-2020, del 15 de octubre pasado, en la que los magistrados electorales determinaron que la interpretación anterior afectaba principios jurídicos superiores, principalmente el de seguridad jurídica.
Según la resolución, el hecho de que el derecho a ese reembolso no esté sujeto a plazo afecta la seguridad jurídica, puesto que no existía un plazo a partir del cual "los montos reservados pueden ser liberados para su redireccionamiento a la atención de otros intereses públicos”.
Los magistrados del TSE se basaron en el artículo 868 Código Civil, donde establece que la posibilidad de exigir un pago está sujeta a un plazo determinado, el cual prescribe a los 10 años.
De los partidos que hoy están activos, Restauración Nacional (PRN) tiene la mayor reserva, con ¢3.208 millones guardados en el Estado.
Después de Restauración, aparece en segundo lugar el Partido Acción Ciudadana (PAC), con ¢1.551 millones.
Les siguen el Partido Liberación Nacional, con ¢695 millones; el Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), con ¢557 millones; y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), con ¢521 millones.
Según la Carta Magna costarricense, el Estado debe destinar a la deuda política el equivalente a un 0,19% del producto interno bruto (PIB) del año trasanterior a cada elección nacional, lo que equivale a unos ¢65.500 millones para los comicios del 2022.
En las últimas contiendas, los diputados bajaron ese porcentaje a un 0,11% mediante medidas transitorias.
Para las próximas elecciones presidenciales, los congresistas oficialistas y de oposición buscan bajar aún más ese porcentaje a un 0,10 del PIB, unos ¢34.500 millones, debido a la crisis fiscal que afronta el país.
Para las elecciones nacionales, solo acceden al aporte estatal las agrupaciones que hayan recibido al menos un 4% de los votos válidos emitidos o que hayan obtenido un diputado.
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