El Partido Unión Agrícola Cartaginés (PUAC), del cuatro veces diputado José Guillermo Brenes Castillo, conocido como Cachimbal, participó por última vez en unas elecciones en el 2010.
Cachimbal falleció en el 2011 y, dos años más tarde, el PUAC no logró reunir suficientes personas para renovar su estructura, por lo que no pudo participar en los comicios del 2014; desde entonces, desapareció del panorama político.
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No obstante, a pesar de la inactividad electoral del partido de Cachimbal, el Ministerio de Hacienda todavía custodia, en la Tesorería Nacional, ¢14 millones a la espera de que Unión Agrícola Cartaginés los solicite para reembolsar sus gastos de operación.
Nadie puede tocar este dinero, ni siquiera el Estado puede recuperarlo. Los ¢14 millones se podrían quedar ahí por la eternidad.
Exactamente lo mismo ocurre con casi ¢117 millones que están a favor del Movimiento Libertario, partido que cayó en la inactividad total después de las elecciones del 2018, en las que ni siquiera logró suficientes votos para cobrar deuda política.
No participó en los comicios municipales de este año y hasta el cinco veces candidato presidencial y dos veces diputado, Otto Guevara, se salió de la agrupación y fundó otra.
“No tengo la menor idea de qué va a hacer el Comité Ejecutivo de ese partido con ese dinero”, aseveró el exaspirante.
El Libertario ya no tiene oficina, no desarrolla actividad política o administrativa de ningún tipo, confirmó el exlegislador Danilo Cubero, presidente “en el papel” del partido, como él mismo dice.
A pesar de ello, el Gobierno debe conservar con celo los ¢117 millones a su favor provenientes de elecciones anteriores, por si en algún momento la agrupación pide hacer uso de ellos. Si eso ocurre y si cumple con los requisitos, el Estado tendrá que entregar los recursos.
Esta es una de las peculiaridades de la deuda política, como se le conoce popularmente al sistema de financiamiento estatal para las campañas y actividades de los partidos políticos.
La Constitución Política y el Código Electoral establecen que, del aporte del Estado a los partidos por su participación en las elecciones, una parte debe reservarse para financiar los gastos de organización y capacitación de manera permanente.
"Estas reservas, en palabras de la magistratura electoral, han sido instauradas para promover a los partidos políticos como entes que vivifiquen la democracia costarricense y que sirvan como instrumentos básicos para la participación política y no simples maquinarias electorales”, explicó Rónald Chacón, jefe del departamento de Financiamiento del Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), citando la resolución 3146-E-2000 del TSE.
Según la Carta Magna, el Estado debe destinar a la deuda política el equivalente a un 0,19% del producto interno bruto (PIB) del año trasanterior a cada elección nacional, aunque en las últimas elecciones los diputados han bajado el porcentaje a un 0,11% mediante reformas temporales.
En las elecciones nacionales, solo acceden al aporte estatal las agrupaciones que hayan recibido al menos un 4% de los votos válidos emitidos o que hayan obtenido un diputado.
¿Cuánto del aporte deben destinar a la reserva de organización y capacitación? Eso lo define cada partido en su estatuto, con total libertad. Así, por ejemplo, el Partido Liberación Nacional (PLN) decidió reservar el 11%, mientras que el Partido Restauración Nacional (PRN) guarda el 60%.
Tanto los gastos electorales como los de la reserva se cobran mediante reembolso. Es decir, el partido primero debe hacer el gasto y luego comprobarlo ante el TSE, para acceder al dinero.
Incluso, si en una elección nacional un partido gasta mucho menos del dinero al que obtiene derecho, o no logra demostrar suficientes gastos, la diferencia se le pasa a la reserva.
Ese fue exactamente lo que pasó con Restauración en los comicios del 2018. El partido accedió a casi ¢6.000 millones, su reserva era de ¢3.560 millones y cobró cerca de ¢2.100 millones en gastos electorales.
Entonces, la diferencia de más de ¢300 millones quedó a su favor. Actualmente, el PRN tiene una reserva de ¢3.208 millones guardada en el Estado.
“El TSE -en su jurisprudencia- ha señalado que estas reservas no tienen un plazo de caducidad y, por el contrario, ostentan un efecto acumulativo en lugar de perentorio”, explicó el jefe de Financiamiento de Partidos.
Chacón citó la resolución 1387-E8-2014 del TSE, la cual señala que este dinero “no debe regresar al erario, sino que se mantiene dentro de los haberes del partido y se verá eventualmente acrecido por los montos que le corresponda a cada partido político por su participación en los procesos electorales siguientes”.
"Las reservas que las agrupaciones políticas tuvieren a su haber, aun cuando estas no hubieren participado en los procesos electorales correspondientes, se mantienen custodiadas por la Tesorería Nacional, a la espera de que esos partidos políticos accedan a estas”, agregó.
El propio presidente del inactivo Movimiento Libertario, Danilo Cubero, considera que esta norma debería revisarse e imponerse un plazo perentorio para el gasto de la reserva, al cabo del cual lo remanente se devuelva al Estado.
Aclaró que los partidos políticos no se extinguen, pero sí caen en inactividad y en prohibición para participar en elecciones si no renuevan estructuras.
Como parte de un proyecto de ley presentado recientemente por el diputado liberacionista Gustavo Viales, con el fin de bajar aún mas el monto de la deuda política a un 0,10% del PIB, se contempló recurrir a parte de la reserva para financiar a los partidos, pero luego la idea fue descartada.
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¢7.200 millones guardados
El Estado hoy mantiene un total de ¢7.200 millones en reservas para 13 partidos.
Después de Restauración, aparece en segundo lugar el Partido Acción Ciudadana (PAC), con una reserva de ¢1.551 millones.
Les siguen el PLN, con ¢695 millones; el Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), con ¢557 millones); y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), con ¢521 millones.
El PASE, por ejemplo, no accedió a deuda política en los comicios del 2018, pero mantiene una reserva de casi $1 millón de procesos anteriores.
Las fracciones legislativas han explorado opciones para disminuir la deuda política, pero consultados sobre la posibilidad de modificar la normativa del sistema de reservas, el PLN, el PUSC, el PAC y el Frente Amplio (FA) evitaron referirse.
Carlos Avendaño, diputado del PRN, declaró que “hay que analizar la vigencia jurídica de cada partido, antes de poder pensarse en qué pueden destinarse esos recursos. Después, hacer el planteamiento que se requiere para ver la viabilidad de utilizarlo en otros fines por ejemplo, como en el Régimen No Contributivo".
En tanto, Juan Carlos Brenes, hijo de Cachimbal, dijo que desconocía la existencia de la reserva en favor del PUAC, pero sostiene que el partido sigue vivo.
“El partido sigue activo, pero esto se ha vuelto un tema de élite de capital. Entonces, las personas que tienen dinero para enfrentar una campaña política lo hacen; ya no es como en los tiempos en los que el Agrícola lograba a través de ese contacto popular llegar a todos lados”, aseveró.