EscucharEl Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) duda de que el censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el año 2022, sea una herramienta válida para redistribuir la cantidad de diputados entre provincias, de cara a las elecciones nacionales del 2026.
La Dirección del Registro Electoral y Financiamiento de Partidos Políticos no está segura de que el estudio que se hizo para determinar la población del país cumpla con los parámetros establecidos en el artículo 106 de la Constitución Política. Dicho artículo establece que, cada vez que se realice “un censo general de población”, el TSE debe asignar las diputaciones a las provincias en proporción a la población de cada una de ellas.
De acuerdo con cálculos de La Nación, si se tomara como válido el censo de 2022 y se utilizara el método de distribución utilizado en el 2011, las provincias de San José, Cartago y Heredia perderían un legislador cada una. Estas tres diputaciones se asignarían a Alajuela, Puntarenas y Guanacaste.
El pasado 12 de abril, el TSE envió un oficio al INEC en el que le solicitó validar la cantidad de habitantes de cada provincia. El Instituto entregó los datos al tribunal; sin embargo, detalló que, debido a la cobertura parcial obtenida por el censo, no fue posible obtener “resultados censales propiamente dichos”, sino que catalogan la información como “estimaciones poblacionales”.
La cobertura del censo del 2022 fue de un 60,7% de la población, mientras que la del estudio anterior, realizado en 2011, alcanzó el 91%.
El director de Registro Electoral, Héctor Fernández, explicó que, por este motivo, el TSE deberá hacer un análisis jurídico para determinar si la estimación poblacional del INEC cumple con lo establecido por el artículo 106 de la Constitución Política, ya que no corresponde a datos a un censo general de la población.
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Hoy, de las 57 curules del Congreso, 19 le corresponden a San José, 11 a Alajuela, siete a Cartago, seis a Heredia, cinco a Puntarenas, cinco a Limón, y cuatro a Guanacaste.
TSE esperaría hasta febrero del 2025
El 9 de mayo, Héctor Fernández envió un oficio al secretario general del TSE, Luis Guillermo Chinchilla, en el que explicó la situación. El caso fue conocido por los magistrados electorales en la sesión del 16 de mayo.
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El director del Registro Electoral destacó que, de acuerdo con INEC, los datos aún están sujetos de valoración, y el Instituto de Estadística espera concluir esta labor en el primer semestre de este año 2024. Posteriormente, podría publicar más información derivada del ejercicio censal.
Por tanto, Fernández recomendó que, a más tardar en febrero del 2025, se solicite al INEC los datos oficiales relativos al censo, para tener al menos un año de tiempo para planificar las elecciones del 1.° de febrero del 2026.
Con la recomendación de Fernández, y tomando en cuenta que el INEC había señalado que aún se encontraba en el proceso de consolidación final de la información, el TSE decidió que convenía esperar a que este terminara. Por tanto, decidieron solicitarle al instituto que les brinde a más tardar en febrero del 2025 los datos que tenga oficializados, para cumplir con lo dispuesto en el artículo 106 constitucional.
Posteriormente, en caso de que la información se siga catalogando como estimaciones poblacionales, el TSE podrá valorar si utiliza esos datos o se basa en el censo de 2011.
La Nación consultó al INEC sobre esta situación. El instituto indicó que solicitará una reunión al TSE con el fin de explicar la situación presentada con el Censo 2022 y la rigurosidad técnica con la que se elaboraron las estimaciones. La institución espera que esto permita brindar mayores detalles y cumplir con lo estipulado en el artículo 106 de la Constitución Política.
En caso de que los magistrados electorales consideren que los datos del INEC no sirven para cumplir con el mandato constitucional, deberán seguir utilizando el censo del 2011, por lo que la distribución de escaños sería la misma aplicada en las tres elecciones anteriores.
El 20 de julio del 2023, cuando el INEC presentó los resultados del censo del 2022, Floribel Méndez Fonseca, gerente de la entidad, explicó que durante el proceso de recolección de los datos sufrieron contratiempos que impidieron obtener información.
En total, visitaron 1.550.258 viviendas en todo el territorio nacional (84% de las viviendas del país), pero Méndez destacó que hubo un incremento de las entrevistas no respondidas porque las personas no atendieron el llamado o no estaban en la casa. De las viviendas visitadas, solamente 1.074.258 fueron censadas.
El Censo 2022 se empezó a aplicar el 8 de junio del 2022, sin embargo, la etapa de recolección de datos presentó dificultades no solo por la pandemia de la covid-19, sino porque hubo desde asaltos a los censistas, reclamos por el pago del primer tracto del salario pactado o la imposibilidad de alcanzar el 100% de los censistas requeridos. Inicialmente estaba previsto que la etapa de recolección terminara el 28 de junio pero se debió ampliar a setiembre.
El INEC describió el resultado de población como una “estimación” y explicó que esto se debió a que el estudio logró una “cobertura parcial” aunque defendió que el dato final, que entre otros aspectos determinó 5.044.197 habitantes, “es robusto y de calidad”.
El sistema de cociente y residuos
Con motivo del censo del 2011, el TSE utilizó el sistema de cociente y residuos para distribuir las diputaciones entre provincias. Para obtener el cociente, se divide la población total entre las 57 curules del Congreso. En esa ocasión, Heredia le ganó a San José una silla en la Asamblea.
Si ese método se aplicara con los datos del censo del 2022, el cociente quedaría en 88.495 habitantes, pues el INEC estimó la población total en 5.044.197 personas.
Así, 54 diputaciones se repartían por cociente y las tres restantes se asignarían por residuo mayor a Alajuela, Guanacaste y Puntarenas.
Según el Instituto, la población relativa de San José bajó de un 32,6% a un 31,7% del total, al igual que bajaron las de Cartago y Heredia. La cartaginesa habría pasado de 11,4% a 10,8% y la herediana de 10% a 9,5%.
En cambio, la de Alajuela habría subido de 19,7% a 20,5%; la de Puntarenas de 9,5% a 9,9% y la de Guanacaste, de 7,6% a 8,2%.
Costa Rica tiene una historia de 160 años en la realización de censos nacionales. El primer censo realizado data de 1864, en el cual se registró por primera vez la población total. Fue llevado a cabo por la Oficina Central de Estadística, creada en 1861, hoy el INEC. Desde esa fecha se han realizado 11 censos nacionales.
