Sofía Chinchilla C.. 9 noviembre
Pablo Heriberto Abarca (izquierda), del PUSC, y Gustavo Viales, del PLN, fueron los impulsores de la versión del proyecto de Ley de Extinción de Dominio que se dictaminó en comisión. Ambos legisladores aseguraron que están dispuestos a reintroducir el delito de corrupción, aunque temen que así se pierda énfasis en el combate al narcotráfico y el crimen organizado.
Pablo Heriberto Abarca (izquierda), del PUSC, y Gustavo Viales, del PLN, fueron los impulsores de la versión del proyecto de Ley de Extinción de Dominio que se dictaminó en comisión. Ambos legisladores aseguraron que están dispuestos a reintroducir el delito de corrupción, aunque temen que así se pierda énfasis en el combate al narcotráfico y el crimen organizado.

Los diputados Pablo Heriberto Abarca y Gustavo Viales, de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN), aseguran estar anuentes a incluir de nuevo la corrupción y otros delitos en el proyecto de ley para incautar bienes injustificados a personas vinculadas con presuntas actividades ilícitas.

Dichos legisladores impulsaron la nueva versión del proyecto de Ley de Extinción de Dominio que se dictaminó el martes, en comisión legislativa, la cual le permitiría al Estado incautar todos los bienes y derechos “adquiridos sin causa lícita aparente" como consecuencia de ocho actividades ilícitas.

Se trata de narcotráfico, legitimación de capitales, tráfico ilícito de armas y explosivos, terrorismo y su financiamiento, trata de personas, explotación sexual, tráfico ilícito de migrantes y tráfico ilícito de órganos.

No obstante, la nueva redacción del plan no incluyó corrupción, contrabando, delitos tributarios, fraudes, sicariato, pornografía infantil y enriquecimiento ilícito.

El texto fue acogido con los votos de Abarca y Viales, así como los del también liberacionista Jorge Fonseca; de Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional (PRN), y de Zoila Volio, de Integración Nacional (PIN). Solo se opuso Víctor Morales Mora, del Partido Acción Ciudadana (PAC).

Al día siguiente, se conoció la “oposición total” que manifestaron el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), así como la de la Cámara Costarricense Norteamericana de Comercio (AmCham). Posteriormente, el Gobierno se pronunció en el mismo sentido.

Las entidades critican que los legisladores establecieran que la extinción de dominio se pueda aplicar solo a ocho delitos, por lo que piden los diputados incluir los demás.

Este viernes, Abarca y Viales aseguraron a La Nación que están anuentes a volver a incluir el delito de corrupción, así como las demás actividades que las entidades consideren necesarias. El socialcristiano, no obstante, reiteró que su preocupación es que una mayor amplitud cause que la ley pierda énfasis.

“Vas a tener a la Fiscalía no concentrada en combatir con la importancia al crimen organizado, que ha sido la queja. Es decir, si usted va a abrir un proceso porque alguien no pagó impuestos municipales, es un problema”.

“Pero en todo caso, lo que tiene que quedar claro es que yo no tengo problema en incluir corrupción, simplemente quisimos darle un énfasis específico a narcotráfico y crimen organizado. ¿Lo quieren con corrupción? Ok, lo incluimos, no pasa nada. Yo tengo cero problema con eso”, aseveró Abarca.

Incluso, Abarca aseguró que él mismo presentará una moción para que se vuelva a incluir la corrupción.

Viales también dijo estar dispuesto a reintroducir ese delito, así como las demás actividades ilícitas que se consideren pertinentes, aunque mantiene sus reservas.

“Yo soy de la tesis de que la herramienta debe aplicarse en lo inmediato. Es decir, quien hace poderoso al crimen organizado es su recurso económico. El lado de la corrupción se puede atender, pero es el cargo público que hace poderosa a la persona, no el recurso económico. Entonces, para mí, en lo inmediato debe atenderse el crimen organizado y seguridad. No tengo ningún problema en que se atienda corrupción y vamos a buscar un acercamiento con el Poder Judicial para buscar una redacción acorde”, dijo Viales.

El liberacionista dijo que su preocupación, con respecto a la corrupción, es que los tribunales se saturen con casos de bajo perfil.

“Quisiera hablar con la fiscal general, cómo entiende ella esta herramienta. Si es para casos como el cementazo, yo estaría en total disposición de incluirlo y que se pueda hacer, pero si lo que quiere es saturar los juzgados me parece que, por economía procesal, podríamos definirlo mejor”, señaló el verdiblanco.

Abarca y Viales alegaron que el Poder Judicial remitió su criterio hasta una semana antes de que el proyecto de ley se dictaminara, así como que los delitos tributarios y de contrabando se excluyeron por solicitud expresa de la ministra de Hacienda, en su respuesta a la solicitud de criterio que le hizo la comisión.

“Me parece contradictoria la posición del gobierno, porque por un lado solicita corrupción y que se incluyan delitos tributarios, pro por otro lado la ministra de Hacienda, que es la técnica del tema hacendario, pide que se excluyan porque ya hay normativa que permite atender bien esos delitos, entonces creo que es una oportunidad para hacer una mesa de trabajo para acercar sectores y unificar criterios”, dijo Viales.