El mismo día que debía pagar los aguinaldos de los empleados del Gobierno Central, en diciembre del 2017, el Ministerio de Hacienda carecía de los ¢218.000 millones necesarios para ello.
Así lo reconoció la tesorera nacional y entonces viceministra de Egresos, Marta Cubillo, ante los diputados de la comisión de Control de Ingreso y Gasto Público.
Tras terminar su audiencia, la tesorera detalló que, previo a la fecha del pago, se había gestionado la obtención de recursos mediante la venta de bonos a inversionistas, pero todavía no habían llegado los recursos.
No obstante, en aquel momento, el entonces ministro de Hacienda, Helio Fallas, salió a negar que existiera un riesgo en el pago a los empleados públicos.
“Independientemente de las dificultades fiscales que hemos enfrentado desde inicios de gestión y que, para preocupación nuestra, se hacen cada vez más latentes ante la ausencia de nuevas leyes que ayuden a mejorarla, jamás se ha puesto en riesgo el pago de estas obligaciones”, aseguró Fallas, el 5 de diciembre.
Tan solo días después, Hacienda se encontró, de nuevo, con dificultad para pagar la primera quincena de diciembre, situación que causó alarma entre actores políticos y sociales. Finalmente, se pagaron salarios a tiempo, el 14 de ese mes.
Esa no ha sido la única vez que la Tesorería se ve en aprietos para pagar salarios. Según Cubillo, el Gobierno Central se ve obligado mes a mes a buscar ¢200.000 millones prestados para pagar gastos operativos.
Cubillo relató esa anécdota ante una intervención del diputado Pablo Heriberto Abarca, quien cuestionó el heroísmo sobre las finanzas públicas que destacó el expresidente Luis Guillermo Solís, en su último informe de labores del pasado 2 de mayo.
Desde agosto del año pasado, Solís anunció, en cadena nacional, la dificultad que tenía el país para obtener liquidez. Inicialmente, Cubillo no compartió esa iniciativa, pero luego consideró que se trataba de una obligación de Casa Presidencial anunciar lo que estaba ocurriendo.
Pese a ese anuncio, Solís dijo en reiteradas ocasiones que el gobierno tendría, en su momento, el dinero necesario para pagar sus gastos.
Según las declaraciones de distintos actores de Hacienda en esta comisión, entre noviembre y diciembre se hizo una colocación “extraordinaria” de deuda pública de corto plazo que, a la postre, dejó a Hacienda sin contenido presupuestario para devolver a los acreedores los vencimientos de bonos de deuda durante el 2018.
Los diputados de esta comisión investigan el hueco presupuestario que dejó el gobierno de Solís a la actual administración. La estimación del faltante a julio era de ¢625.000 millones, monto que Hacienda solicitó, por medio de un presupuesto extraordinario.
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La presentación de la nueva solicitud se hizo luego de que Hacienda pagara deuda sin autorización del Congreso por ¢182.000 millones.
Esta situación es investigada por la Comisión de Ingreso y Gasto Público, bajo el expediente 20.949.
