Aarón Sequeira. 16 octubre
El jerarca de la Sugef, Bernardo Alfaro, niega que los créditos de salvamento que prevé el Gobierno para los asalariados afecten las finanzas de los bancos. Foto: Albert Marín.
El jerarca de la Sugef, Bernardo Alfaro, niega que los créditos de salvamento que prevé el Gobierno para los asalariados afecten las finanzas de los bancos. Foto: Albert Marín.

El superintendente general de Entidades Financieras, Bernardo Alfaro, aseguró este miércoles que los bancos “están llenos de liquidez” y tienen “dinero muy abundante” para destinarlo, sin ningún problema, a los créditos de salvamento que el gobierno impulsa para asalariados altamente endeudados.

Alfaro respondió consultas de La Nación, luego de que varios diputados lanzaron dudas sobre el proyecto de ley de préstamos blandos que les presentó el presidente Carlos Alvarado y el temor de que eso derive en un costo significativo para el erario público.

El jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) explicó que la iniciativa no conlleva ningún costo para el Estado, pues son los bancos, con sus mismos recursos, quienes se encargarán de diseñar las etapas de los créditos de salvamento.

La aspiración del gobierno es que personas altamente endeudadas puedan obtener préstamos con una tasa de interés del 12%, a un plazo de 15 años o 20 años, para cancelar créditos de consumo que cobran tasas mucho más altas. La sustitución les permitiría a estas personas liberar dinero mensual.

“En la coyuntura económica actual, estamos viviendo una situación muy particular: las carteras de crédito de los bancos no están creciendo”, indicó Alfaro.

Eso significa que hay mucho dinero que, por ahora, está ocioso.

Además, Bernardo Alfaro negó que de alguna forma ese programa de salvamento se vaya a comer los impuestos, a pesar de que así lo sugirió el diputado Pedro Muñoz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

El jerarca de la Sugef manifestó: “Los bancos no tienen ninguna relación con lo que recauda el Gobierno, son autónomos, incluso los estatales (BCR y Nacional) y el Popular, son autónomos”.

“Sería algo que asumen ellos y, en caso de que tuvieran problemas, tendrían que estimar los créditos malos y, en caso extremo, tomar de su propio capital”, indicó Alfaro.

Quién sí, quién no

En cuanto al riesgo de que el programa afecte las finanzas de los bancos, como teme la jefa del Partido Liberación Nacional (PLN), Silvia Hernández, el superintendente destacó que espera que los bancos valoren muy bien a quién le dan el crédito y a quién no.

“Con las condiciones establecidas del programa, es muy probable que la persona que se acoja disponga de una mayor capacidad de pago. En este momento, (el asalariado) posiblemente está asfixiado con deudas muy altas de corto plazo y, al ponerle deudas con una tasa de interés menor y a mayor plazo, su capacidad de pago se incrementa y va a ser un deudor de menor riesgo que el que tiene hoy”, manifestó Bernardo Alfaro.

Apuntó que no tendría sentido que eso ponga en peligro la estabilidad que tienen los bancos.

Además, negó que haya un objetivo particular de beneficiar a los empleados del sector público, como también lo sugirieron el PLN y el PUSC, pues la primera etapa está dirigida a “asalariados en general", públicos y privados.

Asimismo, Alfaro dijo que se prevé una segunda etapa para trabajadores independientes, o sea profesionales liberales, como médicos, abogados, ingenieros, arquitectos y demás.

La iniciativa del gobierno pretende que los bancos otorguen los “créditos de salvamento” a los asalariados que hoy paguen mensualmente, por concepto de préstamos, más de un 40% de su salario, con lo que se les considera sobreendudados.

Por ejemplo, si hoy una persona paga ¢130.000 mensuales por una deuda de ¢5 millones a una tasa del 20%, con el crédito de salvamento podría pagar ¢60.000, siempre que el pago lo haga mediante deducción del salario.

El plan incluye las condiciones de que el beneficiario debe cursar un programa de educación financiera y no podrá adquirir otro crédito mientras no cancele el 50% del plan de salvamento o mientras no cumpla la mitad del plazo.

En principio, los créditos serían de 15 años, pero el plazo podría subir a 20 años si la persona pone a responder un bien mediante una hipoteca.