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Los diputados pusieron en duda la efectividad del proyecto de ley para otorgar créditos blandos a las personas altamente endeudadas, con el cual el gobierno aspira a que las personas asalariadas cancelen sus créditos de consumo y obtengan más liquidez (disponibilidad de dinero).
Silvia Hernández, jefa de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), afirmó que le preocupa que el proyecto vaya a ser “contraproducente” en el mediano y largo plazo y que, más bien, perjudique a los bancos y a las familias.
Añadió que se debe verificar de qué manera se cubrirá a toda la población endeudada pues, a primera vista, pareciera que los principales beneficiarios serían los empleados públicos.
María Inés Solís y Pedro Muñoz, jefa y subjefe de la Unidad Social Cristiana (PUSC), consideraron el proyecto de gobierno como “fantasioso”, porque no resuelve las causas estructurales del endeudamiento que, para ellos, son el desempleo y el alto costo de la vida.
Así se pronunciaron el PLN y el PUSC después de que, la mañana de este martes, el presidente Carlos Alvarado recibió a los jefes de fracción y al presidente del Congreso, el liberacionista Carlos Ricardo Benavides, para presentarles el proyecto.
Además, asistieron la jefa y subjefa de Acción Ciudadana (PAC), Nielsen Pérez y Laura Guido; el diputado Carlos Avendaño, de Restauración Nacional; y el jefe de Integración Nacional (PIN), Wálter Muñoz.
No se presentaron voceros del bloque fabricista Nueva República, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) ni del Frente Amplio, así como tampoco el diputado independiente Érick Rodríguez.
La iniciativa de gobierno pretende que los bancos otorguen “créditos de salvamento” a los asalariados que hoy paguen mensualmente, por concepto de préstamos, más de un 40% de su salario, con lo que se les considera sobreendudados.
Los nuevos créditos tendrían una tasa del 12% y conllevarían la finalidad de cancelar los préstamos que tengan tasas más altas. Luego, las personas pagarían las cuotas a los bancos mediante deducción del salario.
Por ejemplo, si hoy una persona paga ¢130.000 mensuales por una deuda de ¢5 millones a una tasa del 20%, con el crédito de salvamento podría pagar ¢60.000.
Los créditos impulsados por el gobierno tendrían un plazo de 15 años en condiciones normales y 20 años si la persona pone un bien en hipoteca a responder.
Además, se le impediría al beneficiario obtener nuevos créditos mientras no pague el 50% del nuevo crédito o mientras no cumpla la mitad del plazo.
El ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, afirmó que el gobierno seguirá adelante con el plan, tanto con la presentación del proyecto de ley en el Congreso como con la emisión de una directriz para los bancos públicos.
El plan legal también pretende castigar la usura, es decir, el cobro excesivo de intereses sobre el préstamo de dinero.
Silvia Hernández afirmó que envió una nota a la Presidencia con ocho preguntas para aclarar dudas.
Añadió que el PLN tuvo un encuentro con Bernardo Alfaro, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), en la que el funcionario fue “contundente y categórico” en que existe una “cruda realidad de familias en que, si no se les da un programa de este tipo, de reestructuración de sus deudas, podrían caer en una situación más vulnerable".
“Pero, al mismo tiempo, nos señala que este grupo de personas, las que muy probablemente van a tener acceso a este programa, serían funcionarios del sector público, en donde el blindaje por vía del rebajo del salario es la forma a la que muy probablemente los bancos estarían dándole mayor interés”, dijo la jefa del PLN.
Pensar en los informales
Silvia Hernández consideró que es necesario pensar en la población costarricense que está en la informalidad, sin recibir un salario estable y que, por lo tanto, no tendrían acceso al programa de salvamento.
Por ello, apuntó la diputada, es necesario saber cuál es el porcentaje real de la población que se beneficiaría y que el gobierno sea transparente en torno al impacto esperado porque, en esencia, parece que “quienes se van a beneficiar son funcionarios del sector público”.
La jefa del PLN se cuestionó si el programa beneficiará a un 2%, un 4% o un 10% de la población, aunque la realidad indica que el sobreendeudamiento afecta a más del 50% de la gente.
No obstante, apuntó que el PLN no tacha de entrada el proyecto, pues “nunca es tarde cuando la dicha es buena” y el gobierno comienza a tomar medidas para evitar una recesión económica.
El socialcristiano Pedro Muñoz coincidió con la diputada Hernández en que “no se está cubriendo a todos los endeudados” y “hay mucha gente que no va a tener acceso”.
También, cuestionó que no se toque el origen del problema y que no se detalle cómo harán los bancos para otorgar préstamos a tasas menores.
“No va a la causa del problema, altos precios de combustibles y electricidad. El PUSC ha hecho propuestas que han sido ignoradas, se está poniendo una cortina de humo para quedar bien con un grupo de las personas que están endeudadas (...). No se han cuantificado los costos, ¿quién va a pagar esto? ¿Lo terminaremos pagando con impuestos?”, cuestionó.
