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Un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa concluyó que interrogar en el plenario al presidente de la República, Carlos Alvarado, “excede la lógica parlamentaria”.
“Realizar una sesión de una comisión investigadora en la sede del plenario, para interrogar al señor presidente de la República sobre los hechos que ella investiga, excede la lógica parlamentaria, porque no es el plenario legislativo quien lleva a cabo dicha investigación”, afirma ese órgano del Congreso.
Así respondió Servicios Técnicos a una consulta realizada por el presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, sobre la posibilidad de suspender la sesión del plenario y de cualquier otro órgano de la Asamblea para que el mandatario comparezca por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
El pasado jueves 21 de enero, los legisladores de la Comisión Investigadora de la UPAD propusieron una moción para interrogar a Alvarado en el plenario, durante todo un día, el miércoles 10 de febrero.
Servicios Técnicos también estima que, “a todas luces, el acto puede convertirse en una interpelación velada, sin que medie una moción aprobada por la Asamblea Legislativa para tal efecto”.
La interpelación está dispuesta en la Constitución Política solo para los ministros de Estado, expuso el informe.
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“La comparecencia del presidente de la República ante el plenario legislativo, para rendición de un informe y su correspondiente debate, no es un acto previsto en la Constitución Política, lo que eventualmente podría vulnerar el delicado equilibrio establecido por el constituyente a la hora de diseñar el sistema semipresidencialista escogido por él.
“De ahí que no cabe, a nuestro juicio, la aplicación analógica del artículo 145 de la Constitución Política”, agrega el criterio emitido por ese departamento.
El artículo 145 dice: “Los Ministros de Gobierno podrán concurrir en cualquier momento, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Asamblea Legislativa, y deberán hacerlo cuando esta así lo disponga”.
Lo que sí es posible, destaca Servicios Técnicos, es que los diputados soliciten al mandatario rendir un informe, como el que realiza el presidente verbalmente cada 2 de mayo al iniciarse una legislatura.
En ese caso regirían las mismas condiciones que establece el reglamento legislativo para el discurso presidencial anual: informe del mandatario y, luego, un debate reglado entre diputados.
Sitio de la audiencia está por definir
Este lunes por la mañana, en reunión de jefes de fracción, los diputados sostuvieron una amplia discusión con respecto a cuál sería el lugar más apropiado para interrogar al mandatario. Sin embargo, no lograron llegar a un acuerdo.
Lo que se definió es que la Comisión Investigadora de la UPAD tomará la decisión en los próximos días, con el apoyo del área administrativa del Congreso.
Las opciones para realizar la audiencia son dos: alguna de las salas plenas de la Asamblea Legislativa, cuyo aforo es de alrededor de 40 personas, o el Salón de Expresidentes de la República, que ofrece mayor espacio.
El presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, dijo que no está de acuerdo con que la actividad se lleve a cabo en el plenario.
“Hay una diferencia marcada entre utilizar el plenario de la Asamblea Legislativa y el Salón de Expresidentes.
“La diferencia radica en que el público, acostumbrado a los 57 diputados en el plenario y conociendo visualmente el plenario, podría incurrir en el error de pensar que es ante la Asamblea Legislativa, en pleno, que está compareciendo el señor presidente de la República, cuando su comparecencia es ante una comisión”, explicó Cruickshank.
Por su parte, Luis Fernando Chacón, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), manifestó que el objetivo es que la Comisión UPAD concluya su trabajo y no que el proceso se convierta en algo que puede rozar en una inconstitucionalidad.
A criterio de Chacón, suspender todas las comisiones y órganos de la Asamblea para la comparecencia del presidente “podría verse como una interpelación soslayada”.
“La fracción del PLN aclara que no pretende que se realice ninguna interpelación en el marco de lo encomendado a esa comisión. Lo que se pretende es que se mantenga la audiencia para el 10 de febrero. Esta puede ser en cualquier parte de la Asamblea, no necesariamente en el plenario”, recalcó.
En tanto, los legisladores José María Villalta, del Frente Amplio, y Jonathan Prendas, del bloque Nueva República, manifestaron su preocupación por que el recinto donde se efectúe la audiencia no ofrezca el espacio suficiente, sobre todo, tomando en cuenta las restricciones de aforo debido a la pandemia.
Dijeron que debe garantizarse el ingreso de la prensa, de los diputados que no pertenezcan a la comisión pero que quieran asistir, de sus asesores y de los acompañantes del mandatario.
Enrique Sánchez, jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC), destacó que “existe disposición del presidente para asistir a la audiencia”.
Según el líder de los oficialistas, lo que cuestionan es que la audiencia “tiende a parecer una interpelación velada”, por querer realizarse en el plenario, en presencia de los 57 diputados y con la suspensión de todas las comisiones y órganos de la Asamblea.
“Por costumbre, cuando se ha llamado a audiencia a un presidente de la República, en otras ocasiones se ha hecho en Casa Presidencial. Así se hizo en el caso del expresidente (José María) Figueres y en el caso del expresidente (Luis Guillermo) Solís, pero entiendo también que en el edificio anterior no existían condiciones adecuadas para una audiencia de ese tipo”, puntualizó Sánchez.
