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"Yo no veo qué le sume la presencia del presidente en este momento".
Así, de golpe, el ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro, le cerró la puerta a la petición de la vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, Natalia Díaz, de que Luis Guillermo Solís reciba de nuevo a los jefes de fracción para negociar los contenidos del plan fiscal que está en el Congreso, el cual el gobierno considera urgente.
La diputada libertaria solicitó el encuentro durante una reunión de jefes de fracción, a la que asistieron Sergio Alfaro y el viceministro de la Presidencia para Asuntos Legislativos, Luis Paulino Mora.
"Ya los grandes puntos de negociación que podría haber decantado el presidente, ya esos se dieron en términos de la conformación de los proyectos y, por lo tanto, debemos aterrizarlo (...). Estamos en la mayor disposición de venir, de negociar y todo lo demás, pero yo no veo qué le sume la presencia del presidente en este momento", declaró Alfaro consultado por La Nación después de la reunión con los diputados.
Natalia Díaz, quien además es jefa de bancada del Movimiento Libertario, lamentó la actitud del ministro Alfaro, pues consideró que es el presidente Solís quien debe definir la ruta que pretende seguir Zapote de aquí a abril, cuando cierre el presente periodo constitucional de la Asamblea Legislativa.
"No tenemos una guía clara de qué es lo que quiere el Gobierno, no conocemos la posición de los jefes de las diferentes fracciones sobre las reformas fiscales, porque lo que ocurre es que el gobierno está teniendo reuniones individuales con los jefes y plantea reformas en la que no todos están de acuerdo. Esto se vuelve un tipo de 'teléfono chocho'. No nos estamos diciendo todos la posición que cada uno tiene. Hace falta reunir al presidente Solís, al ministro de la Presidencia y a los diferentes jefes de fracción para aclara las posiciones sobre las reformas", explicó.
Sin embargo, para Alfaro, los ámbitos político y técnico son uno mismo en esta etapa del trámite del proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, el segundo intento del Poder Ejecutivo por lograr una reforma tributaria que cierre, al menos parcialmente, la brecha entre los ingresos y los gastos del Gobierno Central.
Alfaro y Mora, precisamente, llegaron al Parlamento este jueves a negociar la aplicación de la vía rápida al proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas. Para tal fin, Mora les envió esta mañana una moción ya redactada a los jefes de fracción para que el plenario la someta a votación con el fin de aplicar el trámite abreviado que estipula el artículo 208 bis del Reglamento al plan fiscal.
El proyecto que impulsa la Presidencia convierte el impuesto sobre las ventas en el impuesto al valor agregado (IVA), con lo cual más bienes y servicios pagarán un 13% de ese tributo, entre ellos, los servicios de televisión por streaming, como Netflix y otros; también modifica ligeramente el impuesto sobre la renta y toca por encima el costoso régimen de beneficios salariales del Gobierno.
En todo caso, esa reforma sería insuficiente para tapar el hueco en el bolsillo del Gobierno, pues solo lograría aumentar la recaudación fiscal en un 1,9% del producto interno Bruto (PIB), es decir, en poco más de ¢660.000 millones, por lo que el futuro Gobierno deberá buscar más fuentes de financiamiento.
A diciembre del año pasado, según estimaciones del Banco Central de Costa Rica (BCCR), el déficit fiscal fue de más de ¢2 billones, el equivalente a un 6,2% del PIB.
Presidencia quiere votar plan el 15 de marzo
La moción propone como fecha límite, para que el plan fiscal reciba primer debate, el próximo 15 de marzo.
Para lograr ese objetivo, Zapote sugiere en la moción de vía rápida que el proyecto sea conocido directamente por el plenario, con dispensa de todos los trámites previos, excepto el de publicación, y propone que el pleno de los diputados sesione extraordinariamente los lunes, martes y miércoles.
No obstante, durante la reunión de los jefes de fracción con el Directorio legislativo de este jueves, no hubo ningún atisbo de que sea una posibilidad real juntar los 38 votos necesarios para aprobar esta vía rápida. Por el contrario, hubo reproches entre los diputados y los delegados del gobierno sobre la forma en que se están conduciendo las negociaciones.
Alfaro, no obstante, afirmó que la Presidencia continuará buscando la viabilidad política para la utilización de la vía rápida, aunque descartó que Zapote incurra en una nueva negociación con las bancadas que abra la posibilidad de cambios sustanciales a la iniciativa.
La propuesta también busca limitar a cinco minutos el uso de la palabra de los diputados para ahorrar tiempo en el trámite de las mociones, así como reducir a dos sesiones el tiempo para la presentación de enmiendas de fondo para modificar el proyecto.
Además, se acortarían las mociones de orden a una por sesión y se acumularían en una sola las mociones de revisión idénticas. Durante el debate por el fondo del proyecto, cada diputado solo tendría diez minutos para discutir el proyecto.
"La criba de proyectos es el fruto del trabajo ya de años. Es que tenemos dos años y medio de tener los proyectos en la corriente legislativa. Ha habido múltiples sesiones, Estamos dispuestos a seguir teniéndolas para trabajar sobre el texto, pero tenemos que concentrarnos. El que tenemos, creemos que tiene las condiciones para obtener la única forma de que esto avance, que es obtener los 38 votos (para aplicarle la vía rápida).
"Entre más le pongan y más le quiten, lo que comprobamos es que el apoyo se le baja y, por lo tanto, creemos que estamos ante un texto bueno, con disposición a tratar temas y probablemente a entrarle a algunos detalles, pero creo que está bastante decantado el asunto a estas alturas", zanjó el ministro.
Herencia poco apetecida
Aunque la Presidencia logre su objetivo de que el 15 de marzo el plan fiscal se apruebe en primer debate, parece difícil que el proyecto se vote en segundo y último debate antes del 30 de abril, pues las bancadas lo enviarían a consulta previa de constitucionalidad a la Sala IV, la cual retrasaría en un mes el segundo debate.
Por esto, todo indica que la actual administración le heredará al nuevo Gobierno, además del galopante déficit, la obligación de concretar la reforma fiscal, necesaria para que el aparato público no entre en crisis.
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El faltante de dinero metió en apuros al Gobierno de Luis Guillermo Solís a partir del segundo semestre del año pasado.
Las congojas se palparon en los retrasos de la administración en el depósito de dineros para atender varios programas sociales, entre ellos el giro de becas de estudio para estudiantes en condiciones de pobreza.
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También se percibió el problema en la demora en el depósito del salario de la primera quincena de diciembre de los empleados del Gobierno Central.
