La sustracción de una bebé de nueve meses de los brazos de su madre, de apenas 13 años, el domingo pasado en Cervantes de Alvarado, se convirtió en un aluvión de cuestionamientos al Patronato Nacional de la Infancia (PANI), ente responsable de proteger a ambas menores de edad.
De confirmarse la pesquisa policial que ronda este caso, la niña fue violada hace unos 18 meses, cuando tenía apenas 12 años. ¿Qué hizo el PANI apenas conoció este expediente? ¿Respondió y denunció penalmente el caso antes de que trascendiera el robo de la bebé? ¿Siguió el protocolo de atención de la niña-madre y le ofreció protección y acompañamiento físico y psicológico a ella y a sus familiares?
El hospital Max Peralta de Cartago confirmó que denunció el año pasado, ante el Patronato Nacional de la Infancia, el parto ocurrido el 10 de julio con madre de 13 años. Agregó que, según consta en documentos, el PANI autorizó la salida de la paciente del centro médico, al tiempo que las autoridades hospitalarias emitieron recomendaciones para un abordaje interinstitucional y prioritario de la madre e hija.
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Este miércoles, al consultársele si el PANI recibió la denuncia del Max Peralta, la presidenta de la institución y ministra de la Niñez y Adolescencia, Gloriana López Fuscaldo, dijo que no se referiría al tema porque está bajo investigación interna.
Esa fue su respuesta durante durante la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno.
En ese mismo espacio, el presidente de la República, Rodrigo Chaves, exigió una investigación exhaustiva y sentar responsabilidades administrativas: “Si hubo denuncias, llamadas, avisos y el PANI no hizo nada, alguien tiene que responder y dar cuentas”.
De igual manera, la Defensoría de los Habitantes le exigió al Patronato entregar copia de la denuncia penal, que confirme la existencia de un expediente administrativo relacionado con este asunto y que detalle las medidas especiales de protección dictadas antes y después del suceso del domingo.
Asimismo, pidió copia del plan de intervención anterior a los hechos, el seguimiento a las medidas y al hogar donde se desenvuelve la persona adolescente. También requirió el nivel de cumplimiento de este plan por parte de los miembros de la familia y acciones desplegadas para investigar la violación y embarazo adolescente de la joven.
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El nacimiento se produjo el 10 de julio del 2022 y la bebé aparece registrada con los apellidos de la madre, quien es una colegial.
La doctora Krisia Díaz Valverde, directora del Max Peralta, informó de que, desde el primer contacto con la menor embarazada, se activaron los protocolos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y se enviaron todas las alertas para dar protección a la adolescente madre y su hija.
“Podemos decir que la actuación de nuestros equipos interdisciplinarios fue pronta, tanto para atender las necesidades y darles las mejores condiciones, como a la hora de gestionar la intervención de la autoridad competente (Patronato Nacional de la Infancia)”, agregó la directora del hospital.
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Según la legislación, las relaciones con niñas de menos de 13 años constituyen violación, lo que acarrea de 10 a 16 años de cárcel. En este caso, la colegial cumplió los 13 años el 27 de abril del 2022.
En tanto, la Ley de Relaciones Impropias impone hasta seis años de prisión a quienes tengan vínculos con menores de 13 a 15 años, cuando la diferencia de edad supere los cinco años.
Por último, se castiga hasta con tres años de cárcel a los hombres que tengan relaciones sexuales con adolescentes de 15 a 17 años, si la diferencia de edad entre ambos es de siete años o más.
El principal sospechoso de la sustracción de la bebé, llamada Keibril Amira García Amador, es un hombre de 33 años de apellido Casasola, padrastro de la mamá de 13 años. A este hombre las autoridades judiciales le impusieron seis meses de prisión preventiva mientras se le investiga.
Él fue sometido a una prueba de paternidad que confirmaría si tiene parentesco con la bebé. Si la prueba resulta positiva, también se le imputaría por violación, en perjuicio de la adolescente que dio a luz.
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La ministra de Niñez y Adolescencia sostuvo que el proceso se encuentra en una etapa de investigación clave. “En ese sentido, tengo que repetir, en el Patronato estamos investigando cómo fue la actuación del mismo”, dijo.
Gerente de CCSS: Se actuó conforme a los protocolos
Según el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Randall Álvarez, el hospital de Cartago actuó conforme el Lineamiento de atención para personas menores de edad de la CCSS, el Código de la Niñez y la Adolescencia, y Lineamientos de atención integral de las personas adolescentes de la CCSS.
En tanto, la ministra López Fuscaldo dijo que la prioridad es hallar a la bebé y preservar la integridad física y emocional de la adolescente, que en este momento está bajo resguardo del PANI, “donde yo he pedido particularmente que no haya televisión, para que ella no tenga esta exposición a su integridad emocional”.
“Hemos tenido toda clase de solicitudes de información, pero ustedes entenderán, señores y señoras periodistas, que yo no puedo, bajo ningún concepto, estando en etapa de investigación clave, poner en riesgo esta investigación”, continuó.
‘Yo a usted le pedí una investigación’
En la misma conferencia de prensa, el mandatario Chaves le dijo a la presidenta del PANI:
“Yo a usted le pedí por favor una investigación dentro del PANI. Yo sé que usted no puede estar metida en cada casa, pero un caso es demasiado y puede ser que se nos pase.
“Lo que no tenemos es una evaluación y usted va a rendir cuentas pronto; yo sé que la niña quedó embarazada cuando usted no era presidenta ejecutiva, la violación, porque no fue que quedó embarazada, la violaron.
“Quiero saber si hubo denuncias en el PANI, si no hubo denuncias, pueblo de Costa Rica veámonos en un espejo. Si nadie llamó y vimos esto, veámonos en un espejo, porque eso es ser cómplice, quedarse callado es ser cómplice”.
El PANI trabaja en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), continuó la ministra, y “la información que se brinde a la opinión pública está sujeta a lo que determinen el OIJ y la Fiscalía Adjunta de Cartago”.
Durante la tarde, la Fundación Paniamor lanzó un llamado “respetuoso pero enfático” a las instituciones públicas encargadas de brindarle protección a los menores de edad para que cumplan sus obligaciones en el caso de la niña madre.
Dicha organización señaló que este hecho deja al desnudo los vacíos, las brechas y las inconsistencias legales, institucionales y culturales que persisten en esta materia, al tiempo que criticó el manejo dado a este asunto por algunas autoridades, medios de comunicación y ciudadanos en redes sociales.
“El lenguaje utilizado contribuye a reafirmar mitos y estereotipos que legitiman las relaciones abusivas de poder en perjuicio de las personas menores de edad y, a su vez, limita esa protección estatal efectiva a la que tienen derecho las niñas víctimas en sede administrativa y judicial”, aseveró.
Paniamor advirtió sobre el uso de narrativas que califican lo ocurrido como un “descuido” cuando, según indicó, la condición de vulnerabilidad en que se encontraban la adolescente y su hija “permite comprender que estamos frente a un caso típico de violencia basada en género”.
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