La Sala Constitucional dio curso este lunes 12 de agosto a la consulta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre la segunda versión del proyecto de “ley jaguar” que el gobierno de Rodrigo Chaves pretende someter a referéndum. El TSE pidió a los magistrados constitucionales estudiar tres artículos del proyecto pues plantean dudas sobre si violan la Constitución Política.
Según informó la Sala IV, esta segunda consulta se tramitará bajo el número de expediente 24-021741-0007-CO.
El Poder Ejecutivo presentó una nueva versión después de que la Sala declaró inconstitucionales cuatro artículos del texto original consultados por el TSE. Los magistrados concluyeron que dichos numerales habrían debilitado las herramientas que la Contraloría General de la República (CGR) utiliza para fiscalizar el uso de los fondos públicos.
Tanto el presidente Chaves como la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, argumentaron que el nuevo proyecto no requería una nueva consulta de constitucionalidad porque estaban seguros de su redacción. Sin embargo, el TSE pidió a la Sala IV estudiar los artículos 2, 4 y 5. El nuevo plan solo tiene cinco artículos.
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El segundo plan también pretende eliminar el acatamiento obligatorio de las órdenes emitidas por la Contraloría General de la República (CGR).
El nuevo proyecto de “ley jaguar” entró a la corriente legislativa el martes 30 de julio bajo el expediente número 24.467, que inmediatamente fue convocado por el Ejecutivo mediante el decreto ejecutivo 44.580.
Sin embargo, el miércoles 31 de julio, expiró el periodo de sesiones extraordinarias en que el gobierno maneja la agenda de la Asamblea Legislativa. Por los próximos tres meses, el trámite del plan dependerá de la voluntad de los diputados, los cuales decidieron esperar la resolución completa del primer fallo de la Sala IV antes de tomar cualquier acción sobre el nuevo texto.
En tanto, Chaves rechaza negociar con los legisladores y los acusa de haber dilatado la votación del proyecto inicial de la “ley jaguar”. “¿Qué vamos a negociar?”, alegó el presidente.
El TSE ha estimado que una elección de este tipo costaría al menos ¢3.500 millones, gasto que el mandatario defendió públicamente en la conferencia de prensa de este 30 de julio.
Los plazos para realizar el referéndum cada vez son más estrechos. El último día posible es el domingo 27 de julio del 2025. La Ley sobre Regulación del Reférendum establece que no podrá convocarse “durante los seis meses anteriores ni posteriores a la elección presidencial”. Los próximos comicios nacionales serán el domingo 1.º de febrero del 2026.
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