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La Sala Constitucional concedió un mes de prórroga al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, para cumplir la orden de restituir ¢62.130 millones que fueron recortados al presupuesto del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) del 2024, el cual financia programas sociales como las becas Avancemos, la Red de Cuido y bonos de vivienda.
Los magistrados acogieron una solicitud presentada por Acosta, de dar un periodo adicional, “a fin de que el Ministerio de Hacienda someta a conocimiento de la Asamblea Legislativa la modificación y adición presupuestarias correspondientes, debiendo girar los recursos, sin demora, una vez autorizados, para dar cumplimiento a la orden impartida en la sentencia indicada”, menciona la resolución 2024-024659, del 27 de agosto.
La sentencia original, dictada el 30 de julio, otorgó al jerarca un mes, a partir de la comunicación del fallo, para cumplir con lo instruido. Este plazo se extingue al finalizar agosto.
El 40% del dinero ya fue incorporado en el V presupuesto extraordinario del 2024, que se encuentra en trámite en el plenario de la Asamblea Legislativa. La modificación contempla transferencias por ¢25.055 millones para Fodesaf.
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Los restantes ¢37.075 millones deben ser incluidos en una nueva modificación presupuestaria. Consultado sobre cuando se enviaría al Congreso esta propuesta, el ministro se limitó a decir que, con el nuevo plazo otorgado, “estaremos acomodando de mejor manera los recortes a las diferentes instancias del presupuesto, para cumplir con la resolución de la Sala Constitucional”.
Acosta solicitó recortes a instituciones
El pasado 6 de agosto, Acosta solicitó a 24 instituciones revisar y priorizar sus gastos, con el fin de reducir el presupuesto de este año por un monto indicado por Hacienda. A nivel individual, el mayor recorte lo sufriría el Ministerio de Educación Pública (MEP), ya que se le solicitó eliminar ¢12.157 millones de sus partidas.
No obstante, la ministra de Educación, Anna Katharina Müller, envió esta semana al Congreso una nota en la que transmitió “la urgente necesidad” de atender un “problema de falta de contenido económico” en la subpartida de suplencias, que se produjo por un aumento significactivo en el número de incapacidades registradas durante los últimos años.
Para enmendar esta situación, pidió incrementar en ¢1.900 millones una subpartida del presupuesto del MEP, para cubrir los salarios de 8.000 funcionarios suplentes, mayoritariamente docentes.
Para cubrir la totalidad de los recursos, el MEP propuso recortar ¢1.400 millones de las cotizaciones del Estado para las pensiones del Régimen de Capitalización Colectiva, manejado por la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema). Los ¢500 millones restantes provienen de fondos destinados para el alquiler de equipo de cómputo
No obstante, los legisladores acordaron convertir el plenario en comisión para presentar una moción que permita cambiar el origen de los recursos.
Ministro fue denunciado por diputados
En la sentencia de julio, la Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo presentado por cinco diputados del Frente Amplio (FA) y ordenó al Ministerio de Hacienda girar el dinero que por ley corresponde a Fodesaf.
Los magistrados determinaron que el gobierno incumplió al no transferir la totalidad de los dineros correspondientes al 20% de lo recaudado por el impuesto sobre el valor agregado (IVA) y que dicha actuación lesiona las posibilidades de hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas beneficiarias de los recursos, muchas de ellas niñas y niños, adolescentes y personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo.
Por tanto, concluyeron que esta desprotección es un claro y evidente incumplimiento del mandato constitucional.
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Para este viernes está previsto que el ministro de Hacienda presente a la Asamblea Legislativa el Presupuesto Nacional 2025. Como parte de la discusión de este proyecto, los diputados tendrán que dirimir el diferendo entre los rectores de las universidades públicas y el Poder Ejecutivo, sobre el monto de los recursos que se tendrán que girar al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
