El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, pidió al Ministerio de Educación Pública (MEP) recortar ¢12.157 millones de su presupuesto del 2024, año en el que registró la asignación de recursos más baja de la última década. La solicitud es parte de las acciones para cumplir la orden de la Sala Constitucional de restituir ¢62.130 millones al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
El 6 de agosto, el ministro comunicó a los jerarcas de 24 instituciones que cada uno debía revisar y priorizar sus gastos, con el fin de reducir el presupuesto de este año en el monto que Hacienda les indicara.
Entre todas, las entidades debían aportar ¢32.977 millones. El monto solicitado al MEP representa el 37% de los recursos que el ministro espera recolectar. Los oficios fueron dirigidos a 18 ministerios, la Presidencia de la República, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes, el Poder Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).
Acosta les dio plazo hasta el pasado miércoles 14 de agosto para dar respuesta y brindar el detalle del cambio presupuestario.
Según los oficios, el Ministerio de Hacienda aportaría el dinero faltante para cubrir los ¢62.130 millones de Fodesaf mediante el V presupuesto extraordinario de la República, que se encuentra en trámite en la Asamblea Legislativa.
En este expediente, se prevé un aumento de transferencias para el Fodesaf por ¢25.055 millones, mediante una “recalificación de ingresos” de lo recaudado en el 2023 por la contribución del 5% sobre las planillas y por recursos que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) recuperó para este fondo.
En realidad, el artículo 15 de la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares prevé que los patronos deben aportar al Fodesaf un monto equivalente al 5% del total de sueldos y salarios que paguen mensualmente a sus planillas. La CCSS es la entidad que se encarga de recaudar estos fondos, cuando los empleadores pagan sus cargas sociales.
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El 1.° de agosto, la Sala Constitucional giró la orden de entregar los recursos a Fodesaf tras declarar con lugar un recurso de amparo presentado por cinco diputados del Frente Amplio (FA), luego de que Hacienda presupuestara transferir al fondo solo ¢193.452 millones en el 2024.
Los magistrados constitucionales confirmaron que el gobierno no ha girado la totalidad de fondos a Fodesaf, correspondientes al 20% de lo recaudado por concepto del impuesto sobre el valor agregado (IVA). Por tanto, determinaron que esta desprotección es un claro y evidente incumplimiento del mandato constitucional. El Tribunal señaló que el incumplimiento lesiona las posibilidades de hacer efectivos los derechos fundamentales de las personas beneficiarias de los recursos, muchas de ellas niñas y niños, adolescentes y personas adultas mayores en situación de riesgo o desamparo.
El artículo 24 del Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas ordena al gobierno girar anualmente, como mínimo, un monto equivalente a la transferencia hecha en el 2019. Dicha cifra es de ¢255.583 millones; de ahí sale la diferencia de ¢62.130 millones que el gobierno debe completar.
No obstante, los aportes de las instituciones más lo incluido en el V presupuesto no suman los ¢62.130 millones, sino que la cifra da ¢58.052 millones.
Ante el incumplimiento de la normativa, la Sala dio a Acosta un mes de plazo para girar la totalidad de los recursos. El Fodesaf financia los programas de atención para la pobreza como Avancemos, la Red de Cuido, pensiones del Régimen No Contributivo y bonos de vivienda.
MEP opera con el presupuesto más bajo de la década
La reducción al MEP se planteó pese a que esta institución ha tenido que hacer frente al ciclo lectivo del 2024 con el presupuesto más bajo de la última década, en relación con el Producto Interno Bruto (PIB). A la cartera se le asignaron ¢2,6 billones para atender la educación de un millón de niños y adolescentes.
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El monto representa un 5,2% del PIB, lo cual contrasta con el 7,3% del 2015; el 7,5% del 2017 o el 7,3% del 2020, de acuerdo con un análisis de la Contraloría General de la República (CGR).
De acuerdo con el análisis, en la última década el presupuesto del MEP ha representado, en promedio, el 25% del Presupuesto Nacional de la República, pero el montó bajó en 2024 a un 20,6%.
La Nación consultó al MEP si lo solicitado por Hacienda tendrá alguna repercursión en los servicios que brinda a la población estudiantil. Sin embargo, no se obtuvo respuesta para publicarla en esta información.
Los recursos recortados por solicitud de Hacienda tendrán que ser incluidos en un sexto presupuesto extraordinario, que tendrá que pasar por el tamiz de la Asamblea Legislativa. El análisis y discusión de esta modificación coincidirá con el trámite del Presupuesto Nacional del 2025, que debe ser presentado a más tardar el 1.° de setiembre próximo. La Ley de Presupuesto para el próximo año deberá estar aprobada antes del 30 de noviembre.
En los últimos meses, las tensiones han calado fuerte en el Congreso por la eventual disminución de los recursos asignados al MEP en el plan de gastos del próximo año. Se tiene contemplado que la rebaja sea de ¢19.000 millones, un monto menor al proyectado inicialmente.
En un principio, se estimó que la disminución sería de ¢65.000 millones, de acuerdo con una nota que Acosta le envió a la ministra del MEP, Anna Katharina Müller. El apoyo de la jerarca a este recorte fue una de las razones por la cual 33 legisladores aprobaron un voto de censura contra la titular de la cartera de Educación, el 17 de julio.
Igualmente, como parte de la discusión del presupuesto 2025, los diputados tendrán que definir cuánto se le destinará al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), luego que el gobierno fracasara en la negociación con los rectores de las cinco universidades públicas del país.
¿Cómo se definió el monto solicitado al MEP?
Según indicó Nogui Acosta ante una consulta de La Nación, “el monto de gasto a rebajar por cada entidad se determinó a partir del peso relativo o participación que cada una tiene en el Presupuesto Nacional, para cuyo efecto se tomó de base el disponible presupuestario de cada título al 1.° de agosto 2024″.
“Este disponible se obtiene de deducir al presupuesto autorizado, los montos devengados y comprometidos a esa fecha”, precisó.
Para el cálculo, según el jerarca, no se tocaron las partidas de remuneraciones y las contribuciones sociales vinculada a las mismas, ni lo correspondiente al título del servicio de la deuda pública y los regímenes de pensiones.
Los restantes cuatro ministerios que tendrán que hacer los aportes más elevados también cubren áreas sensibles. Estos son Obras Públicas y Transportes (MOPT), con ¢3.872 millones; Salud, con ¢2.365 millones; Seguridad Pública con, ¢1.984 millones, y Justicia y Paz, con ¢1.511 millones.
Entre las 19 instituciones del Poder Ejecutivo, se tiene previsto recaudar un total ¢27.108 millones, mientras que al Poder Judicial se le solicitaron ¢4.785 millones; al Poder Legislativo, ¢683 millones (incluidos sus órganos auxiliares); y al TSE, ¢399 millones.
Esto respondieron el Congreso y el TSE
Ante una consulta de este medio, la Asamblea Legislativa indicó que el 14 de agosto, el Directorio acordó ofrecer a Hacienda un aporte ¢645 millones “a fin de que atienda el mandato de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”. Lo indicado por el Congreso está ¢212 millones por encima de los ¢445 millones que Acosta le solicitó al presidente legislativo, Rodrigo Arias.
Por su parte, los magistrados del TSE propusieron devolver ¢500 millones al erario público. El ente electoral indicó, en un acuerdo tomado el 13 de agosto, estar “consciente de la realidad que vive el país en la actualidad, por la situación económica de las finanzas públicas” y que hacía la propuesta “de manera solidaria con el Ministerio de Hacienda”.