El presupuesto del Ministerio de Educación Pública (MEP) para el curso lectivo 2024 será el más bajo de la última década en relación con el producto interno bruto (PIB).
La institución tiene asignados ¢2,6 billones para atender la educación de un millón de niños y adolescentes que comenzarán clases a partir de este jueves 8 de febrero.
El monto representa un 5,2% del PIB, lo cual contrasta con el 7,3% del 2015; el 7,5% del 2017 o el 7,3% del 2020, de acuerdo con un análisis de la Contraloría General de la República (CGR). La advertencia es puntual: el presupuesto de este año “representa el porcentaje más bajo en los últimos 10 años en relación al PIB”.
La baja ha sido la tendencia en los últimos años. Mientras en el 2022 los recursos ascendieron a ¢2,78 billones, para el año siguiente fueron ¢2,75 billones.
De acuerdo con el análisis, en la última década el presupuesto del MEP ha representado, en promedio, el 25% del Presupuesto Nacional de la República, pero, para este año baja a 20,6%. La Contraloría sí señala que el MEP tiene para este año una proyección de 17.746 estudiantes menos, al pasar de 914.566 el año pasado, a 896.820 (1,9% menos).
‘Es gravísimo’
Pablo Chaverri Chaves, investigador y académico del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad Nacional (CIDE-UNA), declaró la situación como muy grave. Alega que quienes creen que reducir la inversión educativa es una forma de ahorrar dinero, tienen una mirada corta, porque eso empobrecerá al país en el largo plazo.
Recordó que mientras Costa Rica invertía en 2019 una cantidad de $5.399 por estudiante en primaria y secundaria, en Chile el monto era de $6.639 y el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) era de $10.316. Es decir, el promedio de la OCDE casi duplicaba la inversión por estudiante en Costa Rica.
Para que el país pueda al menos igualar el monto medio por estudiante de la OCDE, tendría que duplicar lo que invirtió del PIB en 2019 (6,8%) y alcanzar un 13,6% del PIB.
“Si Costa Rica aspira a alcanzar resultados como los de la OCDE, tendría entonces que invertir montos comparables con este grupo de países. Por lo tanto, se debe ver el 8% del PIB (en Educación) no como un techo, sino más bien como un piso. Es importante comprender que no se pueden alcanzar los resultados educativos de los países más avanzados invirtiendo mucho menos que estos”, insistió el académico.
Mencionó que existe evidencia científica de que la inversión pública en educación tiene un fuerte impacto en mejorar el acceso, permanencia, aprendizaje y graduación de estudiantes, lo que a su vez tiene un fuerte impacto en la economía.
¿Adónde irá el dinero?
Con ese presupuesto de ¢2,6 billones, el MEP destinará ¢1,6 billones al programa de implementación de la política educativa, con los cuales se pagan salarios. El MEP confirmó que hay 83.000 funcionarios nombrados, la planilla más grande del país.
El segundo programa en importancia es la definición y planificación de la política educativa, cuyos recursos se orientan, principalmente, a las universidades. Aquí la CGR mencionó que el presupuesto asignado a la educación superior crece 30,7% entre el 2015-2024, lo que equivale a ¢137.000 millones. Para este 2024, la educación superior recibirá ¢584.435 millones.
Por otro lado, las transferencias del MEP a favor de las Juntas de Educación y Administrativas serán del 23,8% del presupuesto, y para el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), de 7,7%.
Según el monitoreo, los recursos para invertir en el programa de becas Avancemos disminuyen en ¢18.752 millones para este año. Explica que eso ocurre porque el MEP rebajó en ¢29.672 millones su aporte para estos subsidios con respecto al 2023, pero el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) incrementó su aporte en ¢10.919 millones.
Las becas de Avancemos oscilan entre ¢18.000 y ¢40.000 al mes, dependiendo del grado académico que cruce el alumno, con dos únicos requisitos: que los estudiantes provengan de familias pobres o extremadamente pobres y que sean alumnos activos. El propósito es mantener en las aulas al mayor número de niños y adolescentes en pobreza.
En cuanto al presupuesto para infraestructura y equipamiento, la suma para 2024 es menor a la presupuestado en los años 2015-2021, pese a que crece en ¢12.065 millones. Además, según la Contraloría, en el presupuesto no se incorporaron recursos para arreglar los problemas de escuelas y colegios a los que el Ministerio de Salud les dictó órdenes sanitarias.
La Nación solicitó al MEP una posición al respecto, pero al cierre de esta nota no se había recibido respuesta.
El 5 de febrero, en conferencia de prensa, la viceministra administrativa, Sofía Ramírez, informó de que iniciarán el curso lectivo con 849 órdenes sanitarias, de los cuales el MEP trabaja en 137 y busca soluciones para el centro educativo Los Ledezma, en la zona norte, y el Sagrado Corazón de Jesús, en Escazú, que se encuentran cerrados.
Por su parte, la ministra Anna Katharina Müller señaló la necesidad de una reforma educativa en la que, afirmó, están trabajando, aunque no detalló acciones.
Este jueves, el año escolar se inaugurará en la Escuela Bernardo Gutiérrez, en Sardinal de Carrillo, Guanacaste.
Compromete el futuro del país
El lX Informe Estado de la Educación alertó sobre la misma situación que mencionó el investigador Pablo Chaverri. Su coordinadora, Isabel Román, recalcó en setiembre la necesidad de invertir más en el sistema educativo, pues a pesar de que nacen menos niños que llegarán a las aulas, los retos aumentan.
“Se equivocan en eso porque no están tomando en cuenta la complejidad de los desafíos que tenemos”, declaró Román a La Nación-
En lX Informe Estado de la Educación (titulado como “educasión” para llamar la atención sobre lo mal que está el sistema educativo) alertó que la reducción en el presupuesto compromete significativamente el potencial de crecimiento económico y desarrollo futuro del país.
Además, que de seguir decreciendo el monto, podría provocar una caída en la cobertura, calidad y pertinencia de los programas de equidad, lo que se agrava cuando se considera que más del 40% de las personas estudiantes de 4 a 18 años que asisten a centros educativos públicos se encuentran en situación de pobreza.
Desde la Asamblea Legislativa la diputada de Liberación Nacional (PLN), Kattia Rivera, manifestó que al seguir disminuyendo el presupuesto se ensancha aún más la brecha de la exclusión y recalcó que la población en condiciones vulnerables es la que más sufre.
Opinión similar tiene la presidenta de la Comisión Especial de la Educación, Rosaura Méndez. Ella insistió en que la educación es una herramienta fundamental para preparar a los jóvenes para que tengan una vida exitosa y productiva.
“Es realmente preocupante la manera en la que inicia este ciclo lectivo. Efectivamente, es el presupuesto más bajo en muchísimos años en la historia de Costa Rica y eso señala el poco interés que tiene el Poder Ejecutivo en mejorar las condiciones de crisis de nuestro sistema de educación pública”, aseveró Rocío Alfaro, diputada del Frente Amplio.
Para ella, esta medida acrecienta la brecha entre la educación pública y la privada y, por lo tanto, la brecha social.
Cuestionamiento
En junio de 2023 el presidente de la República, Rodrigo Chaves, cuestionó que la Constitución Política establezca, en su artículo 78, un gasto mínimo en educación estatal.
“(Parece que) uno no puede racionalmente preguntarse si un país que está envejeciendo, donde cada vez hay menos estudiantes, debió amarrarse a un 8% del PIB. A mí me parece que eso pudo haber sido en consecuencia y en intención una medida populista, en aquel entonces”, dijo el mandatario.
Tres meses después, en setiembre, la jerarca de educación, Anna Katharina Müller, se planteó la misma pregunta y solicitó la “base científica” del 8% para educación durante un foro en una universidad privada.