Natasha Cambronero, Esteban Oviedo. 14 diciembre, 2016
La empresa Mallon Oil Company consideró las llanuras del cantón de San Carlos como áreas prioritarias para la exploración de gas natural y petróleo.
La empresa Mallon Oil Company consideró las llanuras del cantón de San Carlos como áreas prioritarias para la exploración de gas natural y petróleo.

La Sala I revivió un decreto de 1998 que permite a las empresas petroleras suscribir contratos con el Estado costarricense, para explorar petróleo en el país, sin necesidad de presentar los estudios de impacto ambiental antes de la firma.

En consecuencia, la petrolera estadounidense Mallon Oil Company ve abrirse la posibilidad de que el Gobierno formalice la licitación que se le adjudicó en el año 2000 para explorar y explotar gas natural y petróleo en seis bloques de Costa Rica, principalmente en las llanuras de la zona norte.

Sin embargo, la opción pasará de nuevo por una sala de juicio.

En junio del 2013, la concesión petrolera quedó congelada cuando el Tribunal Contencioso Administrativo se trajo abajo el decreto 26.750, aprobado hace 18 años por el entonces presidente José María Figueres Olsen y el entonces ministro de Ambiente, René Castro, el 17 de marzo de 1998.

Esa norma derogó 17 artículos del reglamento de la Ley de Hidrocarburos, en los cuales se establecía que el Estado no podía firmar la adjudicación de una concesión petrolera hasta que la empresa interesada presentara los análisis ambientales correspondientes.

En su lugar, el decreto estableció que el contrato se podía suscribir con solo la presentación de un estudio de gabinete, bibliográfico, sobre el potencial petrolero, sin la necesidad de evaluar el impacto que la exploración o explotación podría ocasionar sobre la flora, la fauna, los recursos hídricos, o bien, sobre las personas.

El estudio de impacto ambiental tendría que elaborarse después de la firma del contrato, cuando se iniciara la fase de exploración y explotación de petróleo.

Luego de la anulación del decreto, la Procuraduría General de la República, como abogado del Estado, apeló la sentencia del Tribunal Contencioso ante la Sala I. Como coadyuvante pasivo, figuró Mallon Oil Company.

El 28 de enero de este año, los magistrados acogieron el recurso de apelación y anularon el fallo del Contencioso Administrativo.

Por mayoría (tres votos contra dos), la Sala I decidió traerse abajo la sentencia con el alegato de que el Tribunal comunicó el fallo a las partes dos días después del plazo que establece la ley.

A la vez, no obstante, los magistrados ordenaron celebrar el juicio de nuevo pero con un Tribunal integrado por jueces distintos.

La audiencia oral y pública está prevista para mañana jueves, a las 8:30 a. m., en los Tribunales del Segundo Circuito Judicial de San José, en Calle Blancos.

Los bloques adjudicados a Mallon.
Los bloques adjudicados a Mallon.
Empresa interesada

Pedro Oller, abogado de la petrolera estadounidense, afirmó de que el decreto de 1998 habilita a la compañía para firmar el contrato de exploración con el Gobierno, con base en estudios preliminares y sin la necesidad de elaborar un estudio de impacto ambiental en esta etapa.

La compañía rechaza que, para sellar la adjudicación, sea indispensable presentar el estudio que le solicitó la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) en el 2011. "La ejecución depende de conocer si el requisito adicional que se inventaron es válido de acuerdo con la ley", dijo Oller, quien adujo que no existe ninguna medida cautelar que impida aplicar el decreto de Figueres.

No obstante, agregó que, desde el 20 de agosto del 2014, Mallon presentó una nueva solicitud de estudio ambiental ante la Setena con la intención de ampliar su estudio original; y está a la espera de que la Secretaría le señale los términos de referencia para la primera fase de prospección, dentro de la etapa de exploración.

Afirmó, además, que Mallon se apersonó al nuevo juicio para defender la validez de la norma emitida al final del gobierno de Figueres, en 1998.

En cuanto a la moratoria en la exploración petrolera, el abogado afirma que Mallon recibió la adjudicación (en el 2000) antes de que esta entrara a regir, por lo que se aplica el principio de "primero en tiempo, primero en derecho".

La moratoria petrolera se firmó el 1.° de agosto del 2011, durante la administración de Laura Chinchilla (2010-2014), y fue ampliada hasta el año 2021 por el presidente Luis Guillermo Solís, el 25 de julio del 2014.

Según Oller, esas normas no tienen efecto sobre concesión porque, en el transitorio I de ambas, dicen: "Todo derecho adquirido antes de la publicación del presente decreto será respetado".

"Se desprende que todo derecho adquirido previo a la promulgación del decreto (de moratorio) será respetado, es decir, que la moratoria temporal dictada por el Gobierno de Costa Rica para la producción de petróleo no le afecta a la empresa Mallon Oil Co. En este sentido, Mallon Oil Company Sucursal Costa Rica tiene una concesión válidamente adjudicada desde el año 2000, mediante resolución 105-2000-MINAE, por lo que efectivamente tiene derechos adquiridos para la exploración y explotación de hidrocarburos (gas natural y petróleo) previo a la promulgación de la Moratoria Petrolera.

Nuevo juicio

Fue el ambientalista, Freddy Pacheco, quien pidió declarar "nulo e ineficaz" el decreto de 1998 y así lo reiterará en el juicio de este jueves. En su criterio, hay pruebas suficientes para que el Contencioso repita el fallo del 2013.

"Yo he aprendido que uno no puede llegar a un juicio de estos pensando que ya está ganado. Los jueces determinan muchas cosas y uno no sabe las circunstancias. Yo confío en que tenemos suficientes elementos de juicio para reestablecer las normas ambientales", dijo Pacheco.

En su contra no solo se encontrara a la defensa de Mallon Oil, sino también la de la Procuraduría, que reiterará la validez del decreto de Figueres.

"El Estado continuará con la misma línea de defensa de legalidad del decreto ejecutivo 26.750 del Ministerio de Ambiente y Energía", dijo la PGR en un correo electrónico.

El contenido de este decreto se ha conocido en tres instancias diferentes: la Sala Constitucional, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y la Sala I.