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La regla fiscal representa un importante obstáculo a un eventual plan del Gobierno para subsidiar los pasajes de autobús a través de un crédito por $200 millones con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), como paliativo frente al alto costo de los combustibles.
De acuerdo con los incisos b y d del artículo 13 del título IV de la ley 9635, Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, en el actual escenario de crisis fiscal que enfrenta el país, con una deuda pública superior al 65% del producto interno bruto (PIB), no se pueden firmar contratos de préstamo para sufragar gasto corriente ni se pueden otorgar subsidios por parte del Gobierno.
Específicamente, dicho artículo del apartado sobre Responsabilidad fiscal de la República, permite solamente que se suscriban créditos o préstamos que se utilicen como paliativo para la deuda pública o para inversiones.
Tampoco avala que el Ejecutivo dé rescates financieros o subsidios, ni cualquier otro movimiento que conlleve gasto de recursos para beneficio de los sectores productivos.
Según informó La Nación el 15 de mayo, el gobierno de Rodrigo Chaves entró al programa del BCIE sobre subsidios frente a los altos precios de los combustibles y consideraría emplear dicho financiamiento para subsidiar los pases del bus que pagan los costarricenses.
Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, en ese momento, y el presidente Rodrigo Chaves agregó el domingo que si se usara ese crédito, sería condicionado a que los autobuseros apliquen el cobro electrónico con el fin de que el Estado tenga certeza de cuántos pasajeros se mueven realmente en sus unidades. A ello, este miércoles, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, añadió que esa opción es una de las últimas a evaluar.
El crédito fue solicitado al BCIE y está pendiente de aprobación en el directorio del banco en una reunión de principios de junio. Si se firmara, tendría que pasar a consideración de la Asamblea Legislativa, tal como lo ordena la Constitución Política.
No obstante, al pie de la letra, el artículo de la regla fiscal impediría la firma un de préstamo con esas características por la situación financiera que atraviesa el país.
De hecho, la única válvula de escape que establece la misma regla fiscal para un préstamo que financie subsidios es, precisamente, que así lo aprueben los diputados.
El inciso d ya citado dice que solamente se podrían aprobar ese tipo de gastos de recursos públicos en los casos en que la Asamblea, mediante una ley, “declare la procedencia del rescate financiero, ayuda o subsidio a favor de estos”.
De esa manera, un eventual plan de Casa Presidencial para subsidiar los pasajes de autobús quedaría en manos de los congresistas que, desde hace varios días lo que piden es una medida más general, que beneficie a los consumidores de gasolina y diésel, al rebajar el impuesto único a los combustibles.
Consultado al respecto, el ministro Acosta respondió que, primero, se debe hacer el diseño del subsidio que habían anunciado y que, luego, se tendría que realizar una valoración sobre lo que implica en relación con la regla fiscal y el ingreso del financiamiento en el Presupuesto Nacional.
Adicionalmente, la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, detalló que Nogui Acosta les ha explicado, precisamente, que si se valoran los subsidios tendrían que dirigirse a gasto social, es decir, para beneficiar a las personas que tienen una condición más vulnerable.
“No es cualquier subsidio el que se puede dar. Este iría dirigido a las tarifas de los buses, entonces, como es un tema que se tiene que ver junto con la agenda del Fondo Monetario Internacional (FMI), aún el ministro Acosta está analizando las opciones”, contestó.
Respecto a la necesidad de, eventualmente, tener que aprobar vía ley una excepción a la aplicación de la regla fiscal, Díaz indicó que desconoce el mecanismo que tendrían que utilizar.
“Sí le digo que el ministro nos ha explicado que debe ser, en el caso de que se considere, para gasto social, únicamente, de acuerdo con la agenda del Fondo, pero es algo que él está analizando con el señor presidente”, apuntó la ministra de la Presidencia.
A partir de junio, entrará en vigor un nuevo aumento que disparará los precios de combustibles a más de ¢1.000 por litro. La gasolina súper pasará de ¢958 a ¢1.062; el diésel de ¢908 a ¢1.012 y en la regular de ¢933 a ¢1.024.
