Evaristo Arce Hernández, regidor suplente de San Carlos por el Partido Liberación Nacional (PLN), fue condenado a tres años de cárcel por cobrar una dádiva a un vecino de la zona, a cambio de facilitar un trámite municipal.
La sentencia la dictó este lunes el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, en Goicoechea, según lo confirmó la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Adjunta de San Carlos.
En el juicio quedó demostrado que, en el 2015, Arce le cobró ¢4 millones a Marvin Morera, vecino de Pital, por acelerar la inscripción de un camino municipal en la comunidad de La Trinchera.
Si bien el regidor verdiblanco fue condenado a prisión, el Tribunal le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena, por lo que no perderá su libertad.
No obstante, tras declararlo culpable del delito de concusión, los jueces ordenaron quitarle su credencial como regidor e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos también durante tres años.
Además, deberá pagarle ¢10 millones a Morera, y otros ¢1,5 millones al Estado por el daño social causado. La sentencia integral será conocida el miércoles.
Según el Código Penal, incurre en dicha conducta el funcionario público que abuse de su poder para obligar o inducir a un tercero a darle algún beneficio, sea para sí mismo o para otra persona.
Evaristo Arce ejerce cargos de elección popular en San Carlos, por el PLN, desde el 2006. En ese año, obtuvo un escaño como síndico por el distrito de Pital y fue reelecto en el 2011.
Posteriormente, en los comicios municipales del 2016 y del 2020, fue escogido como regidor suplente, cargo que tiene hasta la fecha.
Este medio procuró conocer la versión de los hechos por parte de Arce; sin embargo, aseguró que, por recomendación de sus abogados, se abstendría de dar declaraciones.
Operativo con dinero marcado
Según relató a La Nación el denunciante, Marvin Morera, la inscripción del camino la necesitaba para poder segregar una propiedad ubicada en la comunidad de La Trinchera, en Pital.
Explicó que se trataba de un terreno muy pequeño y no apto para la agricultura —negocio al que se dedica su familia—, por lo que decidió dividirlo y venderlo a varios vecinos que requerían un lugar donde vivir.
De acuerdo con Morera, los trámites los inició en el 2012, pero los meses pasaban y el proceso no avanzaba porque la municipalidad de San Carlos le exigía requisitos que no podía cumplir.
Un día, según su relato, en una reunión, el alcalde Alfredo Córdoba le dijo a él y a las familias interesadas que coordinaran con Arce, quien entonces era síndico por el distrito de Pital.
Morera narró a La Nación que Arce les daba “solo peros y peros”, bajo el alegato de que estaba difícil que les aprobaran el trámite.
“Entonces dijo: ‘Hay una única manera’. Y diay, picó mi curiosidad y le pregunté que cuál era. Y me dijo: ‘Hay una gente en la muni que hacen esto, pero hay que darles una platica’. Me llamó la atención y le pregunto que de cuánto estábamos hablando, y fue cuando me dijo que lo hacían por ¢4 millones, ¢2 millones cuando inicia y al mes y medio ya tenía todos los papeles en regla”, detalló Morera.
El ofendido dijo que rechazó la oferta; dejó que pasaran un par de meses y volvió a llamar al funcionario para pedirle que lo ayudara, pero de otra manera. Sin embargo, recordó que Arce le aseguró que no había otra forma, aunque le ofreció ayudarle por un precio menor, esta vez de ¢3 millones.
En esa ocasión, molesto y respaldado por un amigo, decidió denunciar a Arce. La queja la presentó en el Organismo de Investigación Judicial de San José (OIJ) pues, según dijo, no tenía suficiente confianza en las autoridades judiciales de la zona norte.
Tras presentar la queja, la Policía Judicial le dio instrucciones para coordinar, supuestamente, la entrega del dinero solicitado, en un operativo con billetes marcados.
Cuando Morera citó al regidor en su casa, un día de noviembre del 2015, y le entregó el dinero, el OIJ ejecutó su detención.
De acuerdo con Bryan Castro, el fiscal del caso, el Ministerio Público investigó si Arce actuó en conjunto con otros funcionarios. La información recabada no permitió señalar a otras personas.
“Es importante resaltar que el hecho de que el imputado pidiera dinero señalando que ‘lo requerían otros funcionarios de la Municipalidad’, es parte del engaño que utilizó para hacerle creer a la víctima que así podía conseguir la declaratoria de camino público”, indicó Castro.
Luego de cinco años, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública condenó a Arce por el delito de concusión, según afirmó Alexánder Piedra, abogado del denunciante.
No fue posible conocer la opinión del alcalde de San Carlos, Alfredo Córdoba, quien también pertenece al Partido Liberación Nacional (PLN), ya que mantuvo su celular apagado durante la tarde de este lunes.