La empresa Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima (Racsa), consultó ante la Procuraduría General de la República (PGR) si debía aplicar las medidas de ahorro en los salarios que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Según especifica el criterio C-402 -2020 emitido por el ente procurador en octubre del 2020, Racsa preguntó si al ser una empresa pública no estatal, perteneciente al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), estaba sujeta al título III de la denominada reforma fiscal.

Ante esto, la PGR indicó: “Racsa es una empresa pública propiedad del ICE (...), por lo que no puede ser considerada como una empresa del Estado-Ente Público Mayor (...).

“A Racsa no le resultan aplicables las disposiciones del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (n.°9635).”.

Esto se debe a que la Ley 9635 indica que estarán sujetas a sus disposiciones toda la administración central, las instituciones autónomas y semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades, pero en ella no se complo a las empresas públicas no estatales.

De esta forma, si Racsa decide no aplicar las disposiciones contempladas en ese título no estarían incurriendo en algún delito, pues esta parte de la reforma fiscal no le aplica.

El título tercero de la reforma vino a modificar la ley de Salarios de la Administración Pública, la cual fue emitida el 9 de octubre de 1957.

Este cambio permitió al Estado establecer limitaciones para los pagos de dedicación exclusiva, dietas, pluses salariales y prohibición.

La reforma fiscal también obliga a calcular anualidades y otros incentivos laborales como montos fijos o nominales y no de manera porcentual, esto para evitar producir un crecimiento exponencial en ese gasto, lo cual presiona las finanzas públicas.

El criterio fue solicitado por Racsa en diciembre de 2019, tan solo dos meses después de que la PGR le indicó a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) que estaba exenta de aplicar la reforma fiscal para sus empleadores.

Tanto Racsa como la CNFL forman parte del grupo de empresas públicas no estatales, y ambas son compañías hermanas, pues le pertenecen al ICE; esto quiere decir que poseen autonomía del Estado y de la institución madre.

El diputado Welmer Ramos, del Partido Acción Ciudadana (PAC), es parte del grupo de voces que participaron en la discusión de la reforma fiscal en el Congreso, la cual se dio en 2018.

Según este congresista, que las empresas públicas no estatales no estén incluidas en la ley no es un error, pues asegura que al ser compañías en competencia, el Parlamento decidió dejarlas por fuera.

“Queríamos nosotros dejar por fuera, en temas de contratación, a empresas que estaban en competencia con el resto, para no hacer una normativa desigual que pudiera llevar a las empresas públicas a una situación de inferioridad de condiciones a la hora de competir”, aseguró Ramos.

El oficialista indicó que esta situación no produce afectaciones en las finanzas públicas pues cada empresa tiene su propio presupuesto.

Según datos del Ministerio de Planificación (Mideplán), además de estas dos empresas del ICE, en la estructura estatal se contemplan como empresas públicas no estatales a la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S. A. (ESPH) y la Operadora de Planes de Pensiones Complementarias del Banco Popular y de Desarrollo Comunal S. A.

También son parte de este grupo las siguientes sociedades anónimas : Popular Sociedad Agencia de Seguros; Popular Valores, Puesto de Bolsa, Popular Sociedad Fondos de Inversión y Vida Plena Operadora de Pensiones Complementarias.

CNFL se escapó de reforma fiscal

Actualmente la CNFL no ha aplicado las medidas de ahorro en salarios que establece la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pues su estatus de empresa pública no estatal le permitió escabullirse de la reforma.

Según indicó la CNFL, los salarios de sus 1.950 funcionarios se siguen calculando tal como lo hacían antes de la entrada de la denominada reforma fiscal, la cual fue aprobada por el Congreso el 3 de diciembre de 2018.

“A la CNFL no le alcanza las disposiciones del título tercero de la ley 9635 (reforma fiscal)”, confirmó la entidad ante la consulta de La Nación.

La forma en que esta empresa del ICE se aseguró de estar a salvo de la reforma fiscal fue mediante un criterio muy similar emitido ante la PGR.

Al respecto, el ente procurador explicó en el criterio C-314-2019, del 24 de octubre del 2019, que al ser esta compañía una empresa pública no estatal no clasifica para aplicar la reforma fiscal.

Según detalló la CNFL, su estructura salarial se aplica conforme lo establece el artículo 32 de la ley 8660, creada para el fortalecimiento y modernización de entidades públicas del sector de telecomunicaciones.

Este artículo sostiene que, para las empresas del ICE, la Junta Directiva de cada una de ellas está facultada para dictar normas y políticas que regulen las condiciones laborales, la creación de plazas, los esquemas de remuneración, las obligaciones y derechos de los trabajadores.

RACSA si aplica la ley

A diferencia de la CNFL, en Racsa si han aplicado las disposiciones de la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, así lo confirmó la entidad a este medio.

“Con la promulgación de la Ley, la empresa optó por la aplicación de las disposiciones del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, como una medida prudente ante la duda surgida sobre la aplicación de este apartado”, aseguró la compañía.

Además, aseguran que, desde 2010 han aplicado gradualmente políticas de austeridad y optimización, las cuales han permitido que Racsa ya no reconozca los pluses de dedicación exclusiva o carrera profesional.

Debido a esto poseen dos regímenes salariales, razón por la que su planilla posee un 14% de funcionarios con remuneraciones que incluyen pluses, y 86% con régimen de salario global.

“Estos cambios en el modelo de remuneración se han implementado con anterioridad a la Ley de Fortalecimiento (...), se han respetado los derechos de las personas que ingresaron a la empresa con un modelo salarial compuesto, conforme al ordenamiento jurídico”, agregó Racsa.

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