El 3 de octubre del 2018, cinco fracciones legislativas se comprometieron a impulsar la aprobación expedita de un plan para gravar los excedentes de las grandes cooperativas, pero 11 meses después, en la Asamblea Legislativa no hay ningún proyecto de ley que esté cerca de cumplir con ese propósito.

Las bancadas de Liberación Nacional (PLN), Acción Ciudadana (PAC), Restauración Nacional, el Frente Amplio, el Republicano Social Cristiano y el independiente Erick Rodríguez suscribieron el acuerdo luego de oponerse a incluir el gravamen en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, por considerar que el mecanismo que se proponía en ese momento no era claro.

En el primer trimestre del año, los diputados discutieron el proyecto que presentó la socialcristiana María Inés Solís con el respaldo de 36 legisladores, que proponía cobrarles un impuesto a las cooperativas con ganancias superiores a los ¢250 millones anuales.

Pero dicha propuesta quedó en coma en marzo, cuando los integrantes de la comisión de Asuntos Económicos le dieron un dictamen negativo por considerarla inconstitucional. Desde entonces, el movimiento al respecto en el Congreso ha sido prácticamente nulo.

Tanto el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) como el PAC se declaran interesados en que las ganancias de las grandes cooperativas se graven, pero en cada acera afirman que es a la otra agrupación que le corresponde dar el paso.

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Los socialcristianos firmaron un dictamen de minoría que mantiene con vida el proyecto de Solís, pero reconocen que no tienen los votos para que sea una opción viable. En la Unidad consideran, además, que ya que sus dos propuestas para gravar las ganancias de las cooperativas han sido rechazadas, le corresponde al gobierno y a la fracción oficialista presentar alternativas.

“Si iban a votar en contra, como en efecto votaron, de buena fe debían haber presentado una contrapropuesta o un texto sustitutivo y no lo hicieron, simplemente enterraron lo que había”, afirmó Pedro Muñoz, uno de los firmantes del dictamen de minoría.

El también socialcristiano Pablo Heriberto Abarca afirmó que el gobierno no ha buscado formas de conseguir un consenso sobre el tema.

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“Tampoco ha habido un seguimiento del gobierno, ellos habían dicho que iban a hacer una convocatoria de los sectores para ver si se podía generar un texto sustitutivo o un nuevo proyecto, pero eso no ha sucedido”, reprochó Abarca.

Paola Vega, del PAC, firmó el dictamen de minoría junto a los legisladores del PUSC. Según dijo, lo hizo porque considera que el tema debe conocerlo el plenario, pero su bancada espera que sea la Unidad la que haga un nuevo esfuerzo para colocar el tema en la agenda.

“Nosotros como fracción estamos divididos en el tema en cuanto a posiciones, pero todos queremos que el tema se vea en plenario. Sin embargo, doña María Inés no ha colocado el tema, entonces si ella no lo coloca es muy difícil avanzar”, dijo Vega.

Mientras tanto, Eduardo Cruickshank, jefe de los restauracionistas, afirmó que su bancada debe valorar si en el país hay cooperativas que tienen excedentes “tan voluminosos” que ameriten ser gravados con un impuesto sobre los excedentes pues, según dijo, en muchos casos los afiliados de dichas corporaciones no reciben montos “tan significativos”.

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Según manifestó, ese es un análisis que harían si alguna otra fracción presenta un proyecto de ley, pues su bancada “no está en esa línea”.

Y Karine Niño, la diputada del PLN que participó en la discusión de la propuesta del PUSC en la comisión de Económicos, afirmó que la discusión ahora debe ser sobre el modelo cooperativista, antes de pensar en asignarles más cargas.

Niño fue una de las legisladoras que votó en contra del plan impulsado por María Inés Solís. Recalcó que las cooperativas ya pagan cargas parafiscales y a sus afiliados ya se les cobra un impuesto sobre los dividendos que reciben, por lo que un impuesto sobre las ganancias sería una doble imposición.

Por eso, señaló, es que presentó un proyecto de ley para que las cargas que pagan las cooperativas ingresen directamente a las arcas del Estado.

El plan para gravar los excedentes de las cooperativas forma parte de una agenda de proyectos que acordaron las fracciones legislativas cuando aprobaron la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. La idea era que con una serie de iniciativas, se corrigieran errores y se saldaran deudas de la reforma tributaria.

Uno de los acuerdos fue el de impulsar un proyecto que elimine el enganche que aumenta automáticamente los salarios de los médicos cada vez que se ajustan los sueldos de otros empleados públicos; el cual también sigue pendiente.

Tampoco se ha concretado la presentación de un plan para para corregir la ampliación de la exención del pago del IVA sobre las compras de insumos que le concedieron los diputados a las zonas francas.

¿Qué cambios plantea la propuesta de ley?

La legislación vigente exime a las cooperativas del pago del impuesto sobre la renta, por el cual se cobra hasta un 30% a las demás empresas que operan en el país, sobre las utilidades que perciben por sus operaciones.

Pero, con la reforma fiscal, se aumentó de un 5% a un 10% el impuesto a los dividendos que reparten las cooperativas a sus asociados, que son los propietarios.

La propuesta de Solís plantea cobrarles un impuesto a las cooperativas con ganancias superiores a los ¢250 millones anuales. Según el texto, Hacienda gravaría un 10% de impuesto sobre las ganancias cooperativas entre los ¢250 millones y los ¢750 millones, y un 20% a partir de los ¢750 millones.

En el dictamen de minoría, Abarca propone una alternativa que, según dice, solventaría los temores de inconstitucionalidad de los demás legisladores.

Ese texto establecería el gravamen únicamente sobre el 70% de los excedentes de las cooperativas, al considerar que el 30% restante puede estar sujeto a las cargas parafiscales de las cooperativas.

Asimismo, las cooperativas que ofrecen servicios públicos quedarían exentas del tributo para no afectar a los consumidores.