Seis diputados de la Comisión de Asuntos Económicos votaron por archivar el proyecto de ley para cobrarles un impuesto a las cooperativas con ganancias superiores a los ¢250 millones anuales, por considerarlo “mal concebido” e “inconstitucional”
Se trata de Roberto Thompson, Karine Niño y Daniel Ulate, de Liberación Nacional (PLN); Luis Ramón Carranza, de Acción Ciudadana (PAC); Melvin Núñez, de Restauración Nacional; y Marulin Azofeifa, del bloque independiente Nueva República.
Ellos votaron a favor de un dictamen de subcomisión de mayoría presentado por Thompson, Niño, Ulate y Carranza, al que también se sumó Azofeifa, y recomienda que el expediente 21.017 no se convierta en ley.
Según el diputado Carranza, la subcomisión decidió elaborar el dictamen negativo para el proyecto de Ley de impuesto sobre los excedentes de las asociaciones cooperativas, porque fue mal concebido desde el principio.
“(Su elaboración) se basó en establecer paralelismos erróneos entre una cooperativa y una sociedad mercantil, reflejando el proyecto un desconocimiento total de lo que es la figura del cooperativismo. Para puntualizar consideramos que es inconstitucional”, alegó Carranza en la Comisión.
No obstante, el proyecto aún tiene vida porque un dictamen de minoría lo envía al plenario para que se vote en una fecha no definida. Este fue respaldado por Pablo Heriberto Abarca y Pedro Muñoz, ambos de la Unidad Social Cristiana (PUSC); y Paola Vega, del PAC.
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El proyecto de ley se presentó en octubre anterior con el respaldo de 36 diputados de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Acción Ciudadana (PAC), Liberación Nacional, Restauración Nacional (antes de que se dividiera) y del Frente Amplio.
Según el texto, Hacienda cobraría un 10% de impuesto sobre las ganancias cooperativas entre los ¢250 millones y los ¢750 millones, y un 20% a partir de los ¢750 millones.
Quedaban exentas de gravamen aquellas con ganancias inferiores a los ¢250 millones. La reforma fiscal, aprobada a finales del año anterior, aumenta el impuesto sobre los dividendos de los asociados del 5% al 7% y luego gradualmente al 10%.
Carranza añadió que, durante el periodo de comparecencias de representantes de las cooperativas en la comisión, quedó claro el aporte del sector al desarrollo en zonas periféricas del país.
“Gravar a las cooperativas también significaría un gran impacto al desarrollo de los territorios, desarrollos en el campo de la electrificación y sobre todos los servicios”, añadió.
También alega que, de aprobarse el proyecto, se crearía una desigualdad entre las cooperativas, porque algunas de ellas parecen grandes y no lo son.
Carranza citó el ejemplo de Coopenae, una cooperativa dedicada a los créditos con 170 mil asociados, quienes cada año solo reciben de las utilidades ¢45.000 cada uno.
En tanto, el diputado Thompson recordó cifras para justificar su voto negativo como las 900.000 personas afiliadas al sector (el 40% de la población económicamente activa y el 21% de la población nacional), 21.000 empleos directos, ¢132.000 millones en exportaciones, más de ¢3.000 millones en capacitación y más de ¢10.000 en inversión social.
Thompson también recordó que si bien el PLN y las otras fracciones respaldaron el proyecto de gravar a las grandes cooperativas, ahora esa propuesta no es de recibo.
En ese sentido, propuso redactar en el seno de su fracción un texto alternativo acorde con las características de las cooperativas, “con el propósito de fortalecer y mejorar la calidad de vida de casi 900.000 personas en el país”.
Por su parte, Abarca, quien a la vez es presidente de la comisión de Asuntos Económicos, propuso un texto alternativo al proyecto 20.017 que, asegura, resolvería el problema de constitucionalidad planteado por el dictamen de mayoría.
Ese nuevo texto establecería el gravamen como una contribución especial a las finanzas públicas y no como un pago de renta. Además, el cobro se calcularía únicamente sobre el 70% de los excedentes, al considerar que el 30% restante puede estar sujeto a las cargas parafiscales de las cooperativas.
Así mismo, las cooperativas que ofrecen servicios públicos quedarían exentas del tributo para no afectar a los consumidores.
