Josué Bravo. 30 enero
30/01/2019. Geovanny Villalobos, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), luego de su comparecencia en la Comisión Económica de la Asamblea Legislativa. Foto: Josué Bravo.
30/01/2019. Geovanny Villalobos, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), luego de su comparecencia en la Comisión Económica de la Asamblea Legislativa. Foto: Josué Bravo.

Geovanny Villalobos, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), dijo que su sector no es el responsable del déficit fiscal del país, por lo que rechaza el proyecto de ley que propone cobrar un impuesto a las ganancias de las grandes cooperativas.

Villalobos hizo el alegato ante los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, donde se tramita el expediente 21.017, Ley de Impuesto sobre los Excedentes de las Asociaciones Cooperativas.

“Somos conscientes del estado de las finanzas públicas. También somos conscientes de que no fuimos nosotros los que lo provocamos, estamos claros”, declaró esta tarde Villalobos.

El proyecto, respaldado por diputados de siete fracciones legislativas, cobraría un 10% de impuesto sobre las ganancias de las cooperativas con excedentes entre los ¢250 millones y los ¢750 millones; y un 20% a las que superen los ¢750 millones.

Estarían exentas las que reporten ganancias inferiores a los ¢250 millones anuales. La finalidad de este proyecto es mejorar los ingresos del Gobierno.

Sin precisar, Villalobos indicó que tanto el sector cooperativo como los diputados conocen “dónde está el hueco” que produce el problema financiero del Estado.

“No es poniendo una doble imposición a las cooperativas que van a llenar ese vacío que tienen las arcas del Estado”, añadió el presidente de Conacoop.

Villalobos argumentó que gravar con impuesto a los excedentes del cooperativismo es un doble cobro de impuesto, dado que los asociados ya pagan un 10% de tributo cuando se les reparten dividendos. En su criterio, la medida sería inconstitucional.

No obstante, el Estado sí le hace el doble cobro al resto de las empresas privadas. En el caso de las sociedades mercantiles, estas deben pagar hasta un 30% de impuesto sobre sus utilidades y, después, si reparte el remanente entre sus socios a título de dividendos, estos deben pagar hasta un 15% de tributo.

El presidente del Conacoop afirmó que las cooperativas ya dieron muestra de “patriotismo” durante la discusión de la reforma fiscal aprobada en diciembre, al aceptar que el impuesto sobre los dividendos de los asociados subiera del 5% al 10%.

Este incremento, dijo, permitirá al Estado recaudar ¢30.000 millones anuales en vez de ¢7.200 millones.

Villalobos dijo que las cooperativas son empresas, pero con una naturaleza diferente, porque fueron creadas para resolver necesidades propias de los asociados.

Por su parte, Gustavo Fernández, presidente del Instituto de Fomento Cooperativo (Infocoop), alegó que el proyecto de ley desincentivaría la creación de nuevas cooperativas, afectaría el desarrollo de las que ya funcionan y, a la vez, las dejaría en desventaja con respecto a otras formas de asociación comercial.

Distribución desigual de aporte de la banca nacional

La diputada liberacionista Karine Niño le cuestionó al presidente del Infocoop cómo se distribuye el dinero que, por ley, la banca pública le debe girar a esa institución proveniente de sus utilidades (un 10%).

Fernández respondió que, en la zona central del país, se coloca la mayoría de estos recursos, específicamente en las cooperativas de ahorro y crédito, mientras que en regiones como el Caribe, se distribuye apenas el 1%.

“Efectivamente, nosotros creemos que hay un gran desafío en la colocación de esos recursos, eso es parte de lo que ha provocado la intervención de Infocoop”, reconoció Fernández.

El Consejo de Gobierno mantiene intervenido el Infocoop, mientras una auditoría forense encargada a una empresa privada investiga supuestos malos manejos del gobierno corporativo.

Según Fernández, Infocoop recibió el año pasado ¢7.000 millones de las utilidades de la banca nacional y, en el 2017, la cifra fue de ¢12.000 millones.

“El Infocoop, por una práctica de colocación de hace muchos años de priorizar el sector de ahorro y crédito, que de alguna manera tiene una mayor solvencia, ha renunciado también a lo que es el microcrédito a las (otras) cooperativas”, dijo Fernández.

Fernández añadió que el reto de Infocoop es redistribuir mejor esos recursos de una manera más “equitativa y justa”, principalmente en zonas costeras y fronterizas.

Contraloría: solo 192 cooperativas pagaron tributo parafiscal

Durante una comparecencia en esta misma comisión, pero el martes, la contralora general Marta Acosta, explicó que un informe de la institución demuestra que Conacoop “no cuenta con una base impositiva depurada para llevar a cabo el cobro de las cargas parafiscales a los organismos cooperativos”.

Un tributo parafiscal es un impuesto no recaudado por el gobierno, sino que por ley lo recoge un sector específico. En el caso de las cooperativas, lo recogen las organizaciones rectoras del sector como Conacoop.

El informe además indica que, entre 2013 y 2017, en promedio pagaron el tributo parafiscal solo 192 de las 417 cooperativas inscritas en el país.

“De la revisión de 149 expedientes suministrados por las cooperativas, (se) determinó (que) 23 organismos cooperativos presentaron datos diferentes ante Conacoop y al Infocoop”, dijo la contralora el martes.

No obstante, Villalobos indicó que el dictamen de la Contraloría abarca hasta el 2018. “No incluye los planes remediales tomados en el 2018 y que seguimos tomando en el 2019”, justificó el presidente de Infocoop.

Añadió que en el país hay varias bases de datos sobre inscripción de cooperativas. Aseguró, por ejemplo, que en el Ministerio de Trabajo hay registradas alrededor de 1.300 y no las 417 detectadas por la Contraloría, porque aparece un historial con instituciones que desaparecieron en años anteriores.

Acosta respaldó ante los diputados el proyecto 21.017.