EscucharA solicitud del Gobierno, la Procuraduría General de la República respondió si las instituciones públicas deben pagar o no las anualidades del 2021 y 2022 a los funcionarios, las cuales fueron suspendidas por ley a causa de la pandemia.
La conclusión es que el Estado no debe pagar las anualidades de estos dos años en forma retroactiva, pero la antigüedad acumulada durante ese lapso sí debe tomarse en cuenta para el cálculo y pago de anualidades futuras.
La administración de Rodrigo Chaves previó dinero para pagar un aumento por este incentivo a los funcionarios en el Presupuesto Nacional del 2023, al tiempo que la ministra de Planificación, Laura Fernández, envió consultó a la Procuraduría si el pago era procedente.
Las anualidades consisten en un pago extra que se adiciona a los salarios de los servidores públicos por cada año laborado. Constituyen uno de los sobresueldos con mayor peso en el rubro de remuneraciones, debido a que crecen conforme pasan los años.
En octubre el 2020, a raíz de la delicada situación fiscal en medio de la pandemia, los diputados eliminaron el pago de las anualidades del 2021 y 2022 para ahorrar ¢67.000 millones: ¢44.000 millones en el Gobierno Central y ¢23.000 millones en las instituciones autónomas.
Según el abogado del Estado, “no es posible desconocer, para efectos del pago futuro de anualidades, la antigüedad acumulada durante los años 2020 y 2021″.
De acuerdo con su interpretación, una persona que ingresó al servicio del Estado en noviembre del 2019 y, por tanto, adquirió el derecho al pago de su primera anualidad en noviembre del 2020, mantendría el pago de esa primera anualidad durante los años 2021 y 2022, sin incremento alguno por esos dos años, ni pago retroactivo.
Sin embargo, para el 2023, al llegar a su cuarto año de función pública, deben contabilizarse y cancelarse cuatro anualidades, incluida la antigüedad acumulada durante los años 2021 y 2022.
El ajuste no hecho en la ley
La suspensión de estas anualidades fue introducida mediante una norma transitoria en la Ley de Salarios de la Administración Pública.
En su criterio, la Procuraduría recordó que, cuando el proyecto fue discutido en la Asamblea, aconsejó regular expresamente si las anualidades no incidirían en el cálculo de los años servidos para el reconocimiento posterior de las anualidades. Sin embargo, los diputados no incluyeron esa precisión.
“El texto del proyecto era claro en el sentido de que esas sumas no serían giradas y que la antigüedad acumulada en ese periodo no tendría efectos pecuniarios directamente relacionados con las anualidades 2020-2021 y 2020-2022. La precisión que sugirió hacer esa opinión jurídica estaba relacionada con el reconocimiento de la antigüedad acumulada durante los años 2021 y 2022, para el cómputo y pago de anualidades futuras”, dice la PGR.
A la vez, señaló el abogado del Estado, el transitorio fijó que las evaluaciones de desempeño de esos años “serían útiles para todos los efectos, incluyendo ‘la determinación de los años de servicio’, por lo que se entiende que la antigüedad acumulada durante esos dos años sí es útil para el cómputo y cancelación de las anualidades futuras”.
Agregó que, por la forma en que está redacta la ley de suspensión de las anualidades, lo que se previó es un “sacrificio temporal”, no permanente.
El transitorio, advirtió la PGR, dice literalmente que las evaluaciones de desempeño se usarán para el cómputo de la “determinación de los años de servicio”, además del cálculo del pago de cesantía y todos los demás extremos laborales.
La consulta fue presentada por Fernández el 12 de agosto mediante el oficio MIDEPLÁN-DM-OF-0903-2022, dirigido a la procuradora general adjunta, Magda Inés Rojas. En este, la jerarca del ejecutivo consultó sus dudas sobre la implementación de la Ley 9908 aprobada por los diputados en octubre del 2020.
Según Marlon Navarro, viceministro de Planificación, afirmó que la respuesta asegura jurídicamente la posición institucional de que no procede el pago retroactivo.
Este mes de setiembre, el Ministerio de Hacienda previó que el gasto en remuneraciones se incremente en un 0,7%, al pasar de ¢2,76 billones en el 2022 a ¢2,78 billones el próximo año.
En ese momento el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, aseguró que estaban obligados a incluir el pago de esas anualidades aunque no se contara con el criterio de la Procuraduría al momento de presentar el Presupuesto ante los diputados.
En la reforma fiscal del 2018, las anualidades fueron convertidas en montos nominales, es decir, montos fijos, con la intención de atenuar el crecimiento, pues antes eran porcentajes del salario. Eso provocaba que, cada vez que subían los salarios, subían las anualidades.
Eli Feizang, jefe de la fracción del Partido Liberal Progresista (PLP), indicó que el pronunciamiento del órgano procurador ayudará con el trámite del Presupuesto Nacional para el próximo año.
“En lo personal, siempre pensé que el pago retroactivo de las dos anualidades era un sinsentido, no solo desde un punto de vista práctico de la escasez de recursos, sino también porque quisiera creer que, cuando se aprobó no pagar esas anualidades para liberar recursos para combatir la pandemia, también se pensó que no tendría sentido disparar el gasto público al año siguiente con un pago retroactivo de ese rubro”, comentó Feizang.
Pilar Cisneros, jefa de la bancada oficialista, resaltó que el ministro de Hacienda ya había previsto los montos para el 2023.
Por su parte, Daniela Rojas, jefa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), indicó que el criterio de la Procuraduría es meramente una cuestión de legalidad, en donde se analiza la voluntad del legislador, cuando se aprobó la Ley No. 9908.
“Queda claro que dichas anualidades no se pagarán de manera retroactiva, pero si aplica el reconocimiento de la antigüedad acumulada, para el pago de futuras anualidades. Este criterio respalda la decisión que se tomó en momentos en que el país requiere un manejo responsable de las finanzas públicas”, expresó la socialcristiana.
Jonathan Acuña. vocero de la fracción del Frente Amplio, comentó que respetan el criterio de la PGR, pero temen que los salarios más bajos del sector público se vean afectados con el creciente costo de la vida.
“No queremos dejar de señalar una preocupación que tenemos respecto a los efectos que está teniendo, por un lado el congelamiento de los salarios base por el efecto de la reforma fiscal del año 2018 y que se suma a este congelamiento que se dio en las anualidades, sobre todo una preocupación que resaltamos, porque ante un escenario de una inflación mayor, más significativa, da por resultado remuneraciones bajas”, dijo el frenteamplista.
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