Desde abril pasado, la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) investiga si el dirigente cooperativista del Partido Liberación Nacional (PLN), Rodolfo Navas, incurre en un presunto conflicto de intereses.
La pesquisa se inició el 2 de abril, cuando la Contraloría General de la República (CGR) le trasladó a la PEP dos denuncias que recibió en contra del político, quien es gerente general del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop R.L.), entidad que se ha nutrido de fondos públicos durante años.
En su oficio DFOE-DI-0400, dirigido a Ronald Víquez Solís, procurador de la Ética Pública, la CGR le enumeró una serie de hechos que señaló como “un eventual conflicto de interés” por parte de Navas.
Entre los puntos relevantes de la denuncia, está la presunta existencia de movimientos de dinero público entre Cenecoop y cooperativas en las que Navas ocupa cargos de relevancia en su conducción.
Entre esas firmas figuran Unacoop R.L., donde Navas es gerente general; el Consorcio Cooperativo Hotelero CCH, La Catalina R.L. y el Grupo Empresarial y Cooperativo de Servicios Educativos (Gecse), cooperativas donde figura como su presidente.
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La denuncia señala que "en apariencia, no existen mecanismos de control interno, ni informes de ejecución presupuestaria de los presuntos traslados de recursos entre las cooperativas" que dirige el empresario, exministro de Agricultura y exdiputado del PLN.
En el traslado, la CGR también señala que Guillermo Hidalgo Blanco, quien es representante legal de algunas sociedades donde aparece Navas y gerente general de La Catalina R. L., dio en fideicomiso propiedades de una sociedad denominada Inversiones Joremi de Playa Azul S.A. para respaldar un crédito que el Consorcio Cooperativo Red Ecoturística Nacional (Cooprena R.L.) le otorgó a CCH.
En la segunda denuncia, se detalla la existencia del traslado de "sumas importantes de dinero y uso u otorgamiento de garantías" entre el Cenecoop y las cooperativas ya señaladas, además de que entre esas firmas "surge una mezcla de relaciones y funciones para organizaciones cooperativas, empresas y funcionarios, con lo cual podrían presentarse conflictos de interés".
En un escueto correo electrónico, la oficina de comunicación e imagen del Cenecoop manifestó que la entidad no conoce ni la denuncia, ni el traslado de esta a la Procuraduría.
La PEP confirmó que la denuncia contra Rodolfo Navas la recibió el pasado 18 de abril y que, actualmente, el expediente se encuentra en la etapa de investigación preliminar.
A pesar de que no es un ente público, la Ley de Asociaciones Cooperativas ordena al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) girarle al Cenecoop unos ¢1.500 millones anuales.
Esos recursos provienen del cobro de cargas parafiscales sobre las ganancias del sector cooperativo y del presupuesto del Infocoop, que se financia con el giro de un porcentaje de las ganancias anuales de los bancos del Estado.
Por ley, el Cenecoop debe utilizar esos recursos exclusivamente para la capacitación de los miembros del sector cooperativo.
Sin embargo, una investigación de este diario en el 2016 comprobó que Cenecoop usó los recursos que le facilitó el Infocoop para fines distintos a los de la ley, como el pago de deudas a otras cooperativas, la construcción de un centro de recreo y hasta el financiamiento, en el 2007, de campañas de información en contra del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y República Dominicana con Estados Unidos.
Freno a flujo de dineros para Cenecoop
En marzo del 2018, la junta interventora del Infocoop ordenó a su Dirección Ejecutiva suspender temporalmente los giros de recursos públicos al Cenecoop.
La medida se debe a que los interventores tienen dudas acerca de la legalidad del giro de esos ¢1.500 millones anuales, pues no están seguros de que esté en vigencia el artículo 185 de la Ley de Asociaciones Cooperativas que le da sustento al traslado, después de múltiples fallos judiciales que han modificado dicha normativa.
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La suspensión de los depósitos a Cenecoop y al Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) estará en vigencia hasta que la Contraloría y la Procuraduría contesten si el artículo 185 de la mencionada ley está vigente o no.
Al respecto, Cenecoop respondió en mayo pasado a este diario que sus abogados ya habían completado un análisis jurídico "concluyente" que establecía la vigencia y legalidad de las transferencias.