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El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) suspendió los giros de dinero público a una organización privada, llamada Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop R.L.), que es liderada por el dirigente liberacionista, Rodolfo Navas.
A pesar de que no es público, el Cenecoop recibe en promedio ¢1.500 millones anuales provenientes de los recursos que el Estado les cobra a las cooperativas y de parte del presupuesto del Infocoop.
Al dudar sobre la legalidad de estas transferencias, la junta interventora del Instituto ordenó frenar estos traslados, así como los que se envían al Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop).
La Dirección Ejecutiva del Infocoop concretó la medida el 2 de marzo pasado y esta se prolongará hasta que la Procuraduría General de la República y la Contraloría General respondan si está vigente el artículo con base en el cual se hacían las transferencias de dinero.
Se trata del artículo 185 de la Ley de Asociaciones Cooperativas (Ley N.° 4179).
Las dudas surgieron porque ese numeral fue introducido, en 1986, mediante una norma presupuestaria, no mediante una ley específica. Es decir, simplemente se agregó en un Presupuesto Extraordinario (el 7040).
Así lo advirtió un análisis no concluyente de la Asesoría Jurídica del Infocoop, el cual añade que la ley ha sufrido numerosas reformas y que es posible que la Sala IV haya derogado ese fundamento, a pesar de lo cual los giros nunca se suspendieron.
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"La ley 4179 ha sufrido desde su creación distintas modificaciones, siendo la última antes de la creación del artículo 185, objeto de estudio, la que operó mediante la ley 6756 el 5 de mayo de 1982, en cuyo texto original no existe el artículo 185".
"En grado de probabilidad y no de certeza, por los antecedentes, se puede concluir que el primer párrafo del artículo 185 de la ley 4179 no está vigente; solo estaría vigente el segundo párrafo, es decir, la reforma que introdujo la ley 7083, sin perjuicio de su problema de aplicación, atipicidad y posible inconstitucionalidad", dice el criterio jurídico.
El numera 185 exige al Infocoop cobrarles a las cooperativas entre un 1% y un 2% de los excedentes, con el fin de financiar al Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop) y al Cenecoop.
En 1975, el Cenecoop nació como empresa privada y, en 1982, se convirtió en una cooperativa privada que se dedica a ofrecer cursos de capacitación y carreras administrativas para preparar a los cooperativistas.
El 2 de abril, el director ejecutivo a. i. del Infocoop trasladó la solicitud de criterio jurídico a la Procuraduría.
Además del porcentaje que cobra a los excedentes de las cooperativas, el artículo cuestionado también obliga al Infocoop a transferirles al Cenecoop y al Conacoop un 1,5% de su prespuesto anual "para ser utilizado únicamente en programas de educación, capacitación y transferencia tecnológica al movimiento cooperativo".
Para el 2018 el plan de gastos del Instituto asciende a más de ¢35.000 millones. Es decir, debía distribuir ¢525 millones entre ambas organizaciones.
Ahora, ante la decisión del Infocoop de frenarle las transferencias de recursos públicos, el gerente de Cenecoop y exdiputado del PLN, Rodolfo Navas, contestó que la decisión la tomó la junta interventora "sin profundizar el criterio jurídico no concluyente" de su Asesoría Legal.
"Nuestros abogados ya completaron un análisis jurídico concluyente que establece la vigencia y legalidad de las transferencias al Cenecoop R.L., con base en el artículo 185 de la LAC (Ley de Asociaciones Cooperativas) y, en los próximos días, estaremos presentando al Infocoop, la solicitud para que continúe con el giro de las transferencias suspendidas temporalmente", contestó el pasado 18 de mayo por correo electrónico ante consulta de este medio.
Una investigación de este diario, publicada en agosto del 2016, concluyó que el Infocoop solo había auditado una vez en 30 años el uso de los recursos provenientes de su presupuesto, mientras que la Contraloría, a esa fecha, tampoco se había esmerado por controlar el uso que hizo la empresa de Navas del 2% proveniente de las cargas parafiscales.
Hace dos años La Nación también comprobó que el Cenecoop utilizó los recursos que obligatoriamente debía destinar al financiamiento de la educación para otros fines distintos, como el pago de deudas a otras cooperativas, la construcción de un centro de recreo y hasta el financiamiento, en el 2007, de campañas de información en contra del Tratado de Libre Comercio entre Cetroamérica y República Dominicana con Estados Unidos.
En mayo del 2016, la Contraloría abrió una investigación al Cenecoop por el manejo de esos dineros. En agosto de ese mismo año, funcionarios del órgano contralor se apersonaron a la empresa, que tiene su sede en el Edificio Cooperativo, con sede en San Pedro.
Sin embargo, sus administradores se negaron a entregar las actas de su Consejo de Administración y sus libros contables con el argumento de que contenían información de asuntos privados.
En ese momento, el gerente general, Rodolfo Navas, alegó que estaban en disposición de entregar los documentos siempre y cuando la Contraloría les detallara y precisara la información de su interés.
