La Procuraduría General de la República (PGR) pedirá una orden judicial para que el Partido Acción Ciudadana (PAC) le pague ¢570 millones al Estado correspondientes a la condena por estafa que se le impuso hace más de tres años.
Con intereses, hoy esa cifra aumenta a ¢570 millones.
Dos años después de la primera sentencia, el monto de la estafa subió a ¢516 millones, cuando el Tribunal de Apelación incluyó 84 contratos falsos que quedaron por fuera en la primera sentencia. Con intereses, ese cifra rondaría los ¢800 millones.
El partido apeló el ajuste ante la Sala III, la cual ordenó, en setiembre pasado, la realización de un nuevo juicio en el que únicamente se definirá si la condena por la estafa se eleva a ¢516 millones o se mantiene en ¢352,7 millones.
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Ante ese escenario, la PGR tuvo que elegir entre cobrar el monto que ya está en firme o esperar a que los tribunales decidan si se aumenta la sanción.
La Procuraduría confirmó este miércoles a La Nación que optó por iniciar de una vez la ejecución de la sentencia. Se trata de un proceso en el que un juez toma la condena y ordena que se haga el depósito, en este caso, en una cuenta del Estado.
La institución precisó que hará la solicitud apenas regrese el expediente del caso al Tribunal de Juicio.
El Tribunal Penal no ha notificado a las partes la fecha en que se realizará el debate sobre el monto de la pena. En dicho juicio, solo se discutirá el aspecto económico, pues la declaratoria de culpabilidad del PAC y de los excolaboradores Maynor Sterling y Manuel Antonio Bolaños fue ratificada por la Sala de Casación Penal.
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PAC pedirá donaciones
Anthony Cascante, secretario de Acción Ciudadana, dijo que el partido definitivamente no tiene en este momento los recursos para pagar.
El dirigente afirmó que al partido le urge conseguir los recursos, por lo que el Comité Ejecutivo y la Comisión Política están evaluando las opciones, de manera “absolutamente prioritaria”.
“Sí estamos muy preocupados porque sabemos que tenemos que proceder con esto y estamos valorando las opciones, las cuales son básicamente conseguir un préstamo o levantar una campaña de donaciones para poder pagar eso”, afirmó Cascante.
El secretario del PAC mencionó que, incluso si el partido logra conseguir los recursos, se verá obligado a hacer sacrificios importantes, que incluirían una reestructuración de la agrupación.
“Despedir funcionarios, posiblemente pasarnos a una sede más pequeña, disminuir gastos de comunicación y de capacitación. Llegó el momento de pagar esa torta, verdad”, dijo Cascante.
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A inicios del 2017, el PAC intentó destinar ¢353 millones de su reserva de deuda política para pagar la condena; no obstante, el TSE rechazó la gestión al indicar que los fondos públicos solo pueden usarse para honrar gastos de campaña comprobados, lo cual no aplica en este caso.
Cascante, no obstante, afirmó que el partido no da por un hecho que haya una prohibición para optar por esa salida, aunque las alternativas principales son la del préstamo y las donaciones.
“No descartamos ninguna manera legal y válida por la ley para pagar eso, pero nuestra intención es pagarlo con fondos propios”, declaró Cascante.
